Imagen del Tribunal Constitucional del 13 de junio de 2013 cuando el entonces presidente, Pascual Sala Sánchez, impuso el collar de Magistrado del Tribunal Constitucional a Enrique López y López



Las acusaciones particulares del caso Gürtel  tienen diez días naturales para pedir la recusación de los magistrados de la Sección 2ª de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Espejel y López. La relación y buena sintonía de los magistrados con diferentes personas o entidades del Partido Popular o incluso en el ámbito familiar por la proximidad con alguno de los acusados parece que así lo aconsejan. Pero si así no fuera, según diferentes medios jurídicos consultados por ELPLURAL.COM consideran, esta recusación podría ir de la mano de la Fiscalía Anticorrupción si se considerase una falta de apariencia de imparcialidad de ambos jueces.

“La Fiscalía Anticorrupción puede hacerlo y en mi opinión, debería hacerlo”, manifestó a este periódico digital Carlos Jiménez Villarejo, quien fuera fiscal Anticorrupción. Para Jiménez Villarejo esto es así porque en este caso los hechos que concurren en relación a dichos magistrados  lleva a que  “no tengan apariencia de imparcialidad y además no parece  que sean objetivamente imparciales”.

Notable empeño del PP
Esta opinión es compartida por otros juristas consultados. De Enrique López se enumeran los datos ya conocidos de su nombramiento por el PP como vocal para el Consejo General del Poder Judicial. Su posterior nombramiento en el Tribunal Constitucional, también por reiterado empeño de los populares que aguantaron pacientemente tras un primer rechazo de su candidato por no cumplir los requisitos exigidos y volvieron a proponerlo hasta lograr su aceptación.

El paso por el Constitucional
La paciencia tuvo su recompensa pues una vez en el cargo  “tras su paso desapareció prácticamente lo poco progresista que quedaba”, comenta un abogado especializado en el área constitucional.

Juntos en la Sala
De allí, López,  tras una confrontación personal con las normas de seguridad vial, recaló en la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras su salida del TC. La presidenta era otra antigua vocal del Consejo, Concepción Espejel. La magistrada, a quien María Dolores Cospedal, ha demostrado reconocimiento e incluso cariño personal,  tras presidir la Audiencia de Guadalajara había sido nombrada en el órgano de gobierno de los jueces.

Las tres negaciones de Guadalajara
Uno de los temas más conocidos de su periodo alcarreño  fue que  la delegada de medio ambiente de la Junta de Castilla la Mancha (PSOE) junto con buena parte del equipo socialista acabó en el banquillo por una causa archivada por tres veces por la juez de instrucción, decisión revocada con la misma tenacidad por la Audiencia que Espejel presidía.

La magistrada cambia las normas
Desde el CGPJ, Espejel llegó a la Audiencia Nacional  a la Sección 2ª de la Sala de lo Penal, a la que curiosamente corresponde el caso Gurtel. Entre las decisiones más llamativas de la magistrada figura la decisión de que la presidencia –ella misma en este caso- esté presente en todos los casos que deba ver el tribunal. Es decir, que sí o sí,  Espejel  intervendrá  en el proceso de corrupción que afecta al PP por propia iniciativa. Poco después a Enrique López le tocó la misma sala.

El enrarecido ambiente de la Audiencia
Fuentes jurídicas consultadas destacan  como el espíritu profesional y ajustado a la ley que desde el principio, había definido a la Audiencia Nacional, fuera cual fuera la ideología de sus magistrados incluso en los inicios preconstitucionales,  se enrareció. “Esa situación se remonta al momento en que   jueces nombrados en el Consejo por el PP acceden a la Audiencia Nacional, con un presidente de Sala en posición débil apoyado también por el PP  e incluso acompañado por la propia Esperanza Aguirre en su toma de posesión”, aseveran.

El caso de los vuelos de la CIA
En la Audiencia, esto se traduce, explican, en que aquellos temas que más pueden afectar o interesar al partido en el Gobierno, es probable que lleguen a tener un final ‛feliz’. Este punto, Carlos Jiménez Villarejo lo  ilustra con el auto de archivo del conocido como  caso de los vuelos de la CIA. Enrique López y Concepción Espejel formaron parte del tribunal e impusieron su decisión “frente a un duro y fundado voto particular de un tercer magistrado”.

Utilización de los aeropuertos españoles
El proceso trataba de la utilización del espacio aéreo español y de sus aeropuertos civiles y militares para aquellos vuelos de EEUU que transportaban a personas sospechosas de terrorismo, sin garantías jurídicas, frente a los convenios internacionales  y con el acuerdo de las autoridades de ambos países.

Archivado para gozo de Aznar y Trillo
“El  ponente y, por tanto, responsable principal de la decisión fue precisamente el magistrado Enrique López, como es sabido promocionado por el PP al Tribunal Constitucional de donde dimitió. Dadas las vinculaciones de los hechos objeto del proceso con el entonces Gobierno de Aznar y los ministros Piqué y Trillo-Figueroa, no puede comprenderse que dicho magistrado no se hubiera abstenido de formar parte de ese tribunal ante una decisión de tan extraordinaria relevancia social, jurídica y política”, afirma Jiménez Villarejo.

Ni siquiera como testigos
El ex fiscal  Anticorrupción señala que “los dos magistrados mayoritarios, en su resolución, no describen aquellos hechos ni los analizan jurídicamente. Ni valoran si hubiera sido procedente que declarasen como imputados, lo que era perfectamente exigible, o, al menos como testigos, las autoridades citadas”.

 Ni responsabilidad por crímenes de guerra
Añade: “Se limitaron a justificar su decisión de excluir cualquier responsabilidad penal de las autoridades españolas con diversos argumentos jurídicos sobre la culpabilidad para, finalmente, concluir que dada “la dificultad del caso” y “la naturaleza de los hechos” está justificado que la investigación no haya logrado plenamente sus objetivos. En todo caso, ni se refieren a posibles responsabilidades penales por crímenes de guerra”.

Cuando afecta al PP...
Y es que en su opinión “yo creo que ambos carecen no solo de apariencia de imparcialidad, sino posiblemente de la imparcialidad necesaria en un juicio en que el tema son delitos  que puedan afectar al Partido Popular.  Vamos a llegar a una situación de continuos votos particulares”.

Debilidad de los tribunales
Para el jurista, debería haberse producido una abstención por razones obvias “lo contrario, reflejaría la extrema debilidad de nuestros tribunales ante la corrupción.  Por eso creo que la Fiscalía debe actuar”.

Rehenes
La falta de confianza en que el trabajo de estos magistrados no se vea afectado  por el origen de su nombramiento, es otro punto que parece aconsejar  la recusación. “Yo no utilizaría la expresión comisarios políticos–comentaba un abogado a ELPLURAL.COM- ,  porque en estos casos, cuando un profesional no se abstiene, se podría llegar a pensar incluso que es ‛rehén’ del partido que ha  tenido que ver en su nombramiento. Lo más aconsejable es pues la abstención”.