Si el Gobierno en funciones no lo remedia como hasta la fecha lo ha ido consiguiendo, los exministros de Franco José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa. Antonio Carro Martínez , Licinio de la Fuente, José María Sánchez Ventura, Alfonso Osorio García y Fernando Suárez declararán este otoño ante la jueza María Servini de Cubría en relación a la querella por los crímenes del franquismo que se sigue en Argentina. Las trabas burocráticas del ejecutivo de Rajoy llevaron a que la jueza anulara en abril su viaje con este objetivo. En octubre espera tomarles declaración en España.
Junto a estos políticos la jueza interrogará a policías, militares y a un médico (por el caso de los bebés robados). O eso es lo que espera. Lo cierto es que desde que se pidió la imputación de estas 21 personas durante el mandato al frente del Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón, yerno por cierto del investigado José Utrera Molina, la jueza solo ha encontrado dificultades para poder realizar su trabajo.
Carrera de obstáculos
Tras Gallardón, el relevo en esta carrera de obstáculos lo tomó el actual titular de Justicia en funciones, Rafael Catalá, quien en noviembre de 2014 aseguró que la orden internacional de detención emitida por la jueza Servini desde su juzgado de Buenos Aires la había parado Interpol. Así lo afirmó Catalá en una sesión de control del Gobierno en el Parlamento.
Para que nadie se llamara a engaño, Catalá manifestó entonces que la Audiencia Nacional rechazaría una nueva petición en este sentido, como ya lo hizo el mes de abril anterior cuando llegó la solicitud referida al inspector de policía conocido como Billy el Niño y el capitán Muñecas que fue miembro de la Benemérita, ambos señalados por presuntas torturas.
¡Que la jueza envíe las preguntas!
Desde aquellas fechas, poco han cambiado las cosas. En octubre de 2015 la jueza María Servini de Cubría envío a España una comisión rogatoria para tomar declaración a estas personas en un viaje a nuestro país, autorizado por el órgano judicial argentino pertinente con fecha de abril para el mes de abril.
El abogado de los querellantes, Carlos Slepoy ha relatado a ELPLURAL.COM como los meses iban pasando sin respuesta: “Al final lo que le plantearon de forma improcedente es que como ella quería interrogar a los imputados tenía que enviar las preguntas. Una situación insólita. La demora en la respuesta llevó a que se pasara el plazo en que podía ausentarse de su juzgado y tuvo que suspender la visita a España”.
Inasequible al desaliento, la magistrada envío una plantilla de preguntas. Y solicitó autorización para desplazarse de nuevo, por lo que piensa el abogado que previsiblemente pueda llegar a España en septiembre o en octubre.
El Gobierno obligado a repartir el exhorto
Dice Slepoy que lo que ahora tiene que estar pasando es que el Ministerio de Exteriores haya enviado al Ministerio de Justicia el exhorto. “El Gobierno debe repartirlos entre los juzgados competentes. Puede ser en la localidad donde ocurrieron los hechos, en la de los imputados, en la Audiencia Nacional… según los casos”. Después deben avisar a la jueza.
¿Y qué pasará? Pues que a la espera de lo que haga, o no quiera hacer, el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy , cuando a los imputados se les llame tendrán que presentarse en el juzgado que les corresponda. Sin dilación. Tras sus declaraciones Servini decidirá si les excluye del proceso o, por el contrario, deben ser juzgados.
La jueza también ha solicitado declaraciones de más víctimas cuyo testimonio considera necesario. También para ellas ha presentado un cuestionario previo de preguntas. Son personas que aportaron sus denuncias a la querella argentina y que hasta la fecha no han podido declarar ante la jueza.
La acusación contra los ministros
En cuanto a los cargos por los que se les investiga, Utrera Molina, Licinio de la Fuente, Carro y Barrera están señalados por convalidar con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro se le acusa también de convalidar la sentencia de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos.
La misma acusación se dirige a Sánchez Ventura y Fernando Suarez. A Rodolfo Martín Villa y Alfonso Osorio se les considera responsables de la represión policial de Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que murieron cinco personas y hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego.
Policías, militares y bebés robados
La querella se dirige asimismo contra antiguos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como los citados “Billy el Niño” o el capitán Muñecas de la Guardia Civil. Figuran en total bajo el cargo de posibles malos tratos ocho policías entre los que se encuentra Jesús Martínez Torres, jefe de policía en San Sebastián, y desde 1982 y hasta 1994, comisario General de Información (a cargo del espionaje policial) durante el Gobierno del PSOE.
Entre los miembros del Ejército citados figuran Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército). Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle. La orden internacional cita además al médico ginecólogo Abelardo García, en relación con el caso de un bebé robado. De negarse a declarar el Gobierno español tendrá que tomar medidas al estar vigente el acuerdo de colaboración con Argentina.
