La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 29.568.129 euros a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez como una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró mas de una década.

Cálculo a "grosso modo"
Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez Mercedes Alaya calcula esa cifra "grosso modo" teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía hasta febrero de 2004.

Artífice en "connivencia con otros"
Alaya la considera artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre 2000 y 2011. Ese procedimiento consistía en dotar a su consejería de fondos presupuestarios para llevar a cabo las políticas que desarrollaban los EREs. En caso de que la actual Vicepresidenta del Banco Europeo de Finanzas y ex Ministra de Fomento no pudiera hacer frente a esa cantidad de la fianza la juez procedería al embargo de sus bienes.

Alvarez defendió su actuación en los ‘EREs’
La exministra de Fomento Magdalena Álvarez tras declarar por segunda vez ante Alaya defendió su actuación desde la Consejería de Economía y atribuyó a la de Empleo la utilización de las transferencias de financiación para conceder ayudas sociolaborales. La juez, que la acusó de malversación y prevaricación por promover el procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales cuando fue consejera de la Junta, Álvarez subrayó a los periodistas que no está declarada “culpable” de nada.

Contubernio maquiavélico
El abogado de la exministra de Fomento recurrió el segundo auto de imputación dictado por la juez que investiga los ERE falsos, al considerar que se basa en “sospechas y especulaciones” para imputarle un “masivo contubernio” y una “maquiavélica actuación”. En un recurso el abogado Horacio Oliva mantenía que las acusaciones de Alaya “no resisten un mínimo escrutinio”, “carecen de la exigible argumentación jurídica” y se caracterizan por su “falta de concreción”. El auto de imputación, según Oliva “no pasa de incorporar un relato genérico y deslavazado, basado en especulaciones, tergiversaciones y errores manifiestos”.