El inicio de la campaña de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía ha vuelto a visibilizar la enorme brecha existente entre la versión triunfalista a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno autonómico andaluz y, nunca mejor dicho, la primera línea de fuego. Un año más, las críticas hacia la Administración que dirige Moreno Bonilla han vuelto a hacerse notar al inicio de la campaña de incendios, cuyo preludio ha sido los incendios acaecidos en la provincia de Huelva estas últimas semanas y que han arrasado con más de 5.000 hectáreas quemadas.
Mientras el Gobierno de la Junta de Andalucía exhibe un despliegue presupuestario millonario, los trabajadores que se juegan la vida en el monte han dado la voz de alarma. De este modo, la sección sindical de CCOO en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (EMA) ha denunciado que el operativo arranca arrastrando "deficiencias estructurales" crónicas, apuntando, además, a un déficit de al menos 300 bomberos forestales en toda la comunidad.
Los representantes de la plantilla de bomberos forestales denuncian una "flagrante falta de transparencia" por parte de la Agencia a la hora de revelar el estado real de las contrataciones, lo que ha obligado a los sindicatos a auditar las cifras por su cuenta. El diagnóstico sobre el terreno es crítico: lo que deberían ser excepciones puntuales se ha convertido en la "norma general" de cada verano.
La falta de personal ha cristalizado de forma alarmante en la provincia de Huelva, donde la reciente acumulación de incendios ha coincidido con unidades operando "bajo mínimos". Según detalla CCOO, los Grupos de Bomberos Especialistas, diseñados para intervenir con siete componentes, están acudiendo a las llamas con apenas tres o cuatro efectivos. La situación se replica en las Brigadas de Refuerzo (BRICA), que han llegado a actuar con solo cinco trabajadores en lugar de los once estipulados, y en las dotaciones de los camiones de extinción, que están saliendo con un único componente al volante pese a estar concebidas para parejas. A esto se suma el cierre de torres de vigilancia, lo que mutila gravemente la capacidad de detección temprana del fuego.
La precariedad denunciada no se limita a la escasez de manos, sino que afecta directamente a la salud y seguridad del operativo. El sindicato ha revelado que el personal sigue siendo transportado a los incendios en furgonetas que "no son aptas para terrenos forestales", poniendo en riesgo su integridad física en los desplazamientos.
Sin embargo, uno de los puntos más graves de la denuncia radica en el incumplimiento sistemático de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) respecto a los Equipos de Protección Individual (EPI). Tras finalizar las extinciones, el servicio de descontaminación de la ropa sigue sin estar operativo, denuncian. En este caso, sería responsabilidad de la Agencia EMA realizar las labores de limpieza y desintoxicación de los uniformes de la plantillas. No obstante, la situación es radicalmente opuesta, advierten desde CCOO-Infoca, donde la agencia habría llegado a "amenazar a los trabajadores con la apertura de expedientes disciplinarios si no lavan los EPI en sus propios domicilios". Esta "coacción" obliga a los bomberos a llevar restos de humo y sustancias tóxicas cancerígenas a su entorno familiar, una práctica tajantemente prohibida por la propia evaluación de riesgos de la empresa.
El contraste oficial: 271 millones y nuevos medios aéreos
Al tiempo que la plantilla denuncia esta injustificable situación de precariedad y vulneración de derechos laborales, la versión oficial y las cifras presentadas por la Junta de Andalucía para este verano son frontalmente distintas. El Ejecutivo autonómico ha anunciado a el refuerzo del Plan Infoca 2026 esta misma semana, dotándolo con un presupuesto récord de 271 millones de euros.
Según explicó el responsable de esta cartera, Antonio Sanz, el operativo suma este año nuevos medios aéreos y unidades especializadas para hacer frente a una campaña que se prevé extremadamente dura. La Junta justifica esta inyección presupuestaria ante la constatación de un año con mayor índice de siniestros, en el que el fuego ha aumentado su presión sobre el territorio andaluz de forma prematura, dejando ya más de 6.800 hectáreas afectadas incluso antes del inicio oficial del verano.
El operativo estará integrado por 4.700 profesionales y dispondrá de 43 medios aéreos, entre helicópteros y aviones, además de nuevas unidades como la Unidad de Maquinaria Pesada y la Unidad de Fuego Técnico, especializada en el uso controlado del fuego para labores de prevención y extinción.
También se incorporarán ocho nuevas unidades móviles, una por provincia, y mejoras en los sistemas de alerta, prevención y tecnologías aplicadas a la extinción, junto a una inversión acumulada en infraestructuras que supera los 165 millones de euros desde 2020.
El dispositivo permanecerá activo durante toda la campaña de alto riesgo, al menos hasta el 15 de octubre, con el objetivo de reforzar la protección del patrimonio natural y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias forestales en toda la comunidad
No obstante, para los representantes de los trabajadores, la inversión millonaria publicitada no se está traduciendo en unas condiciones dignas a pie de incendio. Desde el sindicato lamentan que la ciudadanía andaluza tenga que volver a sufrir las consecuencias de la "falta de previsión" de un Gobierno autonómico que, sostienen, sigue sin garantizar la agilidad y eficacia que requiere el servicio de extinción en la comunidad.
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