El magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, encargado del sumario de la trama Gürtel, ha sorprendido abriendo una nueva pieza separada sobre este caso, a la que ha denominado ‘Cantón’. Calificado en medios cercanos a la investigación de "auto con un lenguaje extremadamente duro", el escrito muestra, dicen esas fuentes judiciales a este periódico, que el magistrado “está especialmente interesado” en aclarar un hecho clave en toda esta trama de corrupción: cómo Francisco Correa y cientos de empresas y particulares evasores, supuestamente con la connivencia del Banco Pastor (hoy Banco Popular), utilizaron empresas tapaderas para mover cientos de millones de euros y blanquearlos.

Sociedades en "territorios de alto riesgo"

Hace un mes, en ELPLURAL.COM ya informábamos de un escrito de la Agencia Tributaria en el que se apuntaban claros indicios de esa colaboración, e incluso se solicitaba al juez que pidiera a la Guardia Civil, a la Policía y a la Oficina de Prevención de Blanqueo de Capitales que siguieran una línea de investigación, porque se había detectado el posible incumplimiento por parte de la entidad bancaria de sus obligaciones recogidas en la normativa de prevención de blanqueo.

En concreto, lo que denunciaba el organismo de control de Hacienda era la existencia de dos sociedades, Belfast Link, con sede en Uruguay (país que el juez califica de ‘territorio de alto riesgo’ fiscal), y EVES S.A., con sede en Argentina, a través de las cuales se habrían movido, en operaciones supuestamente ilegales, cientos de millones de euros que pertenecían a Francisco Correa y otros implicados en la Gürtel, además de otros muchos empresarios.

Movimientos en los que, como apuntamos, el Banco Pastor, después absorbido por el Banco Popular, habría colaborado: “en las actuaciones descritas -se leía en el informe de la Agencia Tributaria- se han apreciado una serie de posibles irregularidades con implicaciones en materia de blanqueo de capital que afectarían ya no sólo a Belfast Link SA y EVES SA, sino también al propio Banco Pastor”.

Movimientos por más de 1.200 millones de euros

Pero el juez, como decimos, ha ido más allá de lo que le pedía la Hacienda, y en un auto extenso ha abierto esta pieza separada, a la que ha puesto de nombre Cantón (por la calle donde se encuentra la sede del Pastor donde estaban abiertas las cuentas de estas sociedades). En su escrito, de la Mata explica cómo la investigación girará “básicamente en torno a la actividad de Francisco Correa y otros, a través de un complejo entramado societario, de entrega a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en el ámbito de la contratación, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero con el objeto de conseguir adjudicaciones públicas (para sus propias empresas o las de terceros) de forma irregular”.

Recuerda en el auto los requerimientos que desde 2013 se viene realizando al Banco Popular y cómo “de hecho, la documentación soporte acreditativa de la identidad de las sociedades y de sus intervinientes es insuficiente (y) parecen existir largos periodos de tiempo en los que se desconoce quiénes fueron los socios y representantes de las sociedades”.

El juez considera que estas sociedades servían de “mero “puente” entre unos fondos que procedían de cuentas abiertas, principalmente, en el extranjero, y también en España; para, inmediatamente o muy poco después, canalizar tales fondos a otras personas y sociedades localizadas mayoritariamente en el exterior”, en un volumen que, escribe el juez, “a título de ejemplo, sólo entre 2006 y 2010 (…) ascendió entre las dos sociedades a más de 14.336 operaciones de salidas de fondos con un volumen agregado de 615.642.832,2 y de 20.140 operaciones de entradas de recursos, con un volumen total agregado de 617.531.870,66”.

Cientos de personas físicas y jurídicas investigadas

Según el juez, cuyo escrito está apoyado en un informe de la Fiscalía, estas cuentas se habrían movido al menos entre los años 2003 y 2011. El juez concluye su escrito pidiendo a la policía judicial que investiguen estas sociedades, pero también a un largo listado de varios cientos de personas físicas y jurídicas (empresas, algunas de ellas muy conocidas) que las podrían haber utilizado en diversas operaciones. E insiste en pedir a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para que valore y certifique el cumplimiento de la normativa por parte de la entidad bancaria involucrada.

Estas dos mismas empresas, Belfast Link y EVES, y otras que aparecen en los llamados papeles de Panamá, como contamos en este periódico el pasado 6 de abril se habrían utilizado también para el pago de comisiones en una de los mayores pelotazos protagonizados por la trama Gürtel, la recalificación de terrenos en la conocida como Operación Arganda.