“Es un mundo muy cerrado, donde todos nos conocemos.., y nadie sabe aún a estar alturas qué es lo que ha pasado, cuál es la verdadera razón para el cambio”. Esa descripción del ambiente cerrado y de casta podría aplicarse a cualquiera de las llamadas carreras judiciales. Pero esta vez quien lo utilizaba al hablar con ELPLURAL.COM era un ya veterano fiscal. Y el caso por el que mostraba sorpresa e incomprensión era nada menos que el del relevo de quien está en la cúpula de su carrera, el de la Fiscalía General.
Cien horas para un cambio
Un relevo que se produjo rodeado de circunstancias extrañas, que dos meses después de producirse aún es un misterio.., y cuyas consecuencias empiezan a mostrarse muy importantes.
Recordamos los hechos. Nada más tomar posesión el pasado día 7 de noviembre como renovado ministro de Justicia, Rafael Catalá hizo unas declaraciones públicas, ratificadas al parecer en privado, sobre la Fiscalía General que parecían inequívocas. Cuando le preguntaron sobre la continuidad de Consuelo Madrigal, el ministro dijo “ha hecho un buen trabajo”. Y a continuación anunció que renovaba a todos sus altos cargos.
El compromiso parecía tan claro que, según tenemos constancia, Consuelo Madrigal horas después celebraba con un pequeño ágape su ratificación con sus colaboradores más cercanos a los que, también ella, anunciaba su disposición a ratificarles en el puesto. Fiasco, porque sólo cuatro días más tarde se filtraba que José Manuel Maza (del que este lunes publicamos una biografía redactada por Los Genoveses) sería el nuevo Fiscal General ¿qué había pasado en las aproximadamente cien horas que separaban la ratificación y el la extraña caída en desgracia de Consuelo Madrigal y el inesperado ascenso de José Manuel Maza?
Las continuidades de los fiscales
Los fiscales reconocen seguir sin conocer los detalles del cambio al frente de su institución porque, simplemente, nunca se han ofrecido desde el Ministerio de Justicia. Según consta a este periódico ni siquiera se le han dado explicaciones a la exfiscal general Consuelo Madrigal, que reconoce a sus compañeros no saber cuál fue su pecado. Como sucede siempre, la falta de información ha alimentado durante estas semanas los rumores y las explicaciones plausibles. Especialmente, claro, entre los afectados, los fiscales.
Y esas explicaciones plausibles se han centrado especialmente en dos direcciones: una, la que resulta menos plausible entre los fiscales, que Madrigal, siguiendo por cierto las órdenes del Gobierno, se había mostrado dura en el asunto catalán, resultaba incómoda ahora que desde Moncloa se pretende otra política, más dialogante; otra, la más creíble en los mismos círculos, que Madrigal no sólo había mostrado su disposición a mantener en sus cargos a la mayor parte de los fiscales, en especial en los puesto clave, sino que se resistía a posibles sugerencias para realizar cambios en esos cargos delicados.
Sea cual sea la razón para el sorpresivo relevo al frente de la Fiscalía, lo cierto es que lejos de la que parecía la intención declarada de su antecesora, todo indica que Maza en los próximos días va a proceder a una renovación generalizada de fiscales. Los sustituidos, y los nombres de los sustitutos sin duda aportarán luz sobre la razón para lo sucedido. Desde luego el enredo ha ganado sustancia con el caso de la investigación en Murcia del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y la fallida solicitud de procesamiento contra el presidente de esa comunidad a partir de una intervención personal del Fiscal General en la que involucró a los fiscales de Sala del Supremo, a la Fiscalía Anticorrupción y a las fiscales del caso.
Comentarios al margen
El misterio en torno a la sustitución sobrevenida de Consuelo Madrigal al frente de la Fiscalía General por José Manuel Maza admite igualmente comentarios. Para empezar por el perfil del elegido, el propio Maza. Un hombre que ejerció de fiscal, según quienes ahora son sus súbditos, “15 días” (una forma de poner en valor los menos de seis años que fue fiscal en medio de los 40 años que lleva ejerciendo en el mundo de la judicatura). Y es que en la época en la que Maza opositó, años setenta, el temario era idéntico para jueces y fiscales y él aprobó las dos oposiciones, pero se decidió por la de juez, en la que ha pasado más de tres décadas.
Pero para seguir, también resulta llamativa la falta de continuidad que Mariano Rajoy da a quienes ostentan este cargo que sus antecesores en la presidencia del Gobierno han respetado de manera casi religiosa. José Luis Rodríguez Zapatero llevó de hecho ese respeto casi hasta el límite, ya que durante los ocho años de su mandato mantuvo al mismo fiscal general, Cándido Gómez Pumpido. Pero es que su antecesor, el elector del propio Rajoy, José María Aznar, durante sus 8 años de mandato tan sólo tuvo dos fiscales generales, y eso porque al primero Juan Ortiz Úrculo, se vio forzado a cesarle en medio de un caos tras sólo ocho meses en el cargo. A su sucesor, Jesús Cardenal, le mantuvo durante los siete largos años restantes de su mandato.
Precedentes convenientes
¿Por qué estos cambios constantes de Rajoy entonces en la Fiscalía General? ¿Acaso porque él y el propio PP están acosados por los casos de corrupción? Resulta difícil obviar en todo esto, de nuevo, el rol que ha jugado el Fiscal General Maza en el caso de la trama Púnica, Murcia y el presidente Pedro Antonio Sánchez. Cuando se mira el historial de Maza, los medios subrayamos siempre el hecho de que se opuso a que se aplicara la llamada desde entonces doctrina Botín al presidente del Santander, o a que fue el único juez que insistió en la inhabilitación del magistrado Baltasar Garzón por el caso de la Memoria Histórica, pero se olvida otra decisión de Maza que tiene un enorme relieve ahora.
Fue él, en su calidad de Magistrado del Supremo, quien como ponente estableció jurisprudencia al considerar que no podía procesarse por prevaricación al presidente de Melilla, Juan José Imbroda por haber concedido subvenciones a los medios de comunicación de la Ciudad Autónoma. Realizó un dictamen Maza según el cual no está regulada la naturaleza jurídica de los contratos de publicidad institucional entre las administraciones y los medios de comunicación. Una “laguna” que dejaría en el aire si con esos contratos se beneficia al político que los firma, o el propio cargo que representa. Cámbiense los apellidos de Imbroda por Sánchez y el de Melilla por el de Murcia y se entenderá mejor de lo que hablamos.
