La Junta de Andalucía creó un CIS andaluz con encuestas trimestrales de opinión, donde se incluyen sondeos electorales, a través del Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, dirigida por Elías Bendodo. Por aquel entonces el consejero de Presidencia subrayó que no habría aumento del presupuesto de Centra para la elaboración de los barómetros.

El pasado 20 de mayo, el Centro de Estudios Andaluces adjudicó a la empresa Invest Group Investigación de Mercados SL, con sede en Valencia, la cantidad de 114.272,40 euros para la elaboración de cuatro encuestas que integran el Barómetro de opinión pública de Andalucía. Este miércoles se ha publicado el Barómetro andaluz correspondiente al mes de septiembre y en el que destaca la amplia ventaja que se le otorga al PP sobre el PSOE en unas hipotéticas elecciones.

En este sentido, dichos resultados han causado una gran indignación entre la oposición. El PSOE-A ha advertido que este barómetro “merece la misma credibilidad que la palabra del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo: ninguna”. Pero lo que también ha indignado es la gran suma de dinero que se ha adjudicado a la empresa valenciana. El diputado socialista Francisco Javier Conejo añade en declaraciones a ElPlural.com: “Para entender la manipulación de las encuestas que publica el CIS andaluz del tándem Moreno-Bendodo solo hay que recordar que el director del Centro de Estudios Andaluces tuvo vinculaciones con los autores de la guerra sucia contra la izquierda”.

El sondeo recoge que el PP-A ganaría las elecciones andaluzas con el 30,2% de los votos, mientras el PSOE-A obtendría el 26,4%, 3,8 puntos menos. Por su parte, Vox se haría con el tercer puesto con el 13,3% de los votos, por encima de Ciudadanos con casi el 12% y de Podemos con el 10,8%.

Sus datos están en cuestión también porque esta empresa ha cometido irregularidades en su pasado a la hora de realizar encuestas. La Audiencia Nacional ratificó una sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento de Valencia por la irregular encuesta realizada por esta empresa en 2017. Por aquel entonces se concluyó que la empresa recabó datos personales de los encuestados sin su consentimiento expreso mediante su firma, aspecto necesario para este tipo de tratamiento de datos.