En marzo de 2014 la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), encargada de la lucha contra el dopaje, sacó a concurso la adjudicación del servicio de toma de muestras de sangre y orina de deportistas, que hasta ese momento realizaba por sus propios medios a través de una red de Oficiales de Control de Dopaje (OCD).
Concurso paralizado
Desde esa fecha, una serie de irregularidades administrativas y arbitrariedades en la gestión del concurso han provocado la práctica paralización del mismo y que el mundo el deporte español no pueda disponer aún, un año después, de un sistema homologable de lucha contra el dopaje. A las irregularidades administrativas se unen las presiones de colectivos de Oficiales de Control de Dopaje que temen perder su estatus actual.
Al concurso convocado por la AEPSAD, con un montante de 1.250.00 euros y un año de duración, se presentaron dos empresas, la alemana Professional Worldwide Control (PWC) y la sueca International Doping Test Management (IDTM).
Decisión recurrida
En junio de 2014 se adjudica el contrato a PWC por 911.000 euros. Esa decisión es recurrida ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por IDTM que alega que el adjudicatario no cumple con requisitos del concurso, que ha existido trato discriminatorio contra su propia oferta y que el sistema de puntuación de ofertas no es correcto.
El Tribunal acepta el recurso y ordena retrotraer el procedimiento y eliminar las irregularidades detectadas. Como consecuencia de ese recurso, la AEPSAD decide en octubre de 2014 anular la concesión a PWC y adjudicar el contrato a IDTM. Ahora es PWC la que alega ante el Tribunal y el 14 de enero de 2015 éste dicta una resolución en la que acepta los argumentos de PWC e insta a la Mesa de Contratación de la AEPSAD a excluir del concurso a IDTM y proceder a la adjudicación del concurso a PWC. El 30 de enero de este año la AEPSAD resuelve adjudicar el concurso a PWC.
Alegación de indefensión
IDTM vuelve a presentar recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y solicita la nulidad de la adjudicación a PWC. Alega indefensión en el proceso ya que la Mesa de Contratación tomó su decisión sin que se le comunicase a IDTM la decisión de anulación del Tribunal del mes de enero no le ha sido comunicada. IDTM considera que las malas prácticas de la Agencia en el sentido de que no se le ha tenido plenamente comunicada sobre las vicisitudes del procedimiento como parte interesada invalidan o anulan el proceso de tramitación del concurso.
El grupo sueco considera viciado todo el proceso y denuncia en su escrito al Tribunal una actuación por parte de la AEPSAD a favor de PWC. Se le admitieron documentos en alemán, cuando a IDTM se le obligó a traducir los que presentó en inglés; a PWC se le admitieron traducciones no juradas; aceptaron que PWC no presentase garantía de seguro de responsabilidad civil para la solvencia; se le otorgaron a PWC 36 puntos y a IDTM 35, lo que una vez revisado por el Tribunal Administrativo paso a ser de 36 PWC y 40 puntos IDTM.
Oferta imposible
El grupo sueco alega que su oponente PWC no ha acreditado su capacidad jurídica para concursar ni dispone de la solvencia financiera necesaria exigida en las bases del concurso y que de acuerdo con las normas del concurso la oferta económica de PWC es imposible si nos atenemos a la realidad del mercado. La AEPSAD, en opinión de IDTM ha elegido la propuesta económicamente menos ventajosa.
Como fondo de toda esta polémica está el hecho de que una parte considerable de los Oficiales de Control de Dopaje se muestra favorable a la contratación de PWC, por ser una empresa sin infraestructura en España y que tendría que recurrir a los actuales OCD para formar su equipo de controladores. IDTM dispone de sus propios sistemas de reclutamiento y formación y no estaría condicionada por la actual red de Oficiales de Control de Dopaje. De hecho, durante el último año varios colectivos de OCD han comunicado por escrito a la Agencia su oposición a la propuesta de IDTM.
