Este jueves se ha celebrado la Conferencia Sectorial de Vivienda en Madrid, a la que han asistido los distintos responsables autonómicos en dicha materia en un encuentro con la Ministra del ramo, Isabel Rodríguez, para abordar el nuevo plan estatal. Del Gobierno andaluz ha acudido la consejera en funciones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que ha lamentado la "imposición" del Gobierno de España en materia de política de vivienda y ha anunciado que los servicios jurídicos de la Consejería están revisando el contenido del plan estatal porque "no estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación".
Así lo ha expresado Díaz a las puertas de dicha Conferencia, donde pese a lo indicado anteriormente, la consejera de Moreno ha aceptado el porcentaje que le correspondería a Andalucía en este nuevo plan, que según Díaz es el "mismo" que en el anterior. Sin embargo, ha anunciado que en el seno de la reunión trasladará al Ejecutivo central "que las políticas de vivienda requieren de consenso y diálogo" para "sacar un reto importante".
En cualquier caso, Díaz ha advertido de esa revisión jurídica sobre dos aspectos de la ley estatal. En primer lugar, tal y como ha anunciado Díaz, se encontraría la "imposición" de la financiación que ambas administraciones realizan en este plan. La consejera en funciones ha reclamado "más inversión" del Estado en vivienda porque frente a la inversión de Andalucía que "multiplica por seis" según el plan de estatal, la del Estado se multiplica por dos.
Asimismo, el segundo punto en el que la Junta se muestra discordante respecto a la ley estatal sería la protección de las VPO. Según ha publicado El Correo de Andalucía, el equipo de Díaz estaría estudiando reclamar una de las medidas de las que el Ejecutivo central más ha presumido y trabajado en su lucha contra la especulación inmobiliaria, el blindaje a las viviendas que se construyan como VPOs. Esta norma entra directamente en conflicto con la norma de vivienda autonómica, donde en el Plan Vive 2020-2030, que es el que regula la nueva Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía, establece una serie de criterios de protección para las VPO, donde dependiendo de qué categoría sea cada una, su protección durará entre 7 o 15 años.
Ley Estatal
El Gobierno central aprobó por decreto este nuevo plan estatal de vivienda el pasado 22 de abril. Este paquete establecía un nuevo modelo de financiación y se basa en un modelo de "corresponsabilidad" entre administraciones. Así, en el caso andaluz, el Estado aportará el 60% del total (718,2 millones) y la Junta de Andalucía el 40% restante (478,8 millones).
Seis días más tarde, en la recta final de la precampaña para las elecciones andaluzas, el Gobierno de Moreno Bonilla aceptó el nuevo plan, tal y como adelantó El Correo de Andalucía, donde se anunciaba que además de incorporarlo en el programa electoral, la Consejería de Vivienda iniciaría los procesos para adecuar el Plan Vive 2020-2030 a las nuevas exigencias del Gobierno respecto a las VPO.
Requisitos
Pese a ser la comunidad más beneficiada, la llegada de estos 1.197 millones de euros estaba supeditada a que la Junta de Andalucía aceptara una serie de requisitos estructurales y financieros impuestos por el Ministerio. En primer lugar, la administración regional debe comprometerse a aportar el 40% de la financiación, lo que supone un desembolso propio de 479 millones de euros, una cuantía seis veces superior a su asignación actual para estos fines.
Asimismo, el Gobierno de España ha vinculado la ejecución de los fondos a dos exigencias normativas: la modificación de la reciente ley andaluza para recuperar el depósito público de las fianzas de alquiler -bajo advertencia de quedar fuera del plan si no se acata- y el mantenimiento de la protección permanente para todas las viviendas protegidas (VPO) construidas con estos fondos, prohibiendo su venta futura en el mercado libre.
Finalmente, el acceso a la línea máxima de subvenciones por vivienda queda condicionado a la declaración de "zonas tensionadas" según prevé la ley estatal, una medida que el ejecutivo andaluz había rechazado hasta ese momento. Dado que las competencias son autonómicas, corresponderá a la Junta decidir qué planes concretos activa y bajo qué condiciones dentro de este nuevo marco de financiación estatal.
Todas las comunidades aceptan el Plan Estatal de Vivienda
Los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Vivienda han acordado por unanimidad el reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, el triple que en su edición anterior. Este pacto, celebrado por la ministra Isabel Rodríguez como un mensaje de unidad institucional y certidumbre para la ciudadanía, permitirá que las comunidades comiencen a recibir los importes próximamente para iniciar las actuaciones durante el segundo semestre del año, independientemente de los distintos ciclos electorales.
El nuevo programa establece que el Estado asuma el 60% de la inversión y las comunidades el 40% restante, estructurando el presupuesto en tres ejes fundamentales: un 40% para aumentar de forma permanente la oferta de vivienda protegida, un 30% para rehabilitar el parque existente, y otro 30% enfocado en ayudas a la emancipación juvenil y la intervención en zonas tensionadas. Con este enfoque, el Gobierno busca que todas las administraciones colaboren para rebajar los precios del alquiler y dar respuesta a una de las principales inquietudes sociales.
Como pilar fundamental, el plan introduce el blindaje definitivo de la vivienda pública para impedir cualquier tipo de especulación con ella, sumando cláusulas antifraude y mecanismos de fiscalización semestral que aseguren el control del dinero público. En términos de reparto territorial, Andalucía será la comunidad que reciba la mayor dotación con 1.197 millones de euros, seguida de cerca por la Comunidad de Madrid (1.113 millones) y Cataluña (1.015 millones), dentro de una distribución que incrementa notablemente los recursos para todos los territorios.
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