Comienza el "desfile" de altos cargos del PP andaluz en los juzgados por el caso de los contratos de emergencias a dedo a clínicas privadas

Este martes comienza el "desfile" -tal y como ha sido catalogado por la oposición política en Andalucía- de altos y exaltos cargos del Gobierno andaluz por los juzgados de Sevilla en el marco de la investigación por los contratos de emergencias que el Gobierno andaluz adjudicó en el periodo comprendido entre 2020 y 2024 que, presuntamente, podrían presentar severas irregularidades. Lo que se denuncia es que el Gobierno de Moreno Bonilla continuó realizando procedimientos a través de los contratos de emergencias una vez que estos fueron derogados, lo que les permitió saltarse los controles previos, avalados por el Consejo de Gobierno andaluz en 2020, y concertar acuerdos con clínicas privadas hasta los 234 millones de euros.

Entre los citados a declarar como testigos por la denuncia que presentó el PSOE-A y que investiga el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla se encuentran altos y exaltos cargos de la Administración autonómica, que copaban puestos de alta responsabilidad durante el periodo estudiado. Entre estos se encuentran Amelia Martínez,exinterventora general de la Junta y actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, junto con dos ex altos cargos de la administración autonómica y dos exinterventoras más. Martínez era, además, interventora general de la Junta de Andalucía hasta 2022, cuando pasa a ocupar el cargo que actualmente ostenta. 

Tal y como informó eldiario.es, el juez que investiga el caso apunta a un acuerdo que tomó el Consejo de Gobierno en octubre de 2020 y que avaló la propia Martínez, que implicaba que retirar el control previo sobre los contratos de emergencia del SAS, para que pudiera hacerse a dedo y con unos trámites más acelerados.

También están llamados a declarar como testigos José Antonio Miranda, exdirector económico del SAS, y Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud. Además, se ha citado a Blanca Pons, exinterventora central del SAS, y a María Victoria López, su interventora adjunta. 

En el caso de Miranda, como señalaba también eldiario.es, fue el director económico del SAS hasta marzo de 2025, cuando fue destituido en plena investigación. En este caso, Miranda, diputado del PP andaluz, era el encargado de prorrogar los contratos de emergencia a dedo con clínicas privadas y que carecieron de marco legal cuando este se derogó.  

Y, el próximo 25 de noviembre, será cuando declaren en calidad de investigados la actual directora general del SAS, Valle García, junto a sus dos antecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

La denuncia y las diligencias previas

El año pasado, casi una treintena de parlamentarios del PSOE-A interpuso una denuncia en Sevilla contra los dos exgerentes del SAS, señalándolos por "posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias del Servicio Andaluz de Salud en los años 2021-2023".

El Juzgado de Instrucción número 13 acordó el 1 de octubre de 2024 iniciar diligencias previas “por la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa”. Posteriormente, en noviembre, los diputados del PSOE-A ampliaron la querella incorporando alegaciones contra la actual directora gerente del SAS, Valle García, por "posibles irregularidades en la contratación a través de procedimiento de urgencias en el año 2024".

El juez valoró que la querella y su ampliación cumplían "los requisitos exigidos por el artículo 277" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y consideró que las acusaciones contenían "los caracteres de un presunto delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio del resultado de la investigación", acordando admitirlas a trámite.

Oposición

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, alertó en el día de ayer de las consecuencias de "privatizar y destrozar" la sanidad pública andaluza, tal y como ha hecho, según denunció, Moreno Bonilla, que “la ha vendido a cachitos derivando recursos públicos a la sanidad privada a dedo y sin control”, además de “trocear contratos” y con “contratos de emergencia cuando ya no había emergencia”. “Van a desfilar porque hay serias sospechas, porque presuntamente con el dinero de todos, con el dinero que tenía que servir para salvar la vida de los andaluces, han hecho lo que les ha dado la gana”, criticó la representante socialista, que señaló cómo “han forrado los bolsillos de sus amigos, los bolsillos de las clínicas privadas y de los hospitales privados en Andalucía”.