Como tantos imputados del caso de los ERE que pasaron por el despacho de Mercedes Alaya en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y sufrieron el trato displicente de la juez y su querencia a retorcer declaraciones hasta hacerles decir lo que ella entendía que tenían que decir, coincidiera o no con el espíritu real de lo declarado, el ex interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, tiene cuentas pendientes con la implacable instructora del caso ERE.

Un expediente en marcha

Parte de esas cuentas podrían quedar saldadas si el Consejo General del Poder Judicial toma en consideración el escrito de queja elevado por Gómez al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que quien hoy se sienta, junto con otros 21 ex altos cargos, en el banquillo de los ERE expone un demoledor rosario de ‘indicios delictivos’ en la conducta de la magistrada.

Como se sabe, días atrás el TSJA se hizo eco de las quejas contra Alaya de los jueces de instrucción de Sevilla, del Consejo Fiscal y del propio Manuel Gómez y decidió elevarlas al Poder Judicial, que ha abierto un expediente que estos momentos está sustanciándose.

“Podrían ser constitutivas…”

Cuidadosamente redactado en un lenguaje que recuerda al de los autos judiciales, el pormenorizado examen que hace Gómez de las declaraciones de la juez en entrevistas y foros públicos concluye con la ‘sentencia’ siguiente: “Las conductas que se concretan en las presuntas manifestaciones realizadas por la magistrada Sra. Alaya Rodríguez y otras cuantas que podrían citarse y que constan en la documentación que se acompaña, además de otras responsabilidades que deberían exigirse, podrían ser constitutivas de las infracciones previstas en los artículos 417.3 y 4, 418.1, 3 y 5 o 419.1 y 2, todos ellos de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Interpretando las manifestaciones de la juez como una especie de ‘notitia criminis’ con entidad indiciaria suficiente para merecer una investigación, Gómez arranca su escrito recordando que se encuentra encausado en la pieza del procedimiento específico de los ERE, circunstancia por la cual se ha sentido “particularmente ofendido y perjudicado por las declaraciones de la citada magistrada”.

Cifras y beneficiarios

En sus declaraciones públicas, Alaya cuantificaba en 850 millones de euros el dinero defraudado, reprochaba a la Junta no haber hecho nada para recuperarlo y presumía de haber impuesto “fianzas que aseguraban la responsabilidad pecuniaria de todos los imputados”, a lo cual Gómez Martínez contrapone en su ‘escrito de acusación’ estos dos argumentos:

“En primer lugar, que dicha cifra no está determinada, habida cuenta de que aún no se ha dictado sentencia en ningún proceso sobre el asunto y ni siquiera ha terminado la instrucción de las numerosas piezas en las que se ha dividido la causa.

Y, en segundo lugar, porque es bien conocido que, dentro de dicha cifra se encuentran comprendidas las cantidades que han percibido y continúan percibiendo pacíficamente miles de beneficiarios, que ni siquiera han sido traídos al proceso como partícipes a título lucrativo”.

Gürtel y ERE

Sobre la comparación por Alaya de los casos Gürtel y ERE, considerando este mucho más grave que aquel,  Gómez argumenta que “no está de más reseñar que las diligencias del caso ERE, en las que la pena mayor solicitada por las acusaciones es la de 8 años de prisión, se encuentran actualmente en fase de juicio oral, mientras que en el otro proceso se ha dictado ya sentencia, en la que se han impuesto penas de hasta 50 años de prisión, por enriquecimiento ilícito personal de los condenados, circunstancia de la que no son acusados los procesados en aquella”.

A Gómez le indigna particularmente la afirmación de la juez de que “la única reforma llevada a cabo en los últimos tiempos en la Audiencia de Sevilla han sido unos aseos nuevos para que los señores políticos de los ERE hagan sus necesidades en un cuarto de baño en condiciones”.

Para el exinterventor, dicha afirmación “carece por completo de fundamento”, ya que “los acusados en la causa no podemos utilizar los aseos, efectivamente reformados, de la planta en la que se celebra el juicio, ya que son de uso exclusivo por los funcionarios judiciales”.

‘Los delitos’

Tras el relato de los ‘hechos probados’, el escrito de Manuel Gómez identifica los posibles ‘delitos’ que habría cometido Alaya y cuyo esclarecimiento está ahora en manos del Poder Judicial: el intento de “condicionar al tribunal sentenciador y a las acusaciones en la búsqueda de una condena penal en una causa por ella instruida”; la censura a las autoridades “invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”; la “evidente falta de respeto y consideración hacia las personas aludidas, a las que se les atribuye un trato de favor inexistente”; y finalmente la pretensión de “socavar el prestigio, la honorabilidad y el respeto que a todos los ciudadanos nos debe merecer una institución, como la Administración de Justicia”.

El escrito de Gómez concluye así: “De todo ello, respetuosamente, doy traslado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a los efectos que procedan”. La ‘sentencia’, próximamente.