La causa judicial que afecta a la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha dado un paso decisivo tras el último pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Málaga. El tribunal ha rechazado los recursos presentados por la defensa de la regidora y ha avalado la continuidad del procedimiento por las presuntas irregularidades en la empresa municipal de limpieza SOLIARSA, acercando el caso a la apertura de juicio oral.
En varios autos dictados durante marzo de 2026, la Sección Primera de la Audiencia desestima las impugnaciones contra las decisiones del Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda, incluida la que acordó continuar las diligencias por el procedimiento abreviado. Este paso supone, en la práctica, el inicio de la fase en la que Fiscalía y acusaciones deberán formular sus escritos, antes de que el juzgado decida si abre juicio oral.
Los magistrados consideran que existen indicios suficientes para que la investigación continúe y rechazan los argumentos de la defensa, que solicitaba el archivo de la causa por falta de pruebas, nulidad de diligencias y vulneración del derecho de defensa. La Audiencia sostiene que el auto recurrido recoge una “detallada relación de hechos punibles” y recuerda que en esta fase no corresponde fijar una calificación jurídica definitiva, sino determinar si hay base suficiente para seguir adelante.
Además, el tribunal descarta que se haya vulnerado el derecho de defensa de la alcaldesa, señalando que fue citada a declarar y optó por no hacerlo mientras se resolvían sus recursos. También subraya que la presentación de apelaciones no paraliza por sí misma el avance del procedimiento.
Entre los hechos investigados figuran la autorización de facturas y pagos a una empresa externa sin servicios acreditados, la firma de un préstamo sin autorización plenaria y contrataciones de personal sin bases ni procesos de selección. La instructora considera que, por su condición de alcaldesa y presidenta del consejo de administración de SOLIARSA, Fernández “no podía desconocer” lo que ocurría en la sociedad.
Aunque la Audiencia insiste en que estos indicios no suponen una condena, sí avalan que sean las acusaciones las que determinen los posibles delitos, entre los que se han apuntado prevaricación, falsedad documental y malversación.
Ofensiva del PSOE: “La alcaldesa tiene pie y medio para sentarse en un banquillo”
En paralelo al frente judicial, la presión política ha aumentado. El portavoz del PSOE de Ronda, Francisco Cañestro, ha endurecido su discurso contra la alcaldesa tras conocer la resolución. “No caben más recursos y el procedimiento avanza hacia la apertura de juicio oral”, ha señalado, resumiendo la situación de forma contundente: “Tiene pie y medio para sentarse en un banquillo”.
El dirigente socialista ha cuestionado la estrategia de defensa de la regidora, que ha alegado desconocimiento de los hechos, y ha subrayado que “ya no es solo el fiscal, sino un juez y tres magistrados los que ven indicios”. También ha criticado la falta de explicaciones públicas y ha advertido del impacto institucional del caso: “Perjudica claramente a Ronda”.
Cañestro ha pedido al Partido Popular que valore un relevo en la Alcaldía al considerar incompatible la gestión municipal con un proceso judicial de esta envergadura, aunque ha matizado que su formación no exigirá por ahora la dimisión inmediata. El PSOE esperará a la apertura de juicio oral para reclamar formalmente la salida de Fernández, en línea —según ha señalado— con los estatutos del propio PP en casos de corrupción.
Por su parte, la Fiscalía ya ha fijado posición y solicita para la alcaldesa una pena de cinco años de prisión, ocho de inhabilitación y el pago de 42.000 euros de indemnización. El Ministerio Público atribuye a los investigados presuntas contrataciones irregulares, pagos sin justificar y gastos ajenos a la actividad de la empresa municipal durante el periodo 2018-2020, hechos que encajarían en delitos de fraude y malversación de fondos públicos.
Con todos los recursos ya rechazados en la vía ordinaria, el caso entra ahora en su fase decisiva, pendiente de que las acusaciones formalicen sus escritos.