El denominado “Caso Soliarsa” de Ronda, da un paso judicial cualitativo y cuantitativo más y complica la vida al PP malagueño y rondeño y a la actual alcaldesa a menos de un año para las elecciones municipales. La causa que investiga la justicia contra la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, se basa en presuntas irregularidades en la gestión de la empresa municipal de limpieza entre 2018 y 2020 y fija fianzas que superan los 340.000 euros. La resolución judicial es ya firme, por lo que agota la vía de recursos para los acusados.
La jueza, en un auto conocido hoy, rechaza archivar la causa contra la actual alcaldesa, Mari Paz Fernández, aprecia indicios suficientes de delito y la envía a juicio junto a la exalcaldesa socialista Teresa Valdenebro y otros cuatro acusados.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda ha acordado la apertura de juicio oral contra la actual alcaldesa de la ciudad, Mari Paz Fernández (PP), por las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de la empresa municipal de limpieza y recogida de residuos, Soliarsa. El auto, que no admite recurso en cuanto a la apertura del juicio oral, impone además a la regidora una fianza de 135.824,96 euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles. Por su parte, la Fiscalía solicita para la alcaldesa una pena de cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación por los presuntos delitos que se le imputan.
El auto judicial también impone fianzas a la exalcaldesa socialista Teresa Valdenebro, aunque por una cuantía muy inferior a la fijada para la actual regidora: 35.098,65 euros. La resolución extiende igualmente esta medida cautelar a tres trabajadores municipales y a un empresario investigados en la causa. En conjunto, las fianzas impuestas superan los 340.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento.
La alcaldesa se sentará en el banquillo de los acusados
El denominado caso Soliarsa investiga presuntas irregularidades de especial gravedad en la gestión de la empresa municipal de limpieza entre los años 2018 y 2020. Los seis acusados deberán responder ahora ante la Audiencia Provincial de Málaga por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental, según la participación que la Fiscalía atribuye a cada uno de ellos.
En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que entre 2018 y 2020 se produjeron diversas actuaciones presuntamente contrarias a la legalidad en la gestión de Soliarsa, la empresa municipal de limpieza de Ronda. Entre ellas, señala contrataciones de personal al margen de los procedimientos legalmente establecidos, adquisiciones de material sin respetar la normativa de contratación pública, pagos presuntamente injustificados e incrementos salariales considerados irregulares.
Se incorporaron 28 trabajadores sin mediar proceso selectivo
Según el Ministerio Público, durante ese periodo fueron incorporados a la plantilla 28 trabajadores sin procesos selectivos que garantizaran los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La acusación sostiene que, en algunos casos, la selección se realizó mediante simples entrevistas o a través de ofertas restringidas a residentes en Ronda, sin convocatorias públicas ni bases reguladoras.
La Fiscalía también cuestiona diversas compras realizadas por la empresa municipal. En concreto, atribuye a las dos alcaldesas la autorización de facturas por un importe cercano a 86.000 euros sin que, presuntamente, se siguiera el procedimiento de contratación exigible a una sociedad pública. A ello suma alrededor de 40.000 euros en gastos de comidas, cestas, lotería y regalos navideños que, según la acusación, eran ajenos a la actividad propia de Soliarsa.
Otra de las principales líneas de la investigación afecta a la presunta colaboración entre varios empleados de la empresa municipal y un empresario. El Ministerio Público sostiene que se habrían facturado suministros que nunca llegaron a entregarse y que, para justificar esos pagos, se confeccionaron supuestamente albaranes y documentos de recepción falsos. El perjuicio económico derivado de esta operativa se cifra en torno a 85.000 euros, de acuerdo con el escrito de acusación.
Penas solicitadas: Cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para la actual alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, una pena de cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público. A la regidora popular le atribuye un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de malversación, mientras que respecto a la anterior alcaldesa, María Teresa Valdenebro, formula una acusación por los mismos delitos y solicita una pena similar.
Para tres trabajadores municipales investigados, el Ministerio Público reclama seis años de prisión y diez años de inhabilitación por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad documental. En cuanto al empresario procesado, solicita igualmente seis años de cárcel por presuntos delitos de falsedad documental y fraude.
Además de las fianzas, Fiscalía reclama a los acusados 260.000 euros de indemnizaciones
Además de las fianzas acordadas por el juzgado para garantizar las posibles responsabilidades civiles, la Fiscalía reclama que los acusados respondan de las indemnizaciones derivadas de los supuestos perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Ronda, cuya cuantía global supera los 260.000 euros.
La apertura de juicio oral se produce después de que la Audiencia Provincial de Málaga desestimara el recurso presentado por Mari Paz Fernández contra el auto que puso fin a la fase de instrucción. En aquella resolución, el tribunal consideró que existían indicios suficientes para que los hechos fueran enjuiciados y recordó que la alcaldesa fue citada como investigada durante la instrucción, si bien ejerció su derecho constitucional a no declarar.
Por su parte, la alcaldesa ha rechazado las acusaciones y sostiene que el escrito de la Fiscalía contiene errores, por lo que espera que el procedimiento judicial concluya con su absolución.
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