Faltan dos semanas para las generales y el PP de Sevilla se prepara como siempre: con la lista hecha, la sonrisa puesta y un armario que nadie quiere abrir. Pero el armario se parece más a una caja de truenos. Dentro están los cheques. Hace casi dos años que se supo y la explicación sigue siendo la que dio entonces el alcalde, José Luis Sanz: una cacería política.
El 12 de febrero de 2025 se conoció que el PP de Sevilla había librado hasta trece cheques a favor de Juan Bueno, hoy delegado de Hacienda del Ayuntamiento, de hasta 1.200 euros al mes entre 2012 y 2014. Salían de la cuenta del Grupo Popular en la Diputación y estaban vinculados a los fondos del grupo. Luego salió más: cheques de al menos 20.000 euros a Asunción Fley, entonces delegada de Hacienda, y casi 35.000 euros de dinero del grupo en 70 autobuses para llenar el mitin de Rajoy en Fibes, en mayo de 2011. Dopar campañas es el sanctasanctórum del PP; solo hay que acudir a la hemeroteca.
Los citados lo niegan. Bueno atribuyó los cheques a “gastos de funcionamiento” y aseguró: “Jamás en mi vida he cobrado sobresueldos”. Sanz habló de “cacería política” y dijo que las cuentas estaban “perfectamente auditadas por la dirección nacional”, o sea, por el propio partido. No consta ninguna imputación por esos pagos.
Los papeles estaban en una notaría desde 2018, depositados por Virginia Pérez, entonces presidenta del partido. Según El Correo de Andalucía, quien los retiró fue el secretario general, José Ricardo García, y este diario contó que el presidente provincial, Ricardo Sánchez, había pedido formalmente la retirada en noviembre de 2024. Retirar unos papeles no es filtrarlos y nadie ha acreditado quién lo hizo. Aun así, el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, apuntó a García y anunció que el partido “activará los mecanismos internos para depurar responsabilidades”. El 4 de marzo, García fue destituido como secretario general y lo sustituyó Agustín Aguilera. Por los cheques, ninguna responsabilidad conocida. Por los papeles, una.
Ahora le toca a Sánchez. El presidente provincial deja el cargo sin dar explicaciones públicas y el congreso que debía elegir a su sucesor, previsto para el 28 de noviembre, se ha pospuesto. Los dos hombres que movieron los papeles se han ido o se van. Bueno y Sanz, que figuran en ellos, siguen donde estaban. Nadie ha dicho que una cosa tenga que ver con la otra, pero el calendario ahí está.
En el Parlamento, el PSOE y Adelante Andalucía pidieron reactivar la comisión de seguimiento de la financiación de los partidos, que lleva casi treinta años dormida. El PP, que controla la Mesa, lo frenó, y la Cámara se limitó a pedir a sus letrados un informe sobre qué puede hacer esa comisión. Hasta donde consta, ningún tribunal ni órgano de control ha abierto una investigación pública sobre aquellos pagos.
Aparcado no es cerrado. Esos papeles ya salieron una vez de donde estaban guardados y nadie ha asegurado que lo conocido sea todo lo que había. Basta una filtración o una declaración a destiempo para que la caja de truenos se abra en plena campaña, con el congreso aplazado.
No sería la primera vez que la función se enreda en mitad del segundo acto. El corral de comedias del PP sevillano tiene repertorio, y su presidente provincial también ha pasado por el juzgado: Sánchez fue uno de los seis investigados en el caso del tanatorio de Mairena del Alcor, por administración desleal, una causa que el juez archivó de forma provisional en septiembre de 2025 al no ver delito.
Y luego está Utrera. Su alcalde, Francisco Jiménez, figura como número cinco de la candidatura del PP al Congreso por Sevilla que encabeza Juan Bravo, y está investigado por presunta prevaricación administrativa y malversación por la cesión de un local municipal a un club de ajedrez que él fundó. No acudió a declarar el 5 de octubre, por motivos médicos, según fuentes próximas al caso, y el juzgado lo ha vuelto a citar el 30 de noviembre, el día después de las elecciones. Su mano derecha, Isabel González, está investigada por omisión del deber de perseguir delitos. Este diario ha contado además que un técnico municipal pidió por escrito que no le dejen puntuar las ofertas del contrato de la basura, de 81 millones más IVA, tras un viaje pagado por una empresa interesada.
Son asuntos distintos, de distinto tamaño y con desenlaces dispares, y alguno se ha cerrado a favor de los investigados. Cambió el secretario general, está a punto de cambiar el presidente y el 30 de noviembre un alcalde del partido está citado como investigado. Los cheques, mientras tanto, siguen sin explicación.
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