La situación de los trabajadores migrantes en los asentamientos de Huelva ha dado un salto al ámbito europeo. La coalición Por Andalucía ha anunciado que llevará ante la Comisión Europea lo que considera una “vulneración de los derechos humanos” tras el rechazo en el Congreso de los Diputados de una propuesta para crear un comisionado estatal que coordinara las actuaciones de las distintas administraciones implicadas.
La iniciativa, defendida en la Cámara Baja por el diputado de Izquierda Unida-Sumar Francisco Sierra, fue tumbada con los votos en contra de PP, Vox, PNV y Junts, una decisión que desde la coalición andaluza interpretan como un nuevo bloqueo político a la búsqueda de soluciones. El portavoz de Por Andalucía en Huelva, Marcos Toti, ha calificado este rechazo como “un nuevo ejemplo de falta de humanidad” ante una realidad que consideran insostenible.
En este contexto, la formación ha decidido dar un paso más y trasladar el problema a las instituciones europeas, con el objetivo de visibilizar una situación que, a su juicio, lleva años desarrollándose sin una respuesta efectiva por parte de las administraciones.
Un problema estructural sin respuesta institucional
Según datos aportados por la propia coalición, en la provincia de Huelva viven entre 3.000 y 5.000 trabajadores migrantes en función de la temporada agrícola, especialmente vinculados a la campaña de los frutos rojos. Se trata de un colectivo clave para la economía onubense, pero que, sin embargo, “Se ve obligado a vivir en condiciones de infravivienda, sin acceso a derechos básicos”.
Así, los asentamientos chabolistas, construidos con materiales precarios y sin infraestructuras mínimas, son el escenario habitual de estas personas. Desde Por Andalucía advierten además de la peligrosidad de estas condiciones, recordando que desde 2020 se han registrado más de 30 incendios en estos enclaves y que al menos cinco personas han fallecido como consecuencia de estos siniestros.
Para la coalición, esta situación no es coyuntural, sino el resultado de una falta de coordinación y de voluntad política entre las distintas administraciones. De ahí que defendieran la creación de un comisionado estatal que permitiera articular una respuesta conjunta entre ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central.
Críticas a las derechas y acusaciones de “invisibilización”
El rechazo de esta propuesta en el Congreso ha endurecido el discurso de Por Andalucía, que señala directamente a las formaciones que votaron en contra. “La derecha del PP junto a la extrema derecha y las derechas catalana y vasca se han puesto de acuerdo para votar en contra de que se cumplan los derechos humanos en Huelva”, ha denunciado Toti.
Desde la coalición sostienen que existe una “voluntad política de mantener invisibilizada” a esta población, permitiendo que continúe en condiciones de precariedad extrema. A su juicio, esta situación favorece además dinámicas de explotación laboral, ya que muchos trabajadores carecen de contratos estables o documentación regularizada.
De esta forma, han criticado que “Se les quiere sin derechos, sin papeles, escondidos y alejados de los núcleos urbanos”, alertando de que esta realidad beneficia a una minoría de empresarios que se aprovechan de la vulnerabilidad de los jornaleros para pagar salarios por debajo de convenio y mantener condiciones laborales que califican de “semiesclavitud”.
Europa como vía de presión política
Ante el bloqueo institucional en España, Por Andalucía ha optado por internacionalizar el conflicto. El portavoz onubense ha confirmado que ya se han iniciado contactos con el grupo de Sumar en el Parlamento Europeo y con la eurodiputada Estrella Galán para trasladar la situación a Bruselas.
El objetivo es que las instituciones europeas analicen si se están vulnerando derechos fundamentales y, en su caso, insten a las administraciones españolas a adoptar medidas urgentes: “Vamos a llevar la dejadez e inacción del Partido Popular a la Unión Europea”, han señalado desde la coalición.
Esta estrategia busca también aumentar la presión política sobre la Junta de Andalucía, a la que acusan de no haber dado una respuesta eficaz al problema. En este sentido, han rechazado las declaraciones de la diputada popular Bella Verano, quien defendió que el Gobierno andaluz está abordando la situación de los asentamientos. Para Por Andalucía, estas afirmaciones “no se corresponden con la realidad” y evidencian una desconexión entre el discurso institucional y las condiciones de vida de los temporeros.