La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y medio de cárcel y el pago de 2,69 millones de euros en concepto de indemnización para Rodrigo Rato por el escándalo de las tarjetas 'Black', con las que 66 miembros del consejo de administración de Caja Madrid primero y Bankia después, disponían de cantidades millonarias para gastos privados opacas a Hacienda. Para el predecesor de Rato en el cargo, Miguel Blesa (aupado a la presidencia de la caja por ser amigo íntimo de Aznar), la Fiscalía pide una pena mayor: seis años de cárcel y 9,34 millones de indemnización.

Con Blesa se inició
Cuando Aznar llegó al Gobierno en 1996 nombró directamente a presidentes de empresas públicas o con mayoría de capital público, empresas que luego se privatizaron. El control del PP se extendió a la banca y de esta forma colocó a su amigo íntimo Miguel Blesa al frente de Caja Madrid y a otro amigo, Francisco González, al frente de Argentaria, desde donde dio el salto -también apadrinado por Aznar- al BBVA. Son importantes los antecedentes porque con Miguel Blesa se inició el procedimiento de las tarjetas Black y cuando llegó su sucesor, Rodrigo Rato, el vicepresidente económico de Aznar y ex director general del FMI, el sistema continuó. Era imposible que ni Rato ni Blesa desconocieran que era un sistema opaco a Hacienda.

Las tarjetas Black se entregaban a los consejeros para gastos personales, cuyo desglose es absolutamente escandaloso, y cuyo despilfarro continuó durante el proceso de quiebra de Bankia y mientras la entidad se hundía en bolsa, desahuciaba y estafaba con las preferentes.

El fiscal señala en su informe que Blesa "autorizó" la entrega de las tarjetas black a los miembros de la comisión de control, del consejo de administración y a varios altos directivos.

Sin amparo legal
El informe de la Fiscalía considera que con las tarjetas black "se consagró una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o respaldo en acuerdos formalizados" por los órganos de administración de la antigua caja.
Además el fiscal sostiene que Blesa encomendó al ex directivo Ildefonso Sánchez Barcoj, la entrega de las tarjetas opacas  a los beneficiarios y que  nunca se practicó "la correspo0ndiente retención fiscal a las retribuciones que el uso de las tarjetas constituía".

66 imputados de 85
La Fiscalía acusa a un total de 66 antiguos consejeros y directivos de Caja Madrid por el delito de apropiación indebida, dado que en total los gastos personales (viajes, artículos de lujo, cenas y copas y hasta farmacia) ascendieron a casi 15 millones de euros. Cada uno de los imputados deberá devolver la cantidad exacta con la que se gastó. En total fueron 85 los consejeros y directivos de Caja Madrid que se beneficiaron de las tarjetas black, pero el fiscal ha acusado a 66 porque el resto o el caso ha prescrito o los titulares han fallecido.

Atenuante haber devuelto el dinero
La fiscalía aprecia atenuante en 11 de los 66 imputados por haber devuelto en parte o en su totalidad el dinero que se gastaron con las tarjetas, en algunos casos incluso antes de que se iniciara la investigación judicial. Rodrigo Rato fue el primero en devolver el dinero y el ministro e Economía, Luis de Guindos, fue acusado de avisarle para que devolviera el dinero antes de que el caso llegara a la Audiencia nacional.

Entre los 11 imputados que tendrán atenuantes por devolver todo o parte del dinero están el ex jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, y Sánchez Barcoj, el encargado de repartirlas, para ambos el fiscal pide dos años de cárcel.