La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona nº5 ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el alcalde de la localidad, José María García Urbano (PP), y contra Cristina Pulido, tras concluir la fase de instrucción, donde se acusa al regidor de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en el caso del presunto enchufe de Pulido en el Consistorio del que cobró sin acudir a su puesto de trabajo. La Fiscalía solicita un año y 11 meses de prisión, además de 5 años y 11 meses de inhabilitación para empleo o cargo público. Para la contratada, reclama una condena de cuatro años y medio de prisión.
El alcalde de Estepona ha reiterado su “plena confianza” en la justicia y ha mostrado su deseo de que el procedimiento judicial se inicie “lo antes posible” para demostrar que no se ha cometido ningún delito ni irregularidad en relación con esta contratación.
García Urbano está acusado de contratar a una "amiga íntima" en el Ayuntamiento como personal eventual sin, presuntamente, "constar que realizara trabajo alguno", estos fueron los motivos que llevaron al órgano judicial a iniciar un procedimiento de investigación el pasado noviembre.
Además, tal y como se comprueba en las conversaciones de Whatsapp entre los implicados, aportadas como prueba y a las que ha tenido acceso ElPlural.com, Urbano no solo era totalmente consciente de que la mujer no estaba realizando su trabajo, sino que ella misma le confirmó, a través de un mensaje, que estaba en Córdoba de postoperatorio, después de realizarse una cirugía en los pechos.
En las conversaciones mantenidas entre el regidor y la mujer se desprende una relación que supera el ámbito profesional. Previo a la contratación de la mujer en el Consistorio por parte de Urbano, el juez acreditó que el alcalde estuvo pagando a su “amiga íntima” un total de 21.000 € entre enero de 2022 y enero de 2023, para que pudiera hacer frente al alquiler u otros gastos. Posteriormente, cuando este envío de dinero cesa, el alcalde contrató a Pulido como personal eventual (asesora) en el Consistorio esteponero entre el 13 de febrero de 2023 y el 31 de marzo, donde cobró hasta dos nóminas, un total de 5.276 euros netos, sin que conste que realizara trabajo alguno, tal y como explica el auto del juez y confirmado por un concejal. “Gracias por hacerme ese contrato, que con otras cosas me lio y no te dije nada”, le envía Pulido a Urbano el mismo 13 de febrero. “Lo mereces”, responde escueto el regidor por la app de mensajería.
La defensa del alcalde ha recordado que han aportado informes del departamento municipal de Recursos Humanos “que acreditan las funciones propias de este puesto y los servicios efectivamente prestados por la persona contratada”. Asimismo, han precisado que se han incorporado testimonios “que corroboran su asistencia al Ayuntamiento y el trabajo que desarrollaba”.
La otra causa de Urbano
García Urbano también está inmerso en otro proceso judicial dirigido por la Fiscalía Anticorrupción. En este caso, por otros presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la adjudicación de un local municipal para su uso como restaurante a su nuera. Un local situado en la Torre del Mirador del Carmen, uno de los lugares más cotizados de la ciudad. Este local, según investiga la magistrada, fue entregado a una mercantil que constituyó 'ad hoc' la pareja sentimental de su hijo, el 17 de noviembre de 2022.
La propuesta para "una actividad de restauración que responda a un proyecto turístico de calidad" fue realizada el 11 de enero de 2023 por la edil de Fomento, Ana Velasco Garrido, y a la misma solo acudieron dos empresas, entre ellas Inversiones del Mar SL, cuya administradora era Nadia Odeh Núñez, novia del hijo del alcalde.
En una providencia del Tribunal de Instancia de Estepona, la jueza Blanca Galán Sánchez citó para el 25 de mayo al regidor y a dos técnicos, que participaron en el proceso de adjudicación. Los técnicos municipales son José E. A., Rául D. F., y José Manuel G. D. P. Entre los citados también está la concejal Ana Velasco, para unas declaraciones que comenzarán a partir de las 10:30 horas. Todos ellos también figuran como investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Previamente, una semana antes, el 18 de mayo, compareció como testigo en sede judicial el Subinspector del Cuerpo Nacional de la Policía Nacional, que participó en las investigaciones iniciadas después de que se generará "una alarma social" a inicios del 2025 ante la sospecha de que El Mirador del Carmen fue concedido a personas a vinculadas con el alcalde García Urbano. Además, el pasado febrero, se conoció que un escrito del Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Estepona, firmado a fecha de 29 de enero de 2026, y al que tuvo acceso ElPlural.com, ha determinado que dicho local no habría satisfecho la cantidad en concepto de canon al no tener licencia de apertura.
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