La Junta de Andalucía lleva sacaba pecho la pasada semana con lo que califica como "cifras históricas" en la dependencia. El mensaje oficial redunda en que gracias a la gestión del Gobierno andaluz la comunidad "bate récord" en dependencia, superando la barrera de las 352.000 personas atendidas. Sin embargo, detrás de la celebración institucional, aireada por la titular en funciones de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, la realidad que viven miles de familias andaluzas pinta un panorama radicalmente distinto, marcado por la precariedad, la asfixia económica y, en el peor de los casos, la muerte antes de recibir ayuda.
Un informe técnico elaborado por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), con datos oficiales a 31 de mayo de 2026, pone frente al espejo la gestión del Gobierno andaluz y desmonta el triunfalismo de la Consejería. El "récord" estadístico de la Junta convive con un colapso administrativo que mantiene a 49.513 andaluces atrapados en la lista de espera, 20.724 esperando valoración y 28.789 con el derecho ya reconocido pero sin cobrar un euro, según los datos aportados.
Lo más dramático de lo que califican como "embudo" burocrático no son los números, sino su consecuencia: entre enero y mayo de este mismo año, 2.204 personas han fallecido en Andalucía esperando una prestación a la que tenían derecho por ley. No es casualidad. El tiempo medio de resolución, pese a que continúa siendo dramático y supera por más de dos veces la media legal en España (180 días), se ha conseguido rebajar hasta los 446 días. Unas cifras, en cualquier caso, completamente insuficientes para la realidad social en la comunidad.
Para engordar las estadísticas de beneficiarios, el sistema andaluz recurre de forma desproporcionada a las prestaciones más baratas. Así, la ayuda a domicilio representa el 37,10% de la cartera andaluza (más del doble de la media nacional, situada en el 16,41%). Pero el verdadero castigo se lo llevan las familias. Cuando el sistema opta por la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), que afecta a más de 100.000 andaluces, paga miseria.
En el Grado I de dependencia, Andalucía abona apenas 113,93 euros al mes a los cuidadores familiares. Es la segunda cuantía más baja de toda España, situándose un humillante 34% por debajo de la media nacional. El patrón se repite en los casos de mayor gravedad (Grados II y III), donde la comunidad sigue a la cola del país.
Un modelo que "evita las prestaciones de mayor coste"
El análisis de los datos oficiales revela la estrategia que permite alcanzar este volumen de atenciones. Según desgrana el informe de FOAM, el Ejecutivo autonómico ha consolidado un "modelo de proximidad y bajo coste".
Para sostener el sistema, advierte la federación, la Junta "evita las prestaciones de mayor coste y se apoya en servicios de proximidad". Así, la ayuda a domicilio representa el 37,10% de la cartera andaluza (más del doble de la media nacional, situada en el 16,41%). Y cuando el sistema opta por la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), que reciben más de 100.000 andaluces, FOAM es tajante: la Junta "lo retribuye entre los más bajos del país".
En el Grado I de dependencia, Andalucía abona 113,93 euros al mes a los cuidadores. Es la segunda cuantía más baja de toda España, situándose un 34,0% por debajo de la media nacional. Tal y como denuncia el informe, "el castigo se concentra en la puerta de entrada al sistema".
La alternativa residencial, "inaccesible"
Esta carencia de recursos se vuelve aún más evidente cuando una persona mayor ya no puede ser atendida en casa. En ese momento, señala FOAM, "la alternativa residencial resulta inaccesible para buena parte de las familias".
La federación denuncia un déficit estructural de 36.327 plazas públicas. La Junta empuja así a las familias a un mercado privado donde una plaza cuesta de media 1.950 euros al mes, frente a una pensión media de 1.235 euros, expresa. Para agravar la situación, Andalucía apenas concede prestaciones económicas para ayudar a pagar estas plazas privadas (suponen solo un 0,72% de la cartera, frente al 9,83% nacional). La conclusión del informe es clara: "La familia que necesita una residencia y no encuentra plaza pública recibe, por tanto, muy poco apoyo para costear la privada".
FOAM subraya que "la situación actual no responde a una escasez de fondos públicos". El documento recuerda que el PIB andaluz ha registrado un crecimiento real del 12,3% entre 2019 y 2025, y el presupuesto global de la Junta ha aumentado casi un 50% desde 2018. A pesar de este crecimiento económico, el Gobierno andaluz destina el 1,075% de su PIB a la dependencia.
Alcanzar la convergencia con comunidades vecinas como Extremadura (que invierte el 1,58%) requeriría inyectar 1.225 millones de euros adicionales. Esto equivale al 2,37% del presupuesto de la Junta para 2026, "una cifra inferior al crecimiento económico que Andalucía ya ha materializado", detalla la federación.
"La brecha no obedece a una limitación de recursos, sino a una decisión de prioridades", concluye el texto. Por ello, exigen a la Junta que no espere a que el Estado cumpla su obligación de financiar el 50%, ya que Andalucía tiene "capacidad fiscal propia para elevar ya su aportación". "Reconocer un derecho no basta si no se garantiza el acceso. La diferencia no es técnica, no es presupuestaria, no es jurídica: es política", sentencian desde FOAM.
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