La polémica por los nombramientos del Defensor del Pueblo Andaluz y del titular de la Oficina Antifraude se ha intensificado tras la petición formal del PSOE-A de paralizar ambos procesos. El grupo socialista denuncia que el Gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, ha optado por avanzar en estas designaciones sin diálogo, lo que, a su juicio, pone en cuestión la independencia y legitimidad de estas instituciones.
En dos escritos registrados este 30 de junio y dirigidos al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, el PSOE-A ha trasladado su “profundo malestar” por el modo en que se están gestionando estos nombramientos. La formación considera que el Ejecutivo andaluz ha roto con la práctica de “diálogo, negociación y búsqueda de consenso” que tradicionalmente había presidido estos procesos y que es indispensable para garantizar la neutralidad de ambos órganos.
Los socialistas recuerdan que tanto el Defensor del Pueblo Andaluz como el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción deben ser elegidos por el Parlamento mediante una mayoría cualificada de tres quintos, tal como establecen la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, y la Ley 2/2021, de 18 de junio, respectivamente. Según los escritos presentados, esta mayoría reforzada no puede interpretarse como un simple trámite numérico, sino como un mandato que presupone el diálogo entre los distintos grupos para lograr un respaldo plural y asegurar la independencia de quienes ocupen estos cargos.
El portavoz adjunto del PSOE-A, Rafael Recio, ha expresado públicamente su rechazo al procedimiento seguido. En declaraciones recogidas tras el registro de los escritos, Recio afirmó: “Moreno Bonilla no necesita a un Defensor del Pueblo, quiere a un defensor del Gobierno”. Según el dirigente socialista, el presidente andaluz busca colocar al frente de ambas instituciones a perfiles “que le protejan”, porque “cada vez son más las evidencias que se ciernen sobre el Consejo de Gobierno y sobre la firma del presidente en relación a la supuesta corrupción dentro de la Junta”.
En el caso del Defensor del Pueblo Andaluz, el PP-A ha propuesto como candidata a Rosario García Palacios, actual presidenta de Cruz Roja Andalucía, en sustitución de Jesús Maeztu, cuyo mandato expiró y que ejercía en funciones. Para la Oficina Antifraude, el Grupo Popular plantea el nombramiento del magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano, con el objetivo de cubrir una vacante que se mantiene desde la dimisión de su anterior titular en 2024. El PSOE-A critica que ambas propuestas se hayan formulado sin un espacio previo de diálogo con el principal grupo de la oposición y que se haya fijado un plazo de apenas cuatro días para presentar candidaturas, incluyendo un fin de semana, lo que a su juicio demuestra “una clara voluntad de cerrar el proceso sin margen para el consenso”.
En sus escritos, el PSOE-A subraya que la designación de estas figuras “no puede convertirse en una operación unilateral de la mayoría parlamentaria”, ya que eso “compromete gravemente la credibilidad y la utilidad futura” de las instituciones afectadas. El grupo socialista advierte de que avanzar en los nombramientos en estas condiciones “desnaturaliza” el requisito de mayoría reforzada, vacía de contenido el principio de consenso y “pone en riesgo la independencia y la credibilidad” del Defensor del Pueblo y de la Oficina Antifraude.
El PSOE-A ha solicitado expresamente que se acuerde la suspensión de los plazos habilitados para presentar candidaturas y que se convoque un “espacio de negociación real y efectivo” entre los grupos parlamentarios. En este sentido, Recio ha reclamado a Moreno Bonilla que “suspenda dicho procedimiento y que, si verdaderamente es moderado, se siente a negociar y alcanzar el consenso”. Según el grupo socialista, solo así podrá garantizarse la designación de personas con “imparcialidad, solvencia profesional y compromiso con los derechos fundamentales” al frente de ambas instituciones.
El PSOE-A ha recordado como precedente el proceso de renovación del Defensor del Pueblo en 2019, cuando la candidatura de Jesús Maeztu fue fruto de un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Socialistas, y se aprobó con un amplio respaldo parlamentario. A su juicio, ese ejemplo demuestra que es posible alcanzar consensos para estos cargos y que, por tanto, no hay justificación para proceder de forma unilateral.
Los socialistas defienden que el Defensor del Pueblo Andaluz es un pilar de la arquitectura institucional de garantías de derechos y libertades, encargado de velar por la protección de la ciudadanía frente a abusos o disfunciones de las administraciones. Por su parte, la Oficina Antifraude es un órgano con autonomía e independencia funcional que tiene la misión de prevenir el fraude, los conflictos de intereses y la corrupción, así como de proteger a los denunciantes y promover una cultura de integridad pública.