El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido este lunes viviendas municipales para conseguir el cierre del Centro de internamiento de Extranjeros (CIE) que se encuentra en el barrio madrileño de Aluche. En ellas, asegura el informe presentado esta tarde por la alcaldesa Manuela Carmena, “la persona extranjera podrá permanecer teniendo cubiertas sus necesidades básicas, hasta que se resuelva su expulsión o no del territorio nacional”.

Este documento ha sido elaborado por una mesa de trabajo en la que se encontraban entidades sociales ONGs centradas en los derechos humanos y con el objetivo claro de acabar con el CIE, lugar donde en diversas ocasiones se ha denunciado la violación reiterada de estos derechos.

Las conclusiones del informe apuestan porque antes de entrar en el CIE, se valoren las circunstancias personales y de vulnerabilidad, "prestando especial atención a personas en situación de especial vulnerabilidad o de arraigo social o familiar". En este sentido, se quieren promover medidas para que el CIE solo se utilice "como último recurso y una vez se haya descartado la adopción de medidas alternativas".

Otras de las medidas que se contemplan en el informe es dotar al Servicio de Asesoramiento a Jueces e información al detenido y a su familia (SAJIAD) de un número de trabajadores sociales "suficiente" para que puedan solicitar informes sociales y de arraigo de todas las personas extranjeras en situación irregular que pasen a disposición judicial en los Juzgados de Plaza de Castilla.

En esta línea, se ofrecerán recursos necesarios, como alojamiento y alimentación, para que los jueces "puedan evitar el internamiento del ciudadano en el CIE" y se pretende firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Madrid "para facilitar a los defensores de las personas que puedan ser internadas en el CIE".

Después del internamiento

Una vez se abandona el CIE, los servicios municipales de la Junta de Distrito de Carabanchel deberán tener "información completa de la situación personal y familiar en al que se encuentran las personas allí internadas para poder preparar los recursos que precisen en el momento de su salida".

En caso de conocerse la fecha probable de ejecución de la orden de expulsión, los trabajadores sociales deberán ofrecer a la persona internada la posibilidad de ofrecer a la persona internada la posibilidad de comunicado ese dato al letrado que lo asista.