7 razones por las que vecinos y ecologistas rechazan la planta de biogás de Cartagena (Murcia)

La planta de biogás que se quiere levantar en el Polígono Industrial de Los Camachos, en Cartagena (Murcia) se ha encontrado con la férrea oposición de vecinos y asociaciones ecologistas, por el enclave elegido y la forma en que se está desarollando el proyecto. 

Según denuncian, el plan choca frontalmente con la planificación urbanística, la protección de la salud pública, las expectativas del
sector empresarial y el sentido de la planificación territorial que dicen defender el Ayuntamiento cartagenero y el gobierno Regional.

Desde la Plataforma Ciudadana Stop Biogás Los Camachos-Cartagena-Mar Menor enfantizan que su rechazo no obedece a razones ideológicas, ni a la negación de la transición energética y el desarrollo de la comarca, sino a criterios técnicos, ambientales, urbanísticos, económicos y humanos.

Así, detallan un total de siete motivos por los que no puede ejecutarse en Los Camachos una planta de estas características. 

1. Demasiadas macroplantas de biogás: La entidad sostiene que en esta comunidad autónoma ya hay proyectadas demasiadas instalaciones de este tipo, hasta 40, y defiende que esta ciudad no puede asumir más carga ambiental. Además de la de Los Camachos, en el campo de Cartagena está previsto levantar otra macroplanta en San Javier, tres en Fuente Álamo, y otra en Escombreras, lo que cerca "literalmente la ciudad y su comarca dentro de un cinturón de residuos biológicos de gran toxicidad".

2. Décadas de actividades contaminantes: El segundo punto sobre el que llama la atención la Plataforma Stop Biogás tiene que ver con efectos que han tenido durante años en Cartagena la refinería, las plantas químicas, los vertederos, las industrias energéticas y el crecimiento desmesurado de la actividad agroindustrial. "Una macroplanta de biogás en el corazón de su expansión logística reproduce un patrón extremadamente injusto y anacrónico: volver a cargar sobre Cartagena y su comarca una actividad que genera impactos sin aportar valor añadido ni empleo cualificado", aseguran, precisando que reslta incoherente llevarla a cabo cuando el Ayuntamiento ha anunciado una inversión pública de casi 200.000 euros para revitalizar los polígonos industriales y convertirlos en motores de empleo y atracción empresarial". 

3. Riesgos para la salud pública: La planta proyectada, alertan desde esta entidad, puede producir emisiones, bioaerosoles y accidentes industriales en un territorio que acumula un largo historial de contaminación y "donde persisten niveles elevados de metales pesados y partículas tóxicas en aire y suelo". 

Así, precisan que, según la literatura científica y los propios Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que las empresas tienen que presentar en sus expedientes, las macroplantas de biogás generan emisiones asociadas a la descomposición de materia orgánica: purines, lodos y restos de animales que liberan gases como el metano, el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco y compuestos orgánicos volátiles.

En esta línea detallan que el sulfuro de hidrógeno (H2S), responsable del olor a huevo podrido, es tóxico incluso en bajas concentraciones; que el metano (CH4) es inflamable y contribuye a la formación de partículas que pueden favorecer enfermedades respiratorias y cardiovasculares.; que el amoníaco (NH3) es irritante y puede producir episodios de tos, dolor torácico y dificultades respiratorias; y que los compuestos orgánicos volátiles incluyen sustancias tan peligrosas como el formaldehído (CH2O), clasificado como cancerígeno.

Otro de los riesgos que señalan tiene que ver con la generación de bioaerosoles cargados de bacterias, hongos y virus procedentes de los residuos orgánicos. "Microorganismos como Salmonella, Clostridium o virus entéricos pueden liberarse al ambiente durante el manejo de residuos, creando un riesgo sanitario", alertan. A esto suman que el biogás es altamente inflamable y ha generado accidentes graves en distintos puntos de Europa, lo que desaconseja su instalación en terrenos próximos a un área residencial e industrial.

