Lejos de las fanfarrias con las que el Gobierno habla de mejoras de los datos del paro para este año se encuentra una realidad ante la que Mariano Rajoy no abre la boca y que sobre todo se dejará sentir durante este período electoral: han recurrido de nuevo al empleo público, el mismo que demonizó al principio de la crisis. Obviamente el Ejecutivo actual no hará, como el de Zapatero, un anuncio de plan global como fue el Plan E. Y es que los de Rajoy fiaron buena parte de su estrategia de oposición en atacar y burlarse de aquella estrategia de inversión pública puesta en marcha a toda prisa para paliar en parte en términos de empleo el estallido de la burbuja inmobiliaria y el parón de la construcción.

La demonización de un sector
El entonces líder de la oposición y su compañero Cristóbal Montoro descalificaban insistentemente lo que resumían como "hacer aceras". Ya en 2012 como ministro de Hacienda y justificando los grandes recortes en el sector público y una agenda "reformista" Montoro extendía la sombra de la sospecha sobre todo el sector público diciendo que los ayuntamientos y la administración "no son oficinas de colocación" y que los funcionarios tienen que "ganarse su puesto de trabajo como todos los españoles". A pesar de que los objetivos de déficit son difíciles de cumplir y ahora cargamos con un rescate bancario inexistente al principio de la crisis, algo está cambiando en el discurso y las políticas del Gobierno, al menos de cara a este año, y así lo advierte la Autoridad Fiscal. Pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, apela a que el crecimiento absorberá el aumento del gasto, que en realidad es la tesis que siempre han mantenido los economistas contrarios a los recortes masivos.

Vuelven las grandes y llamativas convocatorias de oposiciones...
Ahora Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades están convocando cientos de planes de intervención pública apelando al empleo. Lo primero que regresa después de seis años básicamente son profesores, médicos, enfermeros y auxiliares en todas las comunidades, ya que las oposiciones fueron congeladas (con una tasa de reposición de únicamente el 10%) por el Gobierno socialista en 2010 en el marco de las exigencias de Bruselas. La llave de las nuevas convocatorias las forjó el Ejecutivo cuando la presión de los sindicatos consiguió elevar considerablemente la tasa de reposición de los funcionarios en los servicios esenciales (educación, sanidad, seguridad...) del 10 al 50%. Las grandes convocatorias están llegando ahora en las comunidades justo antes de las elecciones autonómicas: la Xunta acaba de lanzar más de 800 plazas de empleo público, la Comunidad de Madrid 660 profesores de cara al próximo curso pero ha prometido más de 4.000 en diferentes ámbitos, Andalucía más de 3.000, el Gobierno vasco más de 1.000...

... y las denostadas aceras
Además de la elevación de la tasa de reposición de los funcionarios, algunos Gobiernos regionales también han lanzado sus propios planes de intervención apelando al empleo. Uno de los principales argumentos del PP durante el Debate sobre el Estado de la Nación fue que el Gobierno ponía a disposición de comunidades autónomas y nuevos instrumentos de financiación y liquidez para garantizar la prestación de servicios básicos por un importe de 39.869 millones de euros. Así, por ejemplo, se crea un Fondo Social para financiar las deudas con Entidades Locales que se deriven de convenios en materia de gasto social. La Junta de Extremadura acaba de anunciar que destinará inmediatamente 8 millones de euros para que los Ayuntamientos de la comunidad realicen contratos "de seis meses" para "la ejecución de las actuaciones de interés general o social" entre las que citan "mantenimiento de equipamientos educativos", "empleo verde" o "gestión de residuos". Los ejemplos son numerosos, este por ejemplo es otro Plan de Empleo que la Diputación de Soria lanzó en febrero: 400.000 euros para contratar a parados con "mantenimiento y conservación del patrimonio, o prestación de servicios".

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, es una de los voces que está alertando de que buena parte de las mejoras en los datos de empleo en comunidades como Cantabria se deben a "contrataciones masivas y con fecha de caducidad" realizadas por los Ayuntamientos, a veces con financiación de la UE, y que son un "espejismo" que se esfumará en breve, una realidad extrapolable al resto de España. En un reciente informativo de laSexta en el que se comentaban los datos de paro de febrero se recoge el testimonio de dos obreros contratados temporalmente por el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) gobernado por un senador del PP, José Luis Sanz, en el que muestran su preocupación por lo que pasará tras los seis meses en los que les contrataron a ellos y a otros parados de larga duración así como sus sospechas de que se trata de una "estrategia política". Significativamente, estaban haciendo esas aceras antes tan denostadas... [se puede ver a partir del minuto ocho de este vídeo]

