“El primer borrador directamente no nos llegó y el segundo lo hizo tarde”, lamenta en declaraciones a ElPlural.com Omar Lukas, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga. El texto al que hace referencia es la nueva Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA), una normativa que, consideran los alumnos, se ha hecho a sus espaldas -a pesar de ser los principales afectados- y que va en detrimento de sus intereses.
La persona que ejerce de altavoz de los consejos de estudiantes para estas líneas cuenta que su representación es de por sí “mínima” y que para redactar el presente documento el equipo de Juanma Moreno Bonilla prácticamente no ha contado con su opinión. “Otros sectores sí que tuvieron más acceso para trabajar en los borradores, pero a nosotros el primero ni nos llegó y el segundo lo hizo mucho tiempo después (…) Cuando quisimos intervenir vimos publicado en el orden del día del Consejo de Gobierno que lo iban a tratar y que iba a pasar a difusión pública”.
Menos representación del alumnado y más obstáculos en los idiomas
No solo preocupa la forma, también el fondo. Así las cosas, los estudiantes demandan, por ejemplo, que el texto “recorta los representantes a la mitad”. “Normalmente mandábamos dos por titulares y dos suplentes por universidad, y en el nuevo borrados aparece que van a dejar solo a un titular y un suplente”, refleja el presidente del Consejo en la Universidad de Málaga.
El documento también afectará a la “autonomía” de la que en la actualidad disponen los centros universitario. La principal fuente de este artículo refrenda desde el otro lado del teléfono que la LUPA “se mete mucho” en esa independencia, poniendo como ejemplo las elecciones a rector: “Piden que participe al menos un 30% del sector, y eso en Andalucía es prácticamente imposible, porque es sumamente complicado encontrar alumnado”.
El presidente de los Consejos acentúa que el récord en este sentido lo tiene Cádiz y se queda en el 28 o 29%, según los datos de hace unos años. Pese a ello, asevera que la Junta “penaliza a un sector en el que participa menos de un 30% en vez de preocuparse en por qué el estudiantado no está interesado en participar”.
No solo la forma preocupa a la comunidad estudiantil, también el fondo. Otro de los puntos sobre los que los universitarios ponen pie en pared es el artículo que exige un nivel B2 de idiomas para la obtención de los títulos oficiales mientras que la ley orgánica del sistema indica que lo mínimo debe ser un B1.
Preguntado directamente por este medio de comunicación si la Junta está vulnerando de esa manera la ley orgánica, Lukas explica que no, ya que el B1 es el nivel mínimo que estima la normativa. Es decir, que puede ser superior. Por lo tanto, la queja de los alumnos va en este aspecto en que las intenciones de la Consejería de Universidad complican las cosas a algunos estudiantes, teniendo en cuenta que “nunca se menciona” que les vayan a “facilitar ayudas”: “Tememos que en última instancia suponga un obstáculo para que la gente termine sus estudios”.
En una nota de prensa firmada por los Consejos de Estudiantes amplían que, si bien el documento sí menciona la creación de programas de becas, estas son a todas luces insuficientes para garantizar que la totalidad de estudiantes cumplan con el requisito. Todo ello a la vez que se muestran conocedores de que el de los idiomas es un “verdadero problema” en nuestro país. “Pero lo urgente no es una acreditación sin más, sino una apuesta real para que el estudiantado mejore sus competencias lingüísticas y pueda enfrentarse sin miedo al mundo laboral en cualquier contexto”, emiten.
De ese modo, apuntan que “llevan mucho tiempo denunciando que las becas y ayudas para acreditación lingüística no son suficientes” y que, lejos de atender sus reclamaciones, el gobierno autonómico sigue en las mismas, lo que ahora, con la nueva ley, podría implicar un “impacto económico en las familias con menos recursos”.
Todo para los estudiantes, pero sin los estudiantes
En resumen, con todos los datos sobre la mesa, los alumnos lo tienen claro: “Se está haciendo una ley para los estudiantes sin contar con los estudiantes”. “No es la primera vez que nos ningunean o que nos dicen que sí a las cosas y al final las cosas no pasan”, concluye desde el otro lado del teléfono Lukas.
“Hemos estado semanas solicitando ser recibidos por la Consejería para discutir cuestiones cruciales, incluyendo el Anteproyecto de Ley. Hemos intentando reunirnos en múltiples ocasiones, así como convocar al Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Andalucía (CAEUA) para abordar los temas de interés. Sin embargo, solo hemos obtenido evasivas y diversas excusas”, complementan vía nota informativa.
No es la primera vez que nos ningunean