Una vez más, Hacienda vuelve a hacer oídos sordos a las peticiones judiciales. Ya lo tuvo que sufrir en 2015 el juez Pablo Ruz, con motivo de la trama Gürtel y ahora el calvario le ha caído a Eloy Velasco, que no consigue ayuda del organismo dependiente de Cristóbal Montoro para investigar la trama Púnica.
Todo arranca a mediados de julio de 2015, cuando Eloy Velasco, como titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, envía una resolución a la Dirección General del Catastro, pidiendo “auxilio jurídico” para investigar la trama Púnica y su relación con el Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro.
En concreto, Velasco pide que se le faciliten dos arquitectos peritos de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid. Desde el catastro, a través de un informe, le responden que no pueden cumplir su petición, que sólo pueden “emitir certificación relativa al valor catastral de los bienes inmuebles” que le competen, pero que dichos informes no valdrían como dictamen pericial.
Es más, le señalan que “el Cuerpo de Arquitectos Superiores de Hacienda”, quienes pueden investigar y valorar propiedades independientemente del tributo afectado, forman parte de “la Administración General del Estado dependiente del Ministerio [de] Hacienda y Administraciones Públicas”.
Es entonces cuando el magistrado pide a Hacienda, siguiendo las indicaciones del catastro, que se le suministren dos peritos. Y no es hasta el 28 de octubre de este año cuando el organismo, con la firma de su director general, Santiago Menéndez, envía una respuesta a Velasco: no le van a dar peritos y tiene que conformarse con los dos funcionarios que le prestaron en abril de 2015.
La respuesta a “ese Juzgado Central de Instrucción” señala que entienden “la especial trascendencia de la causa” porque “protege los intereses generales del Estado”. Pero añade que el auxilio que pide Velasco “no entra en el ámbito de las funciones y competencias” de la Agencia Tributaria.
En su explicación jurídica, Menéndez apela al artículo 103.1 de la Ley 31/1990 que, en resumen, recoge que la Agencia Tributaria se dedica sólo a “la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero”. Y que el auxilio que pide el juez “consiste en una valoración técnica diferente de la propia materia tributaria”.
Además, añade que el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública no está adscrito a la Agencia Tributaria y que estos servicios, cuando Hacienda los requiere, los externaliza “debido a la escasez de medios humanos en este ámbito”. Por lo que para contar con dos peritos habría que hacer “una contratación de medios ajenos”.
Concluye Menéndez señalando que los funcionarios de Hacienda sí están disponibles para la Justicia “dentro del ámbito de competencias que el ordenamiento jurídico les atribuye”. Y remacha recordando a Velasco que “tiene designados desde abril de 2015 a dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Hacienda” que colaboran con la investigación de la Púnica.
La historia se repite
Lo curioso de este asunto es que no es la primera vez que la Hacienda de Montoro decide echarle un pulso a la justicia. Ya ocurrió cuando se comenzó a investigar otra trama que inunda al PP, la Gürtel, con la diferencia que en esta ocasión la ayuda se le negó al juez Pablo Ruz.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y el ministro Cristóbal Montoro. EFE
Tal y como contamos en marzo de 2015 en ELPLURAL.COM, Ruz pidió a la Agencia Tributaria que se le concretase el dinero que el PP debería pagar de haber tributado parte de su caja B: las donaciones en negro; o en palabras del propio juez, "la tributación que eventualmente habría de corresponder al Partido Popular (pagar) en el caso de no considerarse rentas exentas de tributación las aportaciones económicas que en concepto de donaciones aparecen anotadas en los registros contables opacos".
Sólo una semana después de hacer esta petición, Ruz recibía respuesta: la gente de Montoro se negaba a calcular esa cantidad. ¿Por qué? Aunque el juez cree que deberían haber tributado, los técnicos de Hacienda creen que el PP está exento de pago porque aunque es cierto que no lo declaró, uso ese dinero para fines que recoge la ley de partidos. Ellos deciden qué es y qué no es delito.
Ante la negativa, Ruz decidió subir la apuesta y exigirles también saber si además el PP debería haber pagado el IVA devengado por esas donaciones en negro y que se utilizó en las obras de reforma de la sede nacional del PP en Génova, 13.
La cosa queda entre hermanos
En medio de esta lucha, al director de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez o a Montoro les debió parecer buena idea redactar un argumentario con el que sustentar su posición frente a las exigencias de Ruz.
Un argumentario que se filtró a la 'prensa amiga' y que fue redactado por alguien de confianza, nada más y nada menos que otro Menéndez, Rogelio Menéndez, su hermano y también inspector de Hacienda.
Puede que la intención fuera que el documento se difundiera de forma interna, pero se filtró y quién lo hizo no borró los metadatos. Gracias a eso, se pudo comprobar quién y cuándo se escribió.