Sindicatos: "migajas" en período electoral tras mucha destrucción
Los sindicatos creen que estamos ante "migajas" ceñidas a un período muy concreto como es el año electoral e insisten en que el sector público sale seriamente herido de esta legislatura por mucho que se pueda "maquillar" temporalmente. Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO alertan de que al principio de la crisis el empleo público jugó un papel amortiguador y de equilibrio social que ya ha desaparecido. Y es que en 2012 el empleo público experimentó mayor destrucción de empleo (-6,7%) que el conjunto del empleo asalariado (-5,7%) y en 2013 la tendencia se remarcó: el primero decreció un 3,7% por el 1,4% que se destruyó en el mercado de trabajo global. En 2014 se inició una leve recuperación pero mientras el empleo público crecía un 0,6% el asalariado lo hacía un 2,8%. "Desde el segundo trimestre de 2011 en que el empleo público registró su mayor volumen (3.303.900) la pérdida de puestos de trabajo ha sido de 377.900 empleos", apuntan desde CCCOO.

Adelgazamiento neto y precarización
El secretario de Administración General del Estado de UGT, Carlos Javier Álvarez, recuerda que la tasa de reposición de funcionarios se tuvo que pelear en las negociaciones con el Gobierno para que las elevaran y que con un 50% se mantiene la destrucción de empleo neto en el sector, por lo que el sector público sigue adelgazando por mucho que la percepción al ver esas convocatorias pueda ser otra, así como que está por ver si se consuman todos esos anuncios. Además insiste en que la elevación de la tasa de reposición atañe a "servicios esenciales" entre los que se incluye Sanidad y Educación, muy tocados por los recortes de estos años, pero se han excluido áreas como el FOGASA o los servicios de empleo precisamente ahora que tienen que atender a más despedidos y desempleados, así como otras áreas sensibles como prisiones, con tres nuevos centros penitenciarios que no se pueden abrir por falta de personal y con un proceso además de externalización de los servicios de vigilancia de los perímetros.

No se recuperarán los puestos perdidos
Joana Mor, responsable de Administración Local y Autonómica de UGT, advierte de que aunque ahora se pase de la nada a contratar de repente no se recuperarán los puestos perdidos y se ha agudizado el proceso de precarización en esas administraciones: "En autonómica y local se ha perdido el 30% del empleo y están en situación de interinidad cerca del 50%, muchos desde hace años". Mor lamenta la imagen de "Administración pública sobredimensionada" que se intentó vender con la crisis cuando España está en el pelotón de cola de Europa en el ratio de trabajadores públicos por ciudadano, aunque "otra cosa es el número de asesores y altos cargos a dedo". Cree en cualquier caso que la vuelta de las contrataciones en algunos municipios no solo es "en precario" sino que se trata de algo puntual porque de hecho con la reforma local se les limita mucho el margen de actuación, y ello a pesar de que "la deuda pública local supone un 4% respecto al total" a pesar de haber tenido que ofrecer, sin dotaciones específicas y ya sin los ingresos adicionales que suponía el ladrillo, servicios básicos a los ciudadanos.

Tarde y cuando la brecha social es un hecho
Mónica Melle, de Economistas Frente a la Crisis, celebra que vuelvan las contrataciones al sector público cuando plataformas como la suya llevan años alertando contra las recetas fallidas del 'austericidio' así como de la necesidad de estímulos expansivos en la economía, pero recuerda que las secuelas son profundas y por ejemplo solo en Madrid el sector sanitario ha perdido al 20% de sus profesionales. Melle enmarca la tendencia actual en España de volver a mirar al sector público o de anunciar rebajas impositivas dentro de la mejora económica general que ha permitido el programa expansivo iniciado por el Banco Central Europeo, con las compras de deuda o el relajamiento de los objetivos de déficit para Francia, y al hecho de que las intervenciones de Draghi hayan permitido también una drástica reducción del coste medio de la financiación para el país, ahora en el 1,1%. "Si se hubiera hecho antes no habríamos llegado a estos niveles de destrucción de empleo, ahora tan difíciles de remontar", lamenta.

"El empleo público constituye un elemento clave para cubrir necesidades básicas de los ciudadanos pero también como elemento dinamizador de la economía. Claro que ha habido gasto público superfluo pero no era en trabajadores públicos sino como ahora se ve en infraestructuras innecesarias", insiste Melle. Esta integrante de Economistas Frente a la Crisis advierte también de que el daño en capital humano que tendrán los recortes públicos en investigación también se dejarán sentir durante años y que el BCE marca el ritmo de una recuperación que aunque empieza a llegar lo hace sobre las bases de un modelo social mucho más desigual.