El Partido Popular ha presentado un escrito ante la sala segunda de la Audiencia Nacional, que juzga la Pieza Separada de la primera época del caso Gürtel en el que reclama que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, realice por videoconferencia su declaración como testigo ante los jueces. Según el PP, Rajoy “está legitimado para solicitar que su declaración se practique por el sistema de videoconferencia”.

Para justificar su petición, el PP, en el escrito al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, acuden al artículo 731 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que estipula que se podrán realizar declaraciones a través de vídeo por “razones de utilidad, seguridad o de orden público” y cuando la comparecencia del testigo “resulte gravosa o perjudicial”.

Como razonamientos para que Rajoy comparezca en una pantalla de plasma -en lugar de un su despacho de Moncloa, como había ofrecido la acusación popular ADADE, asociación que haía pedido su testificación-, el PP alega que esta opción es “el medio menos perturbador para el desempeño de las funciones del cargo del Presidente del Gobierno”.

Además, señalan, para reforzar su alusión al artículo 731 de la LECRIM, que “concurren motivos de seguridad y/o orden público” debido al “cargo público que ostenta el Presidente del Gobierno”.

Además, el PP señala que “el recurso a este medio tecnológico no conculca el derecho a la defensa de las partes” y rechaza el argumento de la acusación popular de que “la técnica de la videoconferencia vulnera el principio de inmediación en la práctica de la prueba”. Para ello, alude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a una sentencia suya en la que se perseguían fines legítimos "tales como la defensa del orden público".

Por último, alegan que  la videoconferencia “es una práctica extendida en el ámbito judicial penal” y ponen como ejemplo “habitual” la declaración por este medio “de todos aquellos funcionarios o testigos que residen fuera del partido judicial donde se celebre el juicio”. “Su utilización ha sido ampliamente avalada por nuestros Tribunales y obedece a razones de operatividad que no pueden ser, ni son ajenas, a los órganos de administración de justicia”, concluye el escrito del PP.