"Queremos que Andalucía no siga discriminada con respecto al resto de españoles, por culpa de Susana Díaz, al tener que pagar el abusivo, injusto y desproporcionado impuesto de sucesiones y donaciones que el PSOE condena a pagar a los andaluces". Son palabras del vicesecretario de Coordinación Política del PP-A, Toni Martín, que esta semana anunciaba que su formación volverá a llevar al Parlamento una iniciativa legislativa para eliminar el impuesto de sucesiones.
El impuesto andaluz ya fue reformado en 2016 por exigencia de Ciudadanos, con una rebaja de la carga tributaria de las herencias que reforzaba “la progresividad y equidad de la ley andaluza, con el fin de favorecer a las rentas medias y trabajadoras de la comunidad autónoma". Es lo que opinaba el Gobierno socialista: eso sí, lo opinaba después de haberse resistido todo lo que estaba en su mano para impedir o al menos postergar la modificación.
La reforma de Ciudadanos
La reforma de PSOE y C’s ampliaba las deducciones por la herencia de vivienda habitual en determinadas condiciones; elevaba de 175.000 a 250.000 euros el mínimo exento en las herencias de los parientes directos, establecía igualmente un mínimo exento de 200.000 euros para las herencias entre 250.000 y 350.000 euros y elevaba al 99 por ciento las reducciones en las explotaciones agrarias. El PP siempre fue de la opinión que la reforma era poco más que propaganda.
El verano pasado, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, informaba de que la Agencia Tributaria de Andalucía había recaudado en el último año 214 millones de euros aflorados en la lucha contra el fraude fiscal en los tributos que son competencia de la comunidad, de los que 105 millones correspondieron a incumplimientos en materia de sucesiones.
La propuesta del PP
El dirigente popular Toni Martín explicó que la proposición de ley que ultima su partido planteará la bonificación al 99 por ciento del impuesto para herencias de padres a hijos y de familiares directos, en un proceso progresivo que supondrá una reducción del impuesto del 33 por ciento en 2017, del 66 por ciento en 2018, y ya del 99 por ciento en 2019, para evitar un desequilibrio presupuestario para las cuentas de la Junta.
"No vamos a parar" hasta eliminar este impuesto, anunció. "Nos han vendido a bombo y platillo –dijo– que no se pagaría por heredar la vivienda habitual, pero es mentira; tan solo no pagará quien haya convivido los dos últimos años de vida con la persona que fallece. Y eso todos sabemos que es muy poco común y que, por lo tanto, no afecta a casi nadie".
En todo caso, el PSOE siempre ha sido contrario a la supresión del impuesto que exige el PP y que, en opinión de los socialistas, solo beneficia a las grandes fortunas y a quienes heredan importantes cantidades.
Disparidades autonómicas
El argumento –o la excusa– central del PP es la disparidad entre lo que tiene que pagar una persona para recibir o donar una herencia en Andalucía o en Madrid. Antes de entrar en vigor la reforma andaluza del año pasado, el Consejo General de Economistas calculaba que un andaluz de 30 años que heredara 800.000 euros de su padre, de los cuales 200.000 correspondieran al valor de la vivienda del fallecido, tendría que haber abonado por el impuesto de Sucesiones y Donaciones 164.049 euros.
Aunque la mayoría de las herencias son muy inferiores a esa cantidad, si el heredero hubiese sido gallego habría pagado 55.180 euros y si hubiese sido de Madrid solo 1.586 euros. Por esa razón, desde que comenzó la crisis el porcentaje de renuncias a la herencia cuando éstas eran modestas venía siendo más alto en las comunidades como Andalucía, Asturias o Murcia, cuya fiscalidad es más progresiva en esta materia. Ciudadanos está convencido de que esa situación se normalizará con el cambio legislativo.
