El pleno del Parlament se dividió ayer entre bucaneros (JxS y la CUP) y filibusteros (Ciudadanos, PSC, Catalunya Si que es Pot y PP) a raíz del método impuesto por la mayoría para aprobar la ley más relevante y polémica de todas las que ha aprobado la cámara catalana.
Los bucaneros forzaron la publicación en el diario oficial del Parlament del texto de la proposición de la ley, admitido a trámite por la Mesa a última hora, saltándose la negativa del secretario general; ignoraron los informes de los servicios jurídicos que hacían referencia a la inconstitucionalidad del texto; aprobaron un único debate abreviado (dos horas para presentar enmiendas al articulado, saltándose el debate de la totalidad, los trabajos de la ponencia, además del trámite para acudir al Consell de Garanties Estatutàries y solicitar el dictamen correspondiente) y se sorprendieron e incluso criticaron a los diputados de la oposición por practicar el filibusterismo parlamentario, en un intento frustrado por retardar la aprobación de la ley con sus diversas cuestiones de método.
¿Y los derechos de la oposición?
Hasta tres veces negó la mayoría independentista de la Mesa la petición de reconsideración de la alteración del orden del día y la aplicación del método abreviado para aprobar la ley del referéndum. Los filibusteros apelaron continuamente a la defensa de los derechos de los diputados de la oposición y denunciaron la vulneración de los mismos, mientras que los bucaneros excusaron sus malas maneras democráticas como una respuesta a las malas maneras democráticas del Gobierno Rajoy y de la propia oposición.
Ustedes nos han forzado a hacerlo así, resumió la portavoz de JxS, Marta Rovira, aludiendo a la imposibilidad de la ponencia única y los múltiples recursos ante el Tribunal Constitucional. Para la mayoría, pues, no había otro remedio que herir de muerte al Parlament y a su reglamento, al limitar los derechos de los diputados y aprobar una ley anti-constitucional y anti estatutaria, según advirtió el Consell de Garanties Estatutàries.
El referéndum propiamente dicho quedó oscurecido por el largo y agrio debate sobre los detalles y las garantías del parlamentarismo democrático. “Los derechos de los diputados, que son los derechos de los catalanes, no son disponibles por la mayoría parlamentaria”, afirmó Joan Coscubiela, portavoz de CSQP, que alertó del “grave deterioro de la legitimidad del Parlament” que provocará la decisión de JxS y la CUP. “La ley, sin formalidades democráticas, es un acto arbitrario”, había dicho antes el portavoz del PSC, Ferran Pedret. Los socialistas anunciaron que pedirán amparo al Tribunal Constitucional ante lo que el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, calificó de “abuso de democracia”.
Nada de lo que dijo la oposición hizo mella en la determinación de la mayoría de aprobar cuanto antes la ley que debe avalar el referéndum del 1-O, al margen de informes y dictámenes contrarios y de prohibiciones y amenazas de inhabilitación por parte del Tribunal Constitucional. La formalidades no importan vino a decir la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, lo relevante “es combatir la demofobia del Estado”. “A la gente no le importa el reglamento”, aseguró Dante Fachin, el líder de Podemos, en una intervención únicamente aplaudida por las diputadas de la CUP. “No podemos dimitir de representar a nuestros votantes”, dijo Rovira.
La única concesión otorgada por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la oposición fue la de suspender el pleno durante una hora para que los grupos pudieran discutir y presentar las enmiendas a la ley. En primera instancia, la presidenta pretendía que los grupos compaginaran el desarrollo de la sesión plenaria con la preparación de dichas enmiendas, luego, incluso amplió algo el plazo de dos horas.
Movimientos en la Justicia
Antes de que se abordara el debate propiamente dicho, el Gobierno central ya había solicitado al TC un incidente de ejecución de sentencia, la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había presentado una querella contra los miembros de la Mesa que habían aceptado a trámite la proposición de ley y el Consell de Garanties ya había dado la razón a los diputados de la oposición en su reclamación de solicitar un informe preceptivo de legalidad.
Luego el debate discurrió sobre los términos previstos y el argumentario habitual. La mayoría siguió la línea marcada por el presidente Puigdemont: convocar un referéndum no es delito, según la legislación española y la ley internacional que, además, avala el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, incluido los catalanes.
La oposición se mantuvo en todo lo contrario: la ilegalidad está en el objetivo de la convocatoria, la independencia, una propuesta que vulnera la Constitución, y en la desobediencia al estado de derecho. Y todos se intercambiaron la acusación de falta de voluntad de diálogo.
Y cuando llegó el momento de la votación, los diputados de Ciudadanos, PSC y PP abandonaron el hemiciclo. Los de CSQP se quedaron para dejar constancia de su abstención, no les gusta la ley ni el referéndum planteado en ella, sin embargo, quieren castigar la bunkerización de Rajoy ante el conflicto.
