Política
Luis Bárcenas y María Dolores de Cospedal en el Senado en un foto de archivo.
Luis Bárcenas y María Dolores de Cospedal en el Senado en un foto de archivo.

Batería de impugnaciones para enterrar la supuesta mordida de Cospedal

Los abogados de los imputados coinciden en desacreditar al extesorero del PP, Luis Bárcenas

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Dom, 16 Jul 2017

Los abogados de los imputados del PP y de Sacyr, empresa que según declaraciones en sede judicial de Luis Bárcenas pagó una mordida de 200.000 euros para financiar la campaña electoral de Cospedal en 2007 a cambio de la concesión del servicio de basuras de Toledo, han presentado una batería de impugnaciones contra los recursos de reforma de la acusación popular, representada por IU, Ecologistas en Acción, Asociación Libre de Abogados (ALA), Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y Asociación Observatori de Drets Humans (DESC), en los que, como ya publicó ELPLURAL.COM en exclusiva, consideraban el “sobreseimiento (de la supuesta mordida) como una carta blanca a la impunidad”.

“Bárcenas carece de credibilidad”

Para los abogados defensores de los todavía imputados, aunque el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz, dictara el pasado mes un auto en el que sobresee el caso de la supuesta mordida de Cospedal, sin saber quién, por qué, a dónde y qué razones hay para que el PP castellano-manchego recibiera la cantidad de 200.000 euros que a día de hoy nadie sabe de su paradero, entre los que se encuentran el prestigioso, caro y elitista letrado, socio de la firma Baker & Mckenzie, Jesús Santos Alonso, coinciden en restar importancia y credibilidad a las declaraciones ante el juez Pablo Ruz de Luis Bárcenas.

En su impugnación, el que fuera teniente fiscal de la Audiencia Nacional, a la que se incorporó en 1989 sustituyendo en el cargo a la fiscal Carmen Tagle, asesinada por la banda terrorista ETA, a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, junto al resto de escritos del resto de las defensas, señala que “el único indicio que obra ahora mismo en la presente causa es la declaración de co-investigado (hoy día acusado) que carece de las notas de credibilidad objetiva y subjetiva exigibles por nuestros Tribunales”, y añade, “en definitiva, no existe en la causa indicio alguno que acrediten en la presente causa la existencia de dádivas, favores, recompensas o promesas a funcionarios públicos”.

Lo que dijo Bárcenas a Ruz

Por cierto, el PSOE castellano-manchego ya preguntó en su día sobre quién paga la minuta de los letrados que defienden al gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, que obvian, eso sí, recoger en su impugnación las declaraciones de Bárcenas, cuyo relato extractamos para que nuestros lectores se sitúen en el caso: “Por parte de distintos representantes del Partido Popular de Castilla-La Mancha se habrían realizado gestiones para la obtención de una aportación que finalmente se concretaría en la suma de 200.000 euros por parte de la empresa Sacyr-Vallehermoso, supuestamente para atender a los gastos derivados de la campaña electoral autonómica de 2007, utilizando para ello la intermediación del señor Bárcenas en su condición de gerente nacional del Partido, y llegando a establecerse una vinculación entre la referida aportación económica y una adjudicación realizada en Toledo a favor de la mercantil antes mencionada (…) Al construir dicho relato el señor Bárcenas, sin perjuicio de las vaguedades o inconcreciones que introduce en el mismo, atribuye a la señora De Cospedal García la iniciativa en cuanto supuesta manifestación de voluntad de ser recibida por Luis del Rivero en Sacyr Vallehermoso (…). Bárcenas atribuye a Tirado “la asistencia a una reunión con responsables de la citada mercantil –en concreto el señor Del Rivero y el señor Manuel Manrique- para tratar de la cuestión”.

Según declaró Bárcenas, “Tirado habría puesto de manifiesto la necesidad de contar con una aportación de cierta importancia (en torno a los 700.000 euros) para ayudar al desarrollo de la campaña electoral en Castilla La Mancha, y que del mismo modo durante la conversación “el señor Tirado se refirió a que, en fin, que habían sido o iban a ser adjudicatarios de alguna obra o algo en Toledo”, acusaciones que Tirado siempre ha negado.

Y lo que dijo Cospedal y sus huestes

El letrado Santos Alonso también “olvida” referenciar en su texto de impugnación el asentimiento de Cospedal sobre los 200.000 euros, reconociendo ante los medios de comunicación que dicha cantidad fue una entrega de dinero del PP nacional al regional para cubrir gastos electorales. “Lo único que prueba este documento (el famoso recibí), es que el gerente del PP en Castilla La Mancha, al igual que el resto de los gerentes regionales del partido, recibirían la asignación para la campaña electoral, de la que Bárcenas entonces, como gerente, era responsable y administrador de la campaña”, dijo la hoy ministra de Defensa.  Sin embargo, de haber sido así, esa cantidad aparecería en la fiscalización de los gastos electorales de las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha que realizaron el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas regional. Y el dinero no aparece en ninguno de los dos informes. Es decir, los 200.000 euros no aparecen ni en Madrid ni en Toledo; no están en la contabilidad ordinaria y la única cantidad transferida de Génova a Ronda de Buenavista (sede del PP toledano) asciende a 34.619 euros, y punto.

Aún es más, los tres miembros del departamento de auditoría interna que Génova tiene o tenía en nómina, Carlos Luca Bignami, Benito Javier Torre de la Fuente y Antonio López de Pablo, declararon ante Ruz que: “Bajo ningún concepto podía entregarse dinero del partido a ninguna región si no era por transferencia bancaria desde una cuenta de gastos de campaña, nunca en metálico”. Fin de la cita que deja en clara evidencia, un vez más, a la secretaria general de los conservadores, que a preguntas de los abogados en su declaración en la AN se negó a contestar, negativa que fue refrendada por Ruz porque consideró la pregunta “no pertinente”.

A vueltas con el protocolo de las basuras

El mismo abogado, pero en esta ocasión en la impugnación correspondiente a su también representado, el exvicealcalde de Toledo y tesorero del PP, Lamberto García Pineda, echa mano del socorrió protocolo, un documento firmado por García Pineda, la empresa y los sindicatos donde se reconoce que el salario pactado en el convenio colectivo “ha quedado obsoleto”, con el consiguiente incremento millonario de la concesión de recogidas de basura. Para la defensa, el documento es una “mera declaración de intenciones” y señala a la siguiente corporación, presidida por el PSOE,  como responsable de la ratificación del mismo.

Pero aquí no quedaron los incrementos sospechosos y no aclarados de la concesión de recogida de basuras a Sacyr. Tampoco se aclara el segundo y millonario contrato concedido a esta empresa por valor de 1,4 millones de euros, en este caso para encargarle los trabajos de conservación de los viales de la localidad, un servicio que nunca antes se había prestado en la capital de Castilla-La Mancha.  El contrato se firmó sólo tres meses después de que el Ayuntamiento de Toledo sellara la adjudicación del servicio de recogida de basuras durante toda una década. El importe de esa operación ascendió a más de 63 millones de euros, una cantidad desorbitada para una Administración local.

Sin duda, los recursos de reforma presentados por la acusación popular recogen y detallan investigaciones aun por realizar, a pesar de las impugnaciones de las defensas.