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La polémica que salpica al alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PP), sigue en el debate político de la ciudad después de que tanto el alcalde como la primera teniente de alcalde y responsable de Patrimonio, Isabel María González, hayan sido citados por el Tribunal de Instancia de Utrera para determinar si pudo existir prevaricación administrativa con la utilización de un edificio municipal por un club de ajedrez del que el propio alcalde era socio, según recoge la denuncia.
La oposición mueve ficha y reclama explicaciones públicas a ambos responsables municipales y, especialmente, al alcalde. El PSOE sostiene que “ahora deben dar explicaciones públicas y asumir las responsabilidades políticas que correspondan”.
El PSOE de Utrera considera que, después de la actuación judicial y del llamamiento a declarar de dos miembros del Gobierno municipal, Francisco Jiménez e Isabel González deben explicar públicamente qué ocurrió, qué decisiones se adoptaron desde sus respectivas responsabilidades y bajo qué circunstancias un inmueble público terminó siendo utilizado por esta entidad.
La investigación judicial tiene su origen en la supuesta cesión de un inmueble municipal al Club Deportivo Veteranos de Utrera, una entidad vinculada al propio Francisco Jiménez. Según el acta judicial, utilización del espacio se habría producido sin expediente administrativo, sin acuerdo plenario y sin una resolución formal que autorizase su uso.
El inmueble, perteneciente a la Delegación de Deportes, es utilizado actualmente por el club, mientras el juzgado trata de esclarecer bajo qué procedimiento se produjo la cesión. La denuncia fue promovida por la oposición y posteriormente trasladada a los tribunales.
La posición en la que se encuentra ahora el alcalde es la de explicar qué procedimientos se utilizaron para ceder este espacio y si tenía relación con el hecho de su pertenencia al club.
El PSOE cuestiona por ello el criterio seguido para poner un inmueble municipal a disposición de este club “en perjuicio de otras asociaciones que tienen el mismo o más derecho”.
Para la oposición, la cuestión también pasa por determinar las responsabilidades políticas derivadas del caso. El PSOE sostiene que se habrían vulnerado “los principios de imparcialidad, legalidad y prohibición de la arbitrariedad en el uso del poder público”, una acusación que los socialistas vinculan a la utilización del inmueble municipal.
Isabel González Blanquero declaró este lunes ante el órgano judicial en calidad de investigada, mientras que el alcalde Francisco Jiménez, también citado, deberá hacerlo en el marco de las diligencias judiciales.
El PSOE considera que la investigación judicial abre también una cuestión de responsabilidad política. Los socialistas sostienen que tanto el alcalde como la responsable de Patrimonio deben "asumir las responsabilidades que pudieran corresponderles" por las decisiones adoptadas y rechazan que estas puedan diluirse o trasladarse a terceros.
Mientras la Justicia continúa investigando las circunstancias de la utilización del inmueble, la presión política se centra ahora en las explicaciones del Gobierno municipal. El PSOE considera que, tras la citación judicial de Jiménez y González Blanquero, tendrán que explicar “ante los utreranos qué ocurrió y cuál fue su responsabilidad política en unos hechos que ya están siendo investigados judicialmente”.
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