El panorama institucional andaluz se encuentra en un momento clave. Durante el último mes, las renovaciones de los órganos instrumentales de la Junta han dado mucho de qué hablar.
En septiembre se conoció la noticia de la confirmación de Marta Bosquet como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, organismo encargado de velar por los derechos y libertades de la ciudadanía frente a posibles abusos o fallos de la administración pública andaluza. Oficialmente, Bosquet ha tomado, en la mañana de este viernes, el relevo de Jesús Maeztu, que llevaba trece años al frente de la institución y permanecía en funciones desde 2024. La que fue presidenta del Parlamento andaluz en la XI Legislatura se ha comprometido con el cargo frente al actual presidente de la Junta, Moreno Bonilla, así como frente a la presidenta de la Cámara, Ana Mestre, y de su antecesor en el cargo, Jesús Maeztu.
Su candidatura recibió el respaldo de PP y Vox en la Comisión Consultiva de Nombramientos, mientras que PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía votaron en contra. De igual manera, se aprobó con facilidad la propuesta ante la ausencia de PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que decidieron secundar la Huelga General del 11-N, en la votación para convertir a Bosquet en la primera mujer en dirigir la institución. Estos grupos de oposición ya habían cuestionado la idoneidad de la antigua diputada de Ciudadanos para ostentar un cargo que requiere de independencia política, algo con lo que Bosquet no cuenta de forma íntegra.
Frente a los cuestionamientos, Bosquet reivindicó por sí misma su independencia y capacidad para desempeñar el cargo al margen de cualquier interés partidista. Durante su intervención ante la comisión, señaló que no dudaría en actuar frente a cualquier irregularidad de la Administración.
Asimismo, defendió que su trayectoria política le ha proporcionado un conocimiento directo de las dificultades que atraviesan determinados colectivos, especialmente en ámbitos como la pobreza, la dependencia, la discapacidad y la vulnerabilidad social. Durante su discurso de toma de posesión, Bosquet ha declarado que convertirse en una mujer pionera en ostentar dicho cargo es su "mayor responsabilidad soñada" y que desarrollará esta labor "con escucha, cercanía, vocación de servicio, de diálogo y de colaboración institucional, y con la firme voluntad de resolver los conflictos con mucha humanidad".
Bosquet ha definido la Defensoría como una "vía de último recurso para la ciudadanía cuando las gestiones ante las administraciones no ofrecen respuesta o se encuentran con organismos saturados y excesivamente burocratizados, incluso, a veces, insensibles". En este sentido, ha defendido que "la calidad democrática también depende de que los servicios públicos funcionen de manera eficaz y eficiente", aunque ha reconocido, no obstante, que no existen "varitas mágicas" para problemas como las dificultades de acceso a la vivienda, las deficiencias en la atención sanitaria, la pobreza o las situaciones de acoso y maltrato infantil.
El currículum vitae de la almeriense combina la abogacía con una trayectoria política e institucional vinculada primero a Ciudadanos y, posteriormente, al Gobierno de Moreno Bonilla. Bosquet fue diputada autonómica por Ciudadanos y presidió el Parlamento de Andalucía durante la XI Legislatura, tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre su formación y el PP en 2018.
Más tarde, se incorporó al Ejecutivo de Moreno Bonilla como presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), cargo que ocupaba cuando fue propuesta para dirigir la Defensoría del Pueblo Andaluz. En el ámbito social, también destacó su vinculación con Save the Children en Andalucía, donde participó como integrante de su patronato, una experiencia que fue mencionada durante la presentación de su candidatura.
Marta Bosquet se convierte, pues, en la cuarta persona en asumir la titularidad de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, desde su origen, que data de hace más de 40 años.
Bosquet ha asegurado que actuará "con independencia, imparcialidad y profundidad"
Y tiene sentido que lo enfatice: lo cierto es que su nombramiento fue incluido en lo que la oposición calificó como "colonización" de las instituciones "por la puerta de atrás" por parte de populares, y evidenció la falta de consenso entre los grupos parlamentarios.
La lista la encabezan la radio-televisión andaluza, con la continuidad por tercera vez consecutiva del director general de RTVA, Juan de Dios Mellado, así como de Rafael Porras al frente del Consejo de Administración de la RTVA y la incorporación de María Jesús Botella, cuñada de José María Aznar y hermana de Ana Botella, al mismo órgano como consejera.
A estos nombramientos se suma el de Ana María Vielba, exviceconsejera de Agricultura, quien tuvo que abandonar el Partido Popular tres días antes de su nombramiento como directora del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, cargo incompatible con afiliaciones políticas; y la reciente reforma de la Cámara de Cuentas, donde se excluye a Adelante Andalucía de su consejo.
Por todo ello y la adición de la exdiputada Bosquet en la defensoría, Montero denunció recientemente lo que considera una "deriva peligrosa" en las instituciones andaluzas, cuyas decisiones califica de "vergüenza" por los nombramientos citados.
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