El Tribunal de Cuentas ha aprobado y dado a conocer el informe sobre la cuenta general de Castilla-La Mancha en el año 2014, texto del que concluye que el Ente Público Radio-Televisión de Castilla-La Mancha procedió a la contratación de personal sin el informe previo y favorable de la Dirección General de Presupuestos, incumpliendo la Ley de Presupuestos. Según las conclusiones del tribunal fiscalizador, recogidas por Europa Press, se incumplió igualmente la Ley por la tramitación de ampliaciones de crédito, por valor de 290 millones de euros, ya que en este ejercicio estaban prohibidas las modificaciones de crédito que supongan aumento en las necesidades totales de financiación.

“El tiro por la culata”

Curiosamente es el Tribunal de Cuentas el que enmienda la labor de María Dolores de Cospedal al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha (2011-2015), cuando fue ella, precisamente, la que decidió de forma arbitraria suprimir la Sindicatura de Cuentas de la comunidad por entender, dijo, que se trataba de una duplicidad y un “gasto despilfarrador”. Tres años después, el “tribunal de sus amores” hace público un informe que revela que en el ejerció 2014, bajo “reinado” de Cospedal, se rindieron cuentas respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido; si bien las cuentas del Ente Público Radio-Televisión Castilla-La Mancha y de la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, integradas en la Cuenta General, deberían haberse presentado de acuerdo con los principios y normas de contabilidad pública. Cosa que no se hizo.

Gastos imputados a falsos ejercicios

El Tribunal de Cuentas saca los colores al Gobierno de Cospedal y a su entonces consejero de Hacienda y hoy subsecretario de Estado de Defensa, Arturo Romaní, al advertir que no se “contaba con un plan de disposición de fondos aprobado, que no existía aún vinculación entre la aplicación de inventario y la contabilidad para la totalidad de bienes, produciéndose además diferencias entre los registros de las rúbricas de inventario y los saldos contables de las cuentas de inmovilizado; y que 52,5 millones gastados por el Sescam en adquisiciones, obras y servicios fueron imputados a este ejercicio pese haberse realizado con anterioridad. Además, asevera el Tribunal de Cuentas que las Fundaciones Cultura y Deporte, Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración y Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha no registraron contablemente la cesión de uso de las instalaciones en las que desarrollaban sus actividades.

La sombra del Cospeleaks

Y no sólo eso, el informe recoge el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, cifrando el déficit en 669 millones de euros, lo que supone el 1,80% del PIB. Del mismo modo, habla de la obligación impuesta a la Junta de reponer en su puesto de trabajo a 390 funcionarios interinos, desaguisado ya corregido por su sucesor, el socialista Emiliano García-Page, así como que RTVCM (hoy CMM) y la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha, conocida como “CospeLeaks” y dedicada a repartir millones de euros entre los medios de comunicación amigos, escándalo destapado por ELPLURAL.COM en diciembre de 2014, año del informe emitido por el Tribunal de Cuentas, superaron la cuantía de gastos de personal prevista en su presupuesto aprobado. 

Las “tropelías de Nacho Villa”

Pero ha sido en el ámbito de la radio y televisión pública donde los socialistas exigen a dirigentes del PP que den explicaciones de “por qué se saltaron la ley”, al mismo tiempo que les instan a “pedir perdón”. En este sentido, El portavoz del PSOE en el Consejo de Administración de Castilla-La Mancha Media (CMM), Patrocinio Gómez, ha considerado  una “tropelía más” de las que se cometieron durante la anterior legislatura en el Ente Público y que se añade a “los casos de manipulación extrema, tarjetas black, amarillismo y ataques sin precedentes a los trabajadores que se vivieron durante esos años negros”. Gómez pregunta a los anteriores responsables del Ente y de la Junta “de por qué se ocultaron esas contrataciones” de las que tampoco se dio cuenta en su día al consejo de Administración de RTVCM, “incumpliendo también la Ley del Ente Público”, para finalmente sentenciar que  "hoy queda blanco sobre negro la ilegalidad de la contratación de la redacción paralela de la que se rodeó Villa para atacar sin piedad a todo aquel que criticara la gestión de Cospedal”.