“Tramaron un plan para conseguir financiación” para terminar las obras del edificio del Centro de Innovación Bienestar Integral de los Ciudadanos (Cibic), ocultando deliberadamente a la Intervención de la Junta “la información relativa a ayudas previas --para llevar a cabo dicho proyecto constructivo-- que hubieran determinado la denegación" de la subvención de más de 11 millones de euros solicitada.
Por ello, un juzgado de Málaga ha condenado a un año de prisión un delito de fraude de subvenciones al ex secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía Francisco Triguero y a un funcionario de su departamento.
El fallo absuelve, entre otros, al director del Parque Tecnológico de Andalucía, Felipe Romera y al exrector de la Universidad Internacional de Andalucía Juan Manuel Suárez Japón.
El condenado
Francisco Andrés Triguero Ruiz (Málaga, 1955) es doctor en Matemáticas por la Universidad de Granada y catedrático en la Universidad de Málaga. Ocupó el cargo de secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta desde 2008 hasta 2015.
Ayer, la secretaria general del PP, Loles López, glosó el caso como uno de los “más evidentes de tolerancia y amparo a la corrupción política del Gobierno socialista por parte de Susana Díaz", por haber mantenido "durante más de un año en el cargo a Triguero mientras estaba imputado, a pesar de que el Parlamento había pedido su cese a través de una iniciativa del PP aprobada en 2014".
El caso
En septiembre de 2011 los condenados solicitaron a la Junta una subvención de 11,5 millones de euros, incluyendo en el expediente que el proyecto ya había recibido otras subvenciones públicas.
Posteriormente, “conscientes de los obstáculos que suponía el haber recibido previamente subvenciones para la construcción del edificio por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, así como la circunstancia de que sobre ellas pesaran procedimientos de reintegro, decidieron ocultar estos hechos" redactando una nueva memoria técnico-económica que eliminaba todas “las referencias a subvenciones anteriores”. Tras diversas vicisitudes administrativas, el importe entregado por la Junta fue de 2.555.221,95 euros.
La defensa
En el escrito presentado en su día contra el auto de procesamiento, la defensa de Triguero alegó que este “en ningún momento ocultó información” ni a la Administración ni a la Intervención General. Se trataba, argumentó, de “una subvención excepcional que, tras concederse, fue revocada sin que la fundación solicitante llegase a recibir cantidad alguna de la misma”.
También esgrimió el letrado de Triguero que las ayudas públicas concedidas, “si se hubiesen recibido, no hubiesen superado el coste de la actuación subvencionada”.
