El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves la reforma de la Ley de Memoria Democrática que permitirá indemnizar a víctimas de la represión franquista entre 1968 y 1978, entre ellas Manuel José García Caparrós. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de los socios habituales del Gobierno, la abstención de Junts y el voto en contra del PP, Vox y UPN, en una sesión marcada por el enfrentamiento político en torno a la memoria histórica.
Cabe recordar que esta reforma parte de una iniciativa impulsada por el PSOE desde el Ministerio del Interior tras años de reclamaciones sociales y políticas por el caso de Manuel José García Caparrós. Así, la modificación llega después de que durante décadas no se le reconociera como víctima del terrorismo de Estado ni se le otorgara una reparación equiparable a otras víctimas, pese a tratarse de un joven asesinado por la Policía en una movilización democrática. Esta laguna jurídica y simbólica es precisamente la que el Gobierno ha tratado de corregir con la actualización de la Ley de Memoria Democrática.
De este modo, la reforma recupera el reconocimiento para víctimas que habían quedado fuera tras la aprobación de la ley de 2022, ampliando el marco temporal hasta la entrada en vigor de la Constitución. Entre los casos incluidos se encuentra el de García Caparrós, asesinado por un disparo policial durante la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, un episodio convertido en símbolo de la lucha por el autogobierno andaluz.
Indemnizaciones y ampliación de derechos
El texto convalidado contempla indemnizaciones de hasta 250.000 euros para los familiares de personas fallecidas en ese contexto, así como compensaciones de hasta 500.000 euros en casos de gran invalidez. Además, amplía el reconocimiento a quienes sufrieron lesiones graves en el marco de la represión.
Igualmente, la reforma responde a un vacío legal generado tras la derogación de la normativa anterior, que había dejado sin cobertura a víctimas del tardofranquismo. No obstante, el Gobierno se ha mostrado abierto a introducir cambios durante la tramitación como proyecto de ley, incluyendo la ampliación del periodo hasta 1983, como reclaman varios grupos parlamentarios.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido la iniciativa y ha lamentado el rechazo del Partido Popular: “No se entiende que un demócrata no vote a favor de reconocer a quienes pelearon para recuperar la democracia”.
Respuesta de Montero al PP andaluz
La votación ha tenido una rápida repercusión en Andalucía, donde la vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado duramente la posición del PP. De este modo, Montero ha afeado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que sus diputados votaran en contra del reconocimiento de García Caparrós como víctima, señalando que “vuelve a mostrar su verdadera cara”.
La dirigente socialista ha ido más allá al afirmar que “Andalucía no se merece un presidente y un partido que reniega de sus raíces y su memoria”, situando la votación en el marco del debate político andaluz y la gestión de la memoria histórica. En la misma línea, el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha calificado de “barbaridad” el voto en contra del PP, mientras que la vicesecretaria del PSOE-A, María Márquez, lo ha definido como una “inhumanidad”.
“Moreno está más cerca de los que mataron a Caparrós que de los que defendemos su memoria”
Otros partidos de izquierda también han cargado contra la posición del Partido Popular. El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha afirmado que Moreno está “más cerca de los que mataron a Caparrós que de los que defendemos su memoria”, vinculando el voto con una posible estrategia de acercamiento a Vox.
Por su parte, el candidato de Podemos, Juan Antonio Delgado, ha acusado al PP de evidenciar su “falso andalucismo”, mientras que el diputado de Sumar, Toni Valero, ha defendido que con la reforma “se hace algo de justicia”, aunque ha reclamado seguir avanzando en el reconocimiento de todas las víctimas. Igualmente, Valero ha recordado que García Caparrós era “un joven malagueño de familia humilde” que salió a la calle a defender la autonomía andaluza y cuya muerte estuvo rodeada durante décadas de “silencio” e “impunidad”.
La convalidación de esta reforma es un paso para recuperar derechos para víctimas que habían quedado fuera del marco legal vigente. Sin embargo, la división parlamentaria evidencia que el consenso en torno a la memoria histórica sigue siendo limitado.