La oposición de izquierdas ha intensificado sus críticas al acuerdo de gobierno firmado entre el PP y Vox apenas unos días después de la investidura de Moreno Bonilla como presidente de la Junta. Tanto Adelante Andalucía como Por Andalucía han coincidido en denunciar que el pacto supone un giro hacia las tesis de la extrema derecha y han reclamado que el Parlamento andaluz inicie su actividad cuanto antes para fiscalizar las medidas comprometidas por el nuevo Ejecutivo.
En el caso de Adelante Andalucía, su portavoz, José Ignacio García, acusó al PP y a Vox de pretender mantener bloqueada la actividad parlamentaria hasta septiembre y calificó de "barbaridad" que no se convoquen plenos ni comisiones antes del parón estival mientras los diputados siguen percibiendo sus retribuciones.
"Pretenden bloquear el funcionamiento del Parlamento hasta el mes de septiembre", ha afirmado García, quien ha defendido que existen asuntos urgentes que deberían debatirse ya, empezando por el contenido del acuerdo de gobierno que permitió la investidura de Moreno.
Entre las medidas que más preocupación suscitan en Adelante figura el punto 21 del pacto, que contempla la creación de un servicio de verificación del fraude prestacional, del padrón y de la residencia efectiva. García aseguró que esta iniciativa equivale a crear "una policía paralela, como el ICE de Trump, pero al servicio de Bonilla y Gavira", en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
El dirigente andalucista cuestionó quién controlaría ese nuevo organismo y advirtió de que su formación denunciará su puesta en marcha ante las instancias competentes si finalmente se desarrolla.
Asimismo, negó que Adelante hubiera mantenido conversaciones con Moreno durante el proceso de investidura y lanzó una crítica directa al presidente de la Junta. "Si Moreno Bonilla tiene problemas de conciencia por haber pactado con los fascistas, tiene dos opciones: ir a una parroquia y confesarse o romper el pacto", ironizó.
Por Andalucía habla de un pacto que traerá "ruina"
En su caso, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, sostuvo que la "estabilidad" que Moreno Bonilla atribuye a su acuerdo con Vox "es la ruina para el resto de personas que viven en Andalucía".
Igualmente, Rodríguez aseguró que el pacto perjudicará especialmente a autónomos, estudiantes, personas migrantes y a quienes dependen de unos servicios públicos fuertes, al considerar que el PP ha decidido poner "la sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda al servicio de las grandes empresas y de los fondos de inversión".
A juicio de la diputada, el Partido Popular ya aplicó durante la pasada legislatura políticas coincidentes con las defendidas por Vox pese a contar con mayoría absoluta, pero ahora ha oficializado una alianza política que durante la campaña electoral negó reiteradamente. "La relación de amor ya está consolidada", ironizó la parlamentaria, quien acusó a Moreno de haber asumido los planteamientos "xenófobos, machistas y racistas" de la formación de Santiago Abascal.
Además, Rodríguez planteó que solo caben dos interpretaciones del acuerdo: que el PP haya firmado un documento que no piensa cumplir o que Vox haya engañado a sus propios votantes aceptando un pacto que finalmente no desarrollará. En cualquier caso, sostuvo que el texto supone un ataque a los derechos y libertades de la ciudadanía andaluza.
Críticas al legado de Blas Infante y a la política migratoria
La portavoz de Por Andalucía también reprochó la ausencia de Vox en el homenaje institucional a Blas Infante celebrado el pasado lunes en el Parlamento y aseguró que el PP "ya ha roto con el legado" del considerado Padre de la Patria Andaluza.
En ese contexto, vinculó el acuerdo de gobierno con un modelo de Andalucía que, a su juicio, abandona los valores de solidaridad y justicia social para favorecer intereses económicos privados.
Rodríguez criticó igualmente la falta de respuestas del Ejecutivo autonómico tras el incendio del asentamiento chabolista de Palos de la Frontera, donde unas 300 personas perdieron sus viviendas. Según denunció, ni PP ni Vox han mostrado respaldo a unos trabajadores migrantes que, recordó, sostienen buena parte de la agricultura andaluza.
Además, acusó a ambas formaciones de querer debilitar la negociación colectiva con su propuesta de reducir un 50% las ayudas a los sindicatos: "No quieren trabajadores, quieren esclavos", afirmó.
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