Se han cumplido tres años desde el inicio de los trabajos de exhumación de las víctimas del franquismo en los cementerios municipales de Nuestra Señora de la Salud y San Rafael en Córdoba. Sin embargo, la efeméride llega acompañada de un balance desolador: los trabajos cumplen ya diez meses completamente paralizados, con las fosas nuevamente cubiertas y un convenio encallado entre las administraciones. Ante esta situación de bloqueo institucional e inacción por parte del equipo de gobierno municipal del PP, los grupos municipales del PSOE y Hacemos Córdoba han alzado la voz de forma conjunta para anunciar que acudirán a la Fiscalía de Memoria Democrática con el fin de depurar responsabilidades y evaluar posibles incumplimientos legales.
Los trabajos sobre el terreno arrancaron formalmente en octubre de 2023, amparados en un protocolo institucional firmado a finales de 2020 por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba. No obstante, la realidad de las excavaciones ha estado marcada por la lentitud y los obstáculos burocráticos.
Durante los dos años efectivos de intervención en el cementerio de La Salud, los equipos técnicos apenas han podido exhumar a 189 víctimas de entre los más de mil cuerpos recuperados en las estimaciones iniciales. Por su parte, la situación en el cementerio de San Rafael sigue pendientes de una intervención en profundidad, donde se calcula que existen otros 860 represaliados, de los cuales 816 yacen en fosas comunes. Los portavoces de la oposición han advertido que los resultados demuestran que queda una inmensa labor por delante, por lo que resulta inaceptable que los trabajos hayan vuelto a quedar en el total abandono.
La parálisis actual responde a la expiración del convenio previo a finales de 2025. Desde entonces, la falta de sintonía y voluntad política entre las administraciones gobernadas por el Partido Popular ha impedido articular una prórroga o un nuevo acuerdo que garantice la continuidad de las excavaciones, tal y como ha explicado la periodista Carmen Reina en Cordópolis.
En el plano económico e institucional, la inacción de las administraciones ha marcado el bloqueo de las exhumaciones. Pese a que el Gobierno central cumplió aprobando su aportación económica en octubre de 2025 y la Diputación Provincial dispone de una partida de 200.000 euros consignada en sus presupuestos de 2026, el convenio continúa sin formalizarse. Ante las preguntas de la oposición en los plenos, el equipo de gobierno se limita a responder que "están en conversaciones", una excusa que los grupos críticos tachan de burla al tratarse de dos administraciones gestionadas por las mismas siglas. A esta situación se suma la retirada definitiva de la Junta de Andalucía del proyecto tras la incorporación de Vox al Gobierno autonómico, lo que ha dejado la aportación autonómica completamente a cero, denuncian trabajadores.
Las consecuencias de esta parálisis también se aprecian en la gestión de los contratos y en los plazos administrativos. A pesar de que en julio el Ayuntamiento pregonó la tramitación urgente de un contrato de tan solo cuatro meses cubierto con los remanentes estatales, el expediente se ha retrasado de manera artificial hasta aprobarse un decreto de reanudación la semana pasada, un año exacto tras su paralización. Esta dilatación extrema coloca al consistorio frente al peligro real de tener que devolver parte de los fondos del convenio inicial por no haberlos gastado a tiempo.
Durante la rueda de prensa conjunta ofrecida por el concejal socialista Joaquín Dobladez y la edil de Hacemos Córdoba Irene Ruiz, se puso especial énfasis en el coste humano de esta crisis institucional. Dobladez denunció el estado de abandono en el que se encontraba el cementerio de La Salud durante el pasado puente de noviembre, cuando decenas de familias acudieron a visitar a sus difuntos y se toparon con las fosas nuevamente tapadas, sin avances visibles y sin un memorial digno donde depositar los restos recuperados.
Por su parte, Irene Ruiz criticó que el alcalde presuma en los plenos de la gestión del Partido Popular en materia de memoria histórica mientras retiene un convenio vital. La concejala recordó que el cumplimiento de la ley no responde a la "voluntad política" o al capricho ideológico de un gobernante, sino a una estricta "obligación legal y democrática" sustentada en los principios universales de verdad, justicia y reparación.
El drama principal recae sobre las familias: cada día de retraso administrativo tiene consecuencias irreparables, ya que muchos de los hijos y familiares de las víctimas son personas de avanzada edad que están falleciendo sin llegar a conocer el paradero de sus seres queridos ni poder cerrar su duelo.
Ante este escenario de bloqueo y con el expediente ya en el punto de mira de la Fiscalía de Memoria Democrática, el PSOE y Hacemos Córdoba han instado al equipo de gobierno del PP a abandonar la propaganda institucional, dejar de prolongar las reuniones y pasar de inmediato de las palabras a los hechos. Asimismo, ambas formaciones han respaldado y hecho un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para participar en las movilizaciones convocadas por el movimiento memorialista, exigiendo que las instituciones asuman su responsabilidad democrática con las miles de víctimas que continúan en las fosas y con sus familias.
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