El conflicto de la vivienda en Andalucía suma un nuevo frente, esta vez en el ámbito laboral e institucional. El Sector Autonómico de la federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía ha elevado una queja formal ante el viceconsejero de Fomento y la Secretaría General de Función Pública para denunciar la política de externalización que, aseguran, está aplicando la Junta de Andalucía en la gestión de su parque público de viviendas.
Para el sindicato, la sustitución de empleo público por "contratación externa en precario" no es un hecho aislado, sino un modus operandi que se está replicando a través de licitaciones idénticas en distintas provincias. "Esto demuestra que estamos ante una forma de gestionar que afecta al conjunto de la vivienda pública de Andalucía, y todo ello ocurre cuando más falta hace reforzar los servicios públicos para dar solución a los problemas habitacionales de la población", advierten desde la central sindical, alertando de que lo que está en juego es "el modelo de vivienda pública" de la comunidad.
El núcleo de la denuncia sindical radica en el tipo de labores que la Administración está derivando al sector privado. Según CCOO, en lugar de reforzar los recursos humanos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ante el incremento y la complejidad de la demanda social, la Junta está licitando tareas que forman parte de la esencia del organismo. Entre las funciones externalizadas destacan el acompañamiento a familias vulnerables, la intervención social, la mediación comunitaria, la gestión de la morosidad y el seguimiento para mejorar la convivencia en las promociones públicas, según el comunicado.
La paradoja de esta situación, subraya la organización sindical, queda reflejada en los propios pliegos de condiciones de los contratos. En dicha documentación, la Administración andaluza reconoce abiertamente que debe recurrir a empresas privadas porque "no dispone de personal suficiente" para ejecutar estas tareas, optando por una vía que CCOO califica de precaria y con "menos garantías para la población".
Pérdida de plantilla y exigencia de un plan de choque
Esta escasez de recursos humanos es el resultado de un desgaste prolongado que los sindicatos llevan años señalando. Desde el año 2014, AVRA ha sufrido una merma de aproximadamente el 19% de su plantilla, lo que se traduce en una drástica reducción del personal encargado de gestionar y administrar las cerca de 50.000 viviendas públicas que componen el parque autonómico en toda Andalucía.
Para CCOO, la gestión de familias en situación de vulnerabilidad requiere de "equipos estables, con conocimiento del territorio, continuidad en la intervención y capacidad de acompañamiento a largo plazo", características incompatibles con contratos temporales que van rotando de provincia en provincia. Al recordar que la gestión del parque residencial es la función primordial para la que fue creada la Agencia, el sindicato concluye que debilitar sus plantillas equivale a mermar la capacidad de la Junta para garantizar este servicio esencial.
Ante esta situación, la organización ha exigido formalmente la paralización inmediata de las nuevas licitaciones y la ejecución urgente de un plan extraordinario de contratación que permita recuperar el empleo público destruido durante la última década.
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