4. Impactos sociales: olores, tráfico pesado y pérdida de calidad de vida. Desde Stop Biogás, relatan también otras molestias que sobre la población generan este tipo de instalaciones. "El olor persistente de la fermentación de residuos puede impregnar barrios enteros, reducir el bienestar emocional, la calidad de vida y deteriorar la relación de las personas con el entorno", dicen, destacando que, según los análisis presentados en las alegaciones del proyecto, "el radio de afectación alcanzará gran parte de las ciudades de Cartagena y la Unión, pedanías como El Algar, los Nietos, Roche Bajo y Alto, la Aparecida, la Puebla, los Urrutias, el Garbanzal, la Media Legua, los Beatos y los Camachos, e instalaciones sensibles como una gasolinera y varios colegios e Institutos y el Hospital de Santa Lucía"

Del mismo modo, la planta de biogás, apuntan, generaría entre 40 y 80 trayectos diarios de camiones transportando purines, lodos y restos de cadáveres de animales, que atravesarían carreteras locales y zonas interconectadas con barrios residenciales. "Más ruido, más polvo, más contaminación, más deterioro de las infraestructuras públicas, más accidentes y más degradación del paisaje", resumen.

5. Riesgo inadmisible para el Mar Menor: La ubicación elegida para la planta de Los Camachos se encuentra en la cuenca vertiente del Mar Menor conectada por la Rambla de Miranda, uno de los cauces naturales que drena directamente hacia la laguna salada más grande de Europa. "Cualquier lixiviado a los acuíferos subterráneos, vertido accidental de digestato, lodos o aguas residuales, ya sea por negligencia, fallo técnico, accidente de tráfico o episodio de lluvias torrenciales acabaría canalizado por este cauce", advierten. Esto supone, dicen, "un riesgo inasumible para un ecosistema cuya fragilidad es sobradamente conocida y que cuenta con un marco jurídico específico de protección: la Ley 19/2022, de Reconocimiento de la Personalidad Jurídica del Mar Menor, una norma que obliga a todas las administraciones a aplicar el principio de precaución".

6. Urbanísticamente inviable y contrario a la ZAL de Los Camachos: Otra de las cuestiones que motiva la oposición de vecinos y ecologistas al proyecto tiene que ver con el suelo donde se quiere construir, clasificado como urbanizable sin sectorizar, lo que implica que no puede albergar instalaciones permanentes, ni actividades industriales de tratamiento de residuos.

"Mientras no se apruebe un plan de desarrollo (plan parcial), ese suelo conserva la naturaleza rural y solo puede acoger usos provisionales", enfatizan, recordando que "la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia es clara al respecto. Asimismo, indican que la parcela se integra dentro del ámbito de la Actuación de Interés Regional (AIR) de la ZAL Los Camachos, cuya finalidad es crear una plataforma logística intermodal conectada con el puerto, el ferrocarril y la AP-7; y que  en 2022, SEPES vendió 276.000 m2 a la Autoridad Portuaria por un precio simbólico (10 €/m2), precisamente porque el destino era logístico y estratégico.

Sin embargo, "estos mismos terrenos han sido posteriormente cedidos por la Autoridad Portuaria de Cartagena a la empresa promotora de la macroplanta de biogás mediante un procedimiento opaco, del cual desconocemos los documentos, criterios y pasos administrativos seguidos, pese a haberlos solicitado formalmente", insisten.

Dentro de este punto, la Plataforma Stop Biogás detalla también que la revisión del Plan General (2024) mantiene la clasificación como suelo sin sectorizar dentro del ámbito ZAL y activa la suspensión de licencias, lo que impide conceder autorizaciones de obras o actividad mientras dura la tramitación. 

7. Freno para el empleo y la inversión logística: El último asunto sobre el que llama la atención esta agrupación tiene que ver con el perjuicio económico de estas instalaciones para Cartagena. "Convivir con una macroplanta de biogás implica un riesgo reputacional, logístico y sanitario. Y, en consecuencia, muchas empresas podrían deslocalizarse o renunciar a establecerse en la ZAL", avanzan, al tiempo que subrayan que "el biogás no genera empleo cualificado, ni valor añadido comparable al de las actividades logísticas o tecnológicas previstas, y sí desincentiva la llegada de operadores, reduce la competitividad del territorio y bloquea la capacidad de Cartagena para consolidarse como un referente logístico regional y estatal".

Responsabilidad del Ayuntamiento y Gobierno autonómico 

Desde la Plataforma recuerdan que la competencia para autorizar la macroplanta de biogás de Los Camachos recae, exclusivamente, sobre el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Medio Ambiente, que tiene la potestad de emitir la Autorización Ambiental Integrada (AAI); y sobre el Ayuntamiento de Cartagena, al que corresponde verificar la compatibilidad urbanística y otorgar o denegar la licencia de obra y actividad.

De ahí, que les exijan a estas administraciones, además de transparencia y rigor, la suspensión inmediata y definitiva del proyecto, la protección integral de la ZAL como espacio estratégico de desarrollo logístico y la defensa del defensa del derecho a un entorno sano, seguro y digno para la población.