El año parlamentario andaluz va a finalizar con la aprobación de un proyecto de Ley importante para las personas homosexuales (gais y lesbianas), bisexuales, trans e intersexuales: la denominada Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.
Una ley que tras su azaroso trámite parlamentario (hay que recordar que ha sido la primera vez en la historia de la cámara andaluza que se admitieron a trámite dos leyes muy similares en el mismo acto, la presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos y la registrada por el Grupo Parlamentario Socialista, por este orden) ha conseguido que todos los grupos del Parlamento de Andalucía (los cinco que reflejan la diversidad política de la Comunidad Autónoma) aprobaran en la Comisión de Igualdad, por unanimidad, el dictamen que permitirá este martes 19 de diciembre, la votación por el Pleno del Parlamento. Una aprobación en Pleno que se aventura también por unanimidad.
Porque la unanimidad en el pasado de leyes tan importantes para las personas LGTBI como la Ley de Parejas de Hecho o la Ley Trans, debe mantenerse en torno a esta Ley. Esto, además, nos situaría en una posición única en el ámbito estatal, donde estas leyes autonómicas han sido aprobadas en un clima de crispación y oposición que están impidiendo el desarrollo efectivo de las mismas, como ha ocurrido en Madrid o Extremadura.
Para la organización LGTBI que presido, Adriano Antinoo, el trabajo realizado en los dos últimos años lo damos por bien invertido con la ratificación de un texto que está llamado a cubrir un amplio espectro de la realidad de las personas LGTBI andaluzas, y, lo que es igualmente importante, sus familias.
Como bien afirmó la entidad Galehi el pasado domingo en las Jornadas LGTBI organizadas por el Instituto Andaluz de la Juventud en colaboración con la coordinación LGTBI de la Consejería de Igualdad, por primera vez en toda España, hijas e hijos de padres y madres homosexuales, monoparentales o en matrimonio, contarán con un marco legal que mitigará algunas de las dificultades ante las que enfrentan en la vida cotidiana.
Para las personas LGBI se trata de una ley necesaria, pero no definitiva, que facilitará el ejercicio de los derechos que las leyes españolas y andaluzas amparan pero que en el día a día muchas veces encuentran dificultades para su ejercicio.
No obstante, hay que dejar claro que se trata de una ley que por su propia naturaleza no modifica el Código Penal, sino que implementa una serie de sanciones administrativas que pretenden garantizar los derechos LGTBI en el ámbito de las administraciones públicas, el sistema educativo, sanitario y de la tercera edad, así como las empresas privadas.
Algunas demandas de calado de Adriano Antinoo se han quedado fuera de la Ley, como la creación del Instituto Andaluz de la Diversidad Sexual, que planteamos como instrumento para el desarrollo de la Ley. Pero confiamos que en la próxima remodelación del gobierno andaluz pueda crearse una Dirección General para el impulso de las políticas LGTBI en Andalucía.
Si se cumplen las expectativas de organizaciones y partidos, a partir de su publicación, Andalucía contará con una ley moderna, eficaz y viable de amplio consenso político y asociativo que marcará un camino que deberemos recorrer, todas y todos juntos, en los próximos años.
(*) Pablo Morterero es presidente de la asociación Adriano Antinoo.
