ElPlural Andalucía

La acampada en Sevilla va a "aguantar todo lo posible" a pesar de las "amenazas" municipales

Sevilla, Granada, Barcelona y Valencia se unen a través de un manifiesto conjunto donde piden a las administraciones negociar medidas reales para paliar el problema de la vivienda

Imagen de la acampada instalada en las Setas de Sevilla en solidaridad con el desahucio de Maricarmen | EP
Imagen de la acampada instalada en las Setas de Sevilla en solidaridad con el desahucio de Maricarmen | EP

Hace una semana la Policía Nacional desalojó la acampada que inició el Movimiento por la Vivienda en Madrid, que se ha convertido en la movilización ciudadana más longeva desde el movimiento del 15M de 2011. La acampada de la Puerta del Sol fue “brutalmente desmontada", según los acampados y acampadas, en una acción que llevó a cabo la Policía Nacional y Municipal de Madrid. Esta decisión fue tomada por la Delegación del Gobierno en la capital española, “con motivo de la detección de problemas tanto dentro como fuera del asentamiento”. 

Las 334 personas que estaban en ese momento fueron desalojadas del interior del asentamiento y se realizaron dos detenciones, mientras que los servicios de limpieza de la Comunidad de Madrid, delegados por el Ayuntamiento, actuaron de inmediato y desmontaron las lonas y las tiendas que estaban en la plaza. 

Tras la articulación del asentamiento el 26 de septiembre en la capital del Estado, el movimiento se replicó en distintas capitales de provincia del país. Ejemplos de ello son: Sevilla, Granada, Barcelona o Valencia que el pasado lunes, 9 de noviembre, emitieron un manifiesto conjunto en el que aseguraban que pretendían continuar de manera unificada y coordinada la acción reivindicativa, pese a las distintas “amenazas” que, según los manifestantes, han sufrido los sindicatos que permanecen en dichos lugares.

Precisamente, hace unos días Sevilla fue buena muestra de estas “amenazas”. El alcalde de la localidad, José Luis Sanz, advirtió con “tomar medidas legales” para desalojar Las Setas -la Plaza de la Encarnación-, lugar de la acampada en la capital andaluza y donde permanecen aún cientos de personas. El regidor municipal aseguró que carecía “de sentido” seguir con el asentamiento tras la retirada del Sindicato de Inquilinas del mismo. Asimismo, insistió en que la inminencia de la Navidad provoca que los trabajos de iluminación en la zona no pueden llevarse a cabo por este motivo.

Sin emabargo, a pesar de la citada tirantez con el Gobierno Local, los manifestantes aseguran que la acampada de Sevilla va a "aguantar todo lo posible", sin fijar una fecha concreta para el desalojo de las Setas de la Encarnación. 

Manifiesto

Las reivindicaciones firmadas por las citadas acampadas se basan en que “la vivienda es un derecho, no un negocio”, según el texto difundido por redes sociales, e insisten en que el final de la acampada será cuando se logre la “negociación” entre las administraciones y los manifestantes. Además han cargado contra algunas administraciones públicas, como la Generalitat Valenciana, porque “no se han sentado a negociar” con los acampados y acampadas y, además, exigen que “participe en la próxima reunión”.

Así, el contenido del manifiesto coordinado de las mencionadas ciudades consiste en la reivindicación de determinadas soluciones que permitan a la “clase trabajadora” tenga acceso a un hogar que no suponga la “desaparición de su salario”, y que deje de servir como “fuente de enriquecimiento para unos pocos”. Han emitido un listado con ocho puntos que construye un marco de negociación para solventar la “crisis habitacional” de la ciudadanía, indicando que este “no es un problema aislado”.

Dicho listado se centra en la “especulación inmobiliaria” y en la “responsabilidad” que tienen estas “plataformas” con respecto a la vivienda, la petición de más “vivienda pública”, la “disminución en un 50%” de los alquileres, en el “derecho a techo para todas”, que exista una “alternativa habitacional digna” ante un desahucio, y en que exista “transparencia y control” de las viviendas públicas. 

De la misma manera, este manifiesto supone una denuncia frente a la “discriminación inmobiliaria que sufren las personas migrantes y racializadas”, al igual que ante la situación de “expulsión de barrios y ciudades” de la población trabajadora. Los manifestantes aseguran que “defender la vivienda es defender una vida digna”, y han coordinado su actividad reivindicativa desde distintos puntos del Estado con el fin de “presionar a las administraciones” para conseguir “medidas concretas, resultados verificables y soluciones reales”.

 

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