Más de 25 asociaciones de mujeres han decidido no esperar a que acabe la campaña electoral para clamar contra la propuesta de Ciudadanos y apoyada por el PP en la Asamblea de Madrid para pedir una ley que imponga la custodia compartida en casos de separación y divorcio.

“Ellos han roto el respeto a la campaña electoral y nosotros debemos romper el silencio”, ha afirmado Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. En un encuentro con los medios, ha rechazado en su totalidad esta proposición al Gobierno central por una ley que ya fue rechazada en el Congreso y ha hecho un llamamiento a no votar “a aquellos partidos que están apoyando la custodia compartida”.

Ni pies ni cabeza

La anterior colaboradora de ELPLURAL.COM considera que esta ley que se propone convierte a los hijos “en objetos para sus padres” y que sólo busca “interrumpir la libertad de las mujeres, el avance que han ido consiguiendo”.

Las asociaciones de mujeres no se muestran en contra de la custodia compartida, pero sí de que ésta sea impuesta por un juez en los casos en los que no haya acuerdo. “Un niño necesita rutina, cosa que la custodia compartida impuesta impide” ya que “no busca el acuerdo, es un instrumento más de maltrato” ya que “un hombre que no ha ejercido de padre no se convierte en éste cuando la madre pide el divorcio”.

Del mismo modo se ha expresado Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, la cual ha acusado a Ciudadanos de “intentar colar con nocturnidad y alevosía” esta proposición no de ley y que “no obedece a ninguna necesidad social”.

También ha explicado que no se opone a la custodia compartida, pero “siempre que sea bueno para los menores y de mutuo acuerdo por los progenitores” ya que “para el buen desarrollo del menor éste necesita estabilidad”.

Ni corresponsabilidad ni menos ligitiosidad

Otro de los argumentos que han esgrimido las asociaciones es que, con esta imposición de la custodia compartida, al contrario que defiende Ciudadanos, no se fomenta la corresponsabilidad en la educación entre padres y madres. “Cuando no la ha habido antes que se fuerce judicialmente es un contrasentido” argumenta Besteiro.

Del mismo modo, este modelo “no reduce la litigiosidad, sino que la aumenta” al estar provocando gran cantidad de casos de revisión de sentencias en las comunidades autónomas donde ya se ha impuesto.