Se venía especulando mucho, desde el pasado septiembre, sobre un posible adelanto electoral en Andalucía. Los factores a tener en cuenta eran muchos: elecciones previas (finalmente tres: Extremadura, Aragón y Castilla y León), crisis de los cribados, fiestas primaverales... Sin embargo, el presidente andaluz reiteró que, salvo que ocurriera algo "anormal", los andaluces y andaluzas seríamos llamados a las urnas en junio. Finalmente será el 17 de mayo. El motivo exacto no será desvelado por el presidente de la Junta, pero hay un hecho innegable en el calendario judicial que perjudica notablemente al PP, y no hay que ser un 'lince' para saber que Moreno Bonilla lo ha tenido más en cuenta que nadie. Este hecho "anormal" no es otro que las declaraciones de los imputados por la presunta trama corrupta de la Diputación de Almería, que comienzan el próximo 28 de mayo.
Así lo han denunciado además los principales líderes políticos de la oposición andaluza, tras conocer en la tarde noche de el pasado lunes que el 28 de mayo se iniciaría el desfile judicial que tiene como principal implicado al expresidente de la Diputación almeriense y hombre de confianza de Moreno Bonilla en la provincia, Javier Aureliano García.
La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha asegurado en este sentido que Moreno "sabía" que el juicio a 43 personas relacionadas con el PP en Almería por prevaricación, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, organización criminal y blanqueo de capitales estaba fijado entre el 28 de mayo al 26 de junio y "ha ocultado" esta información "fundamental" a los andaluces y andaluzas con la que ha denominado "convocatoria electoral anticipada".
El argumento utilizado por el presidente andaluz para adelantar los comicios hasta, mínimo, dos semanas antes de la primera fecha que se sostenía con fuerza en las previsibles apuestas (31 de mayo), era la de la coincidencia con demasiadas fiestas primaverales en Andalucía, principalmente las romerías, y el "miedo" que tiene el presidente al éxodo playero de sus votantes, al "dar por hecho" que revalidará la absoluta.
La realidad está siendo todo lo contrario, ya que el presidente andaluz está haciendo gala de un dominio del calendario preelectoral muy preciso, aprovechando la Semana Santa para hacer campaña con unos niveles de propaganda inéditos en territorio andaluz.
Según Márquez, el presidente andaluz adelanta las elecciones al 17 de mayo para que la ciudadanía acuda a las urnas "sin saber la verdad" sobre la "trama criminal" con conexiones "con el narcotráfico y el tráfico de armas" y con "dinero negro" incautado a los arrestados, muchos cargos del PP en Almería, "en fundas de almohadas" o en "bolsillos de la ropa" guardada en armarios.
Por su parte, el candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha indicado que ahora sabemos que Moreno "no solo adelantó un mes las elecciones para evitar debates pendientes", sino que también lo hizo para "evitar paseíllos pendientes por los juzgados". "Andalucía merece un gobierno que ponga el interés de la gente en el centro, y no el suyo propio", según ha indicado en su cuenta de X Maíllo.
En este sentido, el candidato de Adelante Andalucía a la Junta, José Ignacio García, ha considerado "bastante reprochable" la elección por este motivo. "Una semana después lo sabemos", ha indicado García, en alusión a los motivos de presidente para poner las elecciones el 17 de mayo.
"Qué casualidad que ha puesto las elecciones justo antes de que empiecen a desfilar todos los imputados del caso de corrupción del PP de Almería por los juzgados, empezando por el expresidente de la Diputación", ha indicado.
A su juicio, esto refleja "miedo" y que Moreno "tiene mucho que ocultar en el caso de la corrupción del PP de Almería". Ha insistido en que los andaluces tienen que conocer "qué ha pasado con el dinero público que presuntamente se han estado llevando calentito los señores del PP de Almería".
Javier Aureliano, "eje de la trama"
El pasado 16 de marzo, un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntaba que el expresidente popular de la Diputación almeriense recibió dinero en metálico a cambio de adjudicar contratos a las empresas investigadas, fondos que habría utilizado para pagar la hipoteca de su vivienda. La Benemérita señala el blanqueamiento del dinero de la trama, mediante "varias operativas" con las que el expresidente provincial lo habría integrado "en el circuito financiero legal". Apuntan también a que García habría involucrado a su familia en ese proceso, ingresando el dinero en una cuenta a nombre de sus padres, ya fallecidos, y de su hermana, María del Rosario, desde la que habría abonado el préstamo hipotecario.
También señalan a un tercer hermano, Juan Carlos, que junto al expresidente popular de Almería y a María del Rosario, habrían utilizado una "comunidad de bienes" para "canalizar una serie de fondos hasta los productos bancarios titulados por Javier Aureliano García Molina" de forma fraudulenta, siempre según el contenido del informe de la UCO del pasado 9 de marzo.
El dinero procede, apunta el informe, de la "adjudicación aparentemente fraudulenta" de contratos del Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente, que dirigía Óscar Liria, otro de los altos cargos de la Diputación que fueron detenidos en noviembre. Liria habría entregado a García parte del dinero en metálico que cobró de la trama. También habría recibido mordidas el número dos del organismo, Fernando Giménez, quien está señalado por haber engordado contratos de mascarillas en casi un millón de euros para beneficiar a empresarios
El juez elevó el número de imputados a 43
No fue la única novedad en el 'caso mascarillas' del PP almeriense. El juez que investiga esta trama elevó a 43 el número de imputados a raíz de este nuevo informe de la UCO. La Guardia Civil mantiene abiertas tres líneas de investigación, empezando por el contrato presuntamente amañado por la Diputación de más de dos millones de euros para la compra de mascarillas en la pandemia. También investigan a estas 43 personas por otros dos contratos de obra pública, también presuntamente amañados, del organismo provincial, que ascienden a más de un millón y medio de euros en total.
La tercera pata de la investigación apunta al dinero de la trama que se movió entre los cargos imputados, que incluyen a la antigua directiva de la diputación del PP. Esto es lo que resalta este último informe de la UCO, el efectivo que se traspasaron Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Óscar Liria, y que el primero habría empleado en pagar su hipoteca. La Guardia Civil incluye también en sus pesquisas un viaje de García a Madrid, supuestamente para actos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entidad que habría abonado 2.000 euros para pagar el acomodo del entonces presidente de la Diputación. Según los agentes, se trataba de un viaje "personal", ya que en las 36 horas que pasó en la capital, Javier Aureliano García no estuvo en ninguna instalación de la FEMP.