Un total de 2.204 personas han fallecido en Andalucía entre los meses de enero y mayo de 2026 esperando recibir la atención a la dependencia a la que tenían derecho por ley. De ellas, 1.502 murieron sin llegar a ser valoradas por la Administración, según el análisis de los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) realizado por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM).
Según señala la federación en una nota de prensa, el porcentaje de fallecidos sin valorar en la comunidad andaluza se sitúa en un 7,06%, una cifra que supera la media nacional fijada en el 5,87%. Por el contrario, la proporción de personas fallecidas que estaban pendientes de prestación sobre los ya valorados es del 3,88%, por debajo del 6,36% registrado a nivel estatal.
Para FOAM, estos indicadores evidencian un "cuello de botella grave" en la fase inicial de valoración del sistema andaluz. Esta demora administrativa resulta "especialmente perjudicial" para los solicitantes con menor esperanza de vida. Solo durante el pasado mes de mayo, la comunidad sumó 145 fallecidos sin valorar y 96 con grado reconocido pero pendientes de recibir su prestación.
Asimismo, la organización ha advertido de que la lista de espera sigue creciendo en la región mientras que se reduce en el conjunto del país. En mayo, Andalucía cerró con 470.127 solicitudes, 335.175 beneficiarios y 49.513 personas en lista de espera pura.
En términos absolutos, Andalucía fue la comunidad autónoma que más aumentó su lista de espera durante el mes de mayo, sumando 590 personas (+1,21%). Este dato contrasta con la reducción registrada en 13 comunidades autónomas, lo que propició que el total estatal bajara en 6.181 personas. Con estas cifras, la comunidad concentra ya el 18,65% de toda la espera nacional, frente al 18,01% que representaba en el mes de abril.
En cuanto a los tiempos de tramitación, Andalucía registra el segundo mayor tiempo medio de espera del país para resolver un expediente con 446 días, situándose solo por detrás de la Región de Murcia (552 días) y 126 días por encima de la media nacional (320). La cifra supera en más del doble el plazo legal máximo estipulado, que es de 180 días.
Ante esta situación, FOAM ha reclamado medidas "estructurales" a la Junta de Andalucía, exigiendo el refuerzo "inmediato" de los equipos de valoración inicial, considerada la "fase más letal" del proceso. También solicitan aumentar la financiación autonómica en dependencia desde el 1,07% del PIB andaluz actual hasta el 1,58% en 2026, así como una cofinanciación estatal "suficiente y estable" al 50%.
El balance de estos primeros cinco meses de 2026 da continuidad a la tendencia registrada durante el pasado ejercicio. El año 2025 se cerró en Andalucía con un saldo de casi 7.000 personas fallecidas mientras aguardaban ser atendidas por el sistema de dependencia.
El agravio residencial
Al colapso en las resoluciones generales se suma la falta de plazas para los casos de mayor vulnerabilidad, un extremo que ha derivado en lo que diversas asociaciones catalogan como "agravio residencial".
Atendiendo a esta parcela específica del sistema, casi 2.000 personas fallecieron en Andalucía entre enero y abril de 2026 esperando la adjudicación de una plaza en una residencia de mayores. La escasez de plazas de titularidad pública y el déficit de plazas concertadas mantienen bloqueada la atención para miles de grandes dependientes en la comunidad.
La FOAM subraya que este escenario "no es un problema económico ni jurídico, sino de prioridades", apelando directamente al presidente de la Junta de Andalucía para incrementar la financiación porque "cada día sin valorar es un día menos de cuidados"
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