Los alumnos de la Universidad de Málaga han dicho basta. El Consejo de Estudiantes ha convocado un paro académico general para reclamar "una financiación justa" y denunciar la forma en la que se ha desarrollado la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) . Tendrá lugar la primera semana de diciembre, del 1 al 5, y contempla la suspensión total de la actividad docente.

A la cola en financiación

Desde el CEUMA alertan de que, según los propios Presupuestos Generales de la Universidad de Málaga, existe un déficit de financiación que llega a los 216,54 millones de euros acumulados hasta 2024. Esto equivale, enfatizan, a un "pérdida media de 18 millones de euros anuales", que se habrían percibido si "se hubiera mantenido la participación histórica de la UMA en el modelo de financiación autonómico".

Actualmente, esta universidad está en el segundo puesto por la cola del sistema público andaluz, y en el cuarto del español, solo por delante de Almería, Burgos y la Rey Juan Carlos de Madrid.  "Recibe casi 700 euros menos por estudiante (6.267,25€) que la media autonómica (6.945,45€)" , exponen. 

Esta asfixia económica tiene importante consecuencias, pues se traduce en ajustes y recortes de personal. La UMA ha tratado de solventar las dificultades aceptando un "rescate" de 48,5 millones de euros a través de un Plan de Ajuste impuesto por la Junta de Andalucía, pero este, advierten desde el Consejo de Estudiantes, limita drásticamente la tasa de reposición de Personal Docente e Investigador (PDI) al 15% para 2025/2026. "Esto impide la estabilización del profesorado, obliga al cese de contratos de Ayudantes Doctores y PSI, y satura las tutorías de TFG", lamentan, al tiempo que subrayan que "la calidad de la enseñanza universitaria depende directamente de la estabilidad y condiciones del profesorado, que, ante esta situación, se ve empujado a abandonar la universidad pública en busca de mejores condiciones en el sector privado o a reducir inevitablemente la dedicación y calidad de su docencia".

La falta de dinero repercute al mismo tiempo en el mantenimiento de las infraestructuras, y deja aulas, laboratorios y equipos cada vez más obsoletos. Ponen como ejemplo las facultades de Ciencias, Bellas Artes y Filosofía y Letras, donde la escasez de material obliga a realizar prácticas grupales forzadas, a limitar las salidas de campo e, incluso, a sustituir las prácticas de laboratorio por vídeos on-line.

La reducción presupuestaria afecta también a otros serivicios como el de becas o programas de movilidad. 

Detrimento de la pública a favor de la privada

Lo que ocurre, denuncia el alumnado de esta universidad andaluza, no es casual, sino que obedece a una apuesta ideológica, pues mientras la pública entra en situación crítica no dejan de proliferar las universidades privadas en esta comunidad autónoma. El Consejo de Estudiantes señala directamente al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y al consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, a quienes exige que pongan fin a las políticas de recortes. "La infrafinanciación no es un mero problema administrativo, sino una realidad que deteriora la calidad educativa y pone en riesgo la igualdad de oportunidades", destacan. 

Una Ley de Universidades Públicas Andaluzas (LUPA), de espaldas al estudiantado

Además del problema de financiación, la otra cuestión que está detrás del paro convocado para diciembre es la Ley de Universidades Públicas Andaluzas, una norma, que "finge ampliar los derechos del estudiantado mientras ataca directamente contra ellos", exponen.

En esta línea, la organización estudiantil acusa al Ejecutivo regional de romper su compromiso de diálogo y no incluir las propuestas del alumnado. ·"El proyecto de la LUPA fue publicado sin incorporar la mayoría de las enmiendas esenciales presentadas por los representantes estudiantiles de las universidades públicas andaluzas", destacn, recordando que en la primera reunión del 17 de julio de 2024 la Junta se comprometió a inlcuir la mitad de las enmiendas.

Entre las propuestas desestimadas, recuerdan, estaba mantener el nivel de acreditación de idiomas B1 en consonancia con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), garantizando que el estudiantado tenga los recursos necesarios para lograr cumplir con ese requisito a la hora de solicitar la expedición de su título académico; reconocer los Consejos de Estudiantes como órganos colegiados; ampliar la representación estudiantil en el Consejo Asesor de Estudiantes; corregir el desequilibrio en la ponderación del voto estudiantil en las elecciones a rector/a; blindar la Bonificación del 99%;y adaptar el lenguaje legislativo al término “estudiantado”, en coherencia con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

En definitiva, a juicio de la organización etudiantil, el procedimiento seguido para la aprobación de la LUPA "ha vulnerado los principios de transparencia, participación y representación democrática que deben regir cualquier proceso legislativo en materia universitaria".

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