Uno de los látigos parlamentarios que, con su entregado consentimiento, el PP utilizó hasta alcanzar a veces el ridículo en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, no para de coleccionar desgracias policiales y jurídicas en torno a su persona desde que ya no es diputado. Este azote con verborrea, que a menudo rozaba el insulto contra los diputados de los demás grupos, en especial el socialista, se encontró con un nuevo escándalo el pasado miércoles. 

No le valió denunciar en Murcia, su zona

Ese día se hacían públicos una serie de documentos de la UDEF (Policía judicial) por los que se aseguraba que habría cobrado hasta 67.620 euros por informes realizados para la trama de los procesados Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. Aún más, que los informes por los que cobraba ese dinero, no eran sino plagios de documentos que circulaban en internet en estudios de diversas universidades.  

Vergüenza a la que horas después, aunque con poco eco, se sumaba una derrota judicial en una de sus circunscripciones favoritas, Murcia. Esta vez por una demanda que el propio Pujalte había puesto contra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando.

75.000 euros por asesoramiento como "diputado informado"

El pasado mes de junio de 2015, Hernando le había acusado de haberse beneficiado con el cobro de retribuciones periódicas por asesorar verbalmente a una empresa constructora, Corporación Llorente, que realizaba contratos con la administración pública. Una tarea en la que, según se publicó, había colaborado también el embajador español en Londres, Federico Trillo.

Pujalte reconoció, una vez hecho público el asunto, que había cobrado en efecto 75.000 euros de esta empresa, pero que esos ingresos los había declarado a Hacienda y sus asesoramientos habían sido considerados compatibles con su condición de diputado. Pujalte sostenía que sus consejos habían sido realizados como economista. El problema para él es que la empresa constructora reconoció que le había contratado en “su condición de diputado informado”. Es decir, por lo que conocía y quienes conocía como parlamentario.

Sentencia en contra y pago de costas

Hernando le acusó entonces ante la Mesa del Congreso y ante los periodistas, por el desarrollo de estas actividades. Martínez Pujalte, decidió contraatacar demandando a su vez en los tribunales a Hernando por intromisión ilegítima en su honor, a resarcirle con una indemnización derivada por los daños morales que sufrió y a que el portavoz socialista fuera condenado a publicar la sentencia estimatoria en tres diarios de difusión nacional y las costas.

Esta semana se ha conocido, sin embargo, la sentencia, negativa para Martínez Pujalte, ya que, se dice en ella “no cabe calificar la actuación del señor Hernando como desproporcionada o ilegítima, sino como ejercicio necesario de la crítica política, sino como ejercicio necesario de la crítica política pues aunque en su ejercicio se empleen expresiones duras, molestas para el que las recibe, no dejan de expresar una opinión razonada y fundada en hechos verosímiles y de general conocimiento…”.

Es más el juzgado dictamina que las costas del proceso corresponden a la parte actora. Es decir, al locuaz exdiptuado popular Vicente Martínez-Pujalte.