La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), María José Castejón (PP), está entre las cuatro aspirantes al examen de oposición de Técnico Jefe del Taller Ocupacional 'El Alcázar', un proceso convocado en 2023. Se trata de una oposición a una plaza pública correspondiente al área de la que la concejala es principal responsable política, un caso que presenta numerosos conflictos éticos y morales y, que puede derivar en la nulidad jurídica en caso de que Castejón haya participado en el proceso de redacción y aprobación de las bases o tribunal, de acuerdo al Artículo 23 de la Ley 40/2015, que obliga a autoridades y funcionarios que tengan interés personal en un asunto a apartarse del proceso para garantizar la imparcialidad.
Las bases para el puesto de Jefe del Taller Ocupacional, al que aplica Castejón, fueron publicadas en 2023, en el BOP 160. Finalmente, este diciembre se ha publicado el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, así como el tribunal evaluador del proceso. La concejala figura como la primera de hasta cuatro aspirantes del proceso. Asimismo, también se muestra el tribunal evaluador de las pruebas que, de acuerdo a las bases publicadas en 2023, ha sido elegido por el alcalde de la localidad, y senador del PP, Juan Ávila. Según las bases del proceso, el tribunal de selección será elegido por el Alcalde-Presidente y su composición habrá de responder a los principios de "imparcialidad y profesionalidad" de sus miembros. Ahora bien, según ha podido conocer ElPlural.com, finalmente en el tribunal no hay nadie de Carmona ni que corresponde a ningún área.
Conflicto de intereses
En primer lugar, esta convocatoria podría estar incurriendo con un grave conflicto de interés. En este caso, Castejón es la "jefa política" del departamento que convoca la plaza. Aunque obviamente, como ciudadana, tiene derecho al acceso a la función pública, también, tal y como marca el Artículo 23 de la Ley 40/2015, debería abstenerse del proceso al tratarse de una funcionaria con interés en el mismo. Asimismo, en el caso de que Castejón haya participado en el desarrollo de redacción de bases, estaría existiendo una ventaja competitiva respecto al resto de aspirantes, dado que habría podido tener acceso a información sobre la creación de la plaza, temario específico o los criterios de evaluación antes que los aspirantes.
Basándonos en los principios de gobernanza local establecidos por el Defensor del Pueblo andaluz, si la concejala ha participado en algún proceso durante la elaboración del mismo y, finalmente, obtiene la plaza, podría ser un proceso impugnable legalmente y habría que verificar, si la concejala influyó y participó durante la elaboración del propio proceso de oposición.
Procedimiento legal
ElPlural.com se ha puesto en contacto con la concejal y ha explicado que la plaza a en cuestión no ha sido “sacada” por su delegación, sino que responde al cumplimiento obligatorio de la normativa estatal en materia de la temporalidad en el empleo público, al tratarse de una plaza existente desde hace años y ocupada de forma temporal y está gestionado por los técnicos del Departamento de Recursos Humanos, conforme a la normativa vigente en materia de empleo público. "Se trata de un procedimiento reglado y obligatorio por ley".
Asimismo, Castejón ha precisado que esta plaza ya existía desde hace más de seis años, cuando fue cubierta de forma interina. "En ese momento yo no ostentaba ningún cargo público, me presenté al proceso selectivo como cualquier otra persona y quedé en segundo lugar en la bolsa de empleo, lo cual es un dato objetivo y verificable, además para poder optar al derecho de examen debo tener la titulación exigida, la cual ostento".
Según la concejal popular, la convocatoria actual responde a la "obligación legal de convertir plazas ocupadas de forma interina en plazas definitivas, tal y como establece la legislación básica del empleo público y las normas de reducción de la temporalidad, que impiden que una plaza estructural permanezca indefinidamente en situación provisional".
Por último, ha dejado constancia de que "como cualquier otro ciudadano/a" tiene derecho a presentarse a unas oposiciones, derecho que viene reflejado en la Constitución Española.