Cospedal exige a una gran dependiente que sea una empresa privada la que cuide de ella y no sus padres

Podría tratarse de una broma, pero no lo es. Podría ser un fallo más al que nos tiene acostumbrado la administración dirigida por el PP, pero tampoco. La historia que ELPLURAL.COM le cuenta a sus lectores, con testimonios y documentos, es tan verídica como la “desvergüenza” del Gobierno de Castilla-La Mancha que preside a tiempo parcial la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, que en palabras de la diputada nacional socialista, Guadalupe Martín, “ha conseguido lo que se proponía: ser la referencia nacional, la campeona, también en los recortes en la Ley de Dependencia”, dice.

Los grotescos antecedentes
Luciana es una niña de 15 años de edad, residente en Guadalajara y aquejada de una encefalopatía por rubeola congénita con microcefalia, con trastorno generalizado del desarrollo y rasgos autistas. Suma y sigue: No tiene control de esfínteres, no habla, con discapacidad intelectual grave y problemas graves de vista. Aquí no queda la cosa: No puede alimentarse, asearse ni vestirse de forma autónoma y tiene episodios de autoagresión. De ahí que sea reconocida como gran dependiente y un grado de discapacidad del 93%. ().

La desfachatez de la primera propuesta
Con estos antecedentes, cualquier administración con un mínimo de sensibilidad y poniendo sobre la mesa la Ley de Dependencia habría autorizado el cuidado familiar de Luciana. Bueno, cualquiera siempre y cuando no sea la presidida por María Dolores Cospedal, triste protagonista de episodios dantescos, con muertes incluidas, como la del joven Jomian Leonel, a quien Cospedal exigía facturas para pagar sus cuidados; falleció el pasado marzo. El caso es que el Gobierno del PP castellano-manchego ofreció en primera instancia a Luciana 40 horas de ayuda a domicilio (lo que equivale a poco más de una hora al día), tras rechazar su solicitud de prestación económica de cuidados en el entorno familiar. ().

El recurso angustioso de los familiares…
Ante tamaña injusticia, los padres de la niña recurrieron en junio el informe de los servicios sociales (), recordándoles a los responsables del desaguisado que Luciana tiene un expediente clínico que no ha sido tomado en cuenta por los evaluadores ( y que es el entorno familiar el más adecuado para sus cuidados. El recurso trajo consigo algunos efectos, como la ampliación de las 40 horas mensuales al nuevo ofrecimiento de 5 horas diarias (3 por la mañana y 2 por la tarde). “Nuestro caso les había dado mucha pena y nos comunicaron esta nueva decisión por teléfono”, reconoce a este periódico un familiar de la niña, que eso sí, provocó que le denegaran una ayuda para unas gafas.

…Y la propuesta privada de Cospedal
Pero la alegría de la familia duró solo unos minutos, ya que el Gobierno de Cospedal exigía para ampliar el servicio de una a cinco horas diarias que fuera una empresa privada la encargada de llevar a cabo los cuidados de la pequeña Luciana. Se pusieron en contacto con los centros particulares que trabajan con la Consejería dirigida por el polémico José Ignacio Echániz, y el presupuesto se situó en 1.496 euros/mes, cantidad que la familia debería adelantar para posteriormente recibir de la Junta de Castilla-La Mancha un máximo de 715 euros. () ¿Cómo puede atender estas necesidades una familia que acredita oficialmente unos ingresos de mil euros? No solo dejaría sin recursos para vivir a la familia y por tanto a la niña gran dependiente, “sino que además ni siquiera podría adelantar dicho importe”, concreta el portavoz de la Plataforma de la Ley de Dependencia, José Luis Gómez-Ocaña, para seguidamente recordar: “Estamos hablando de una niña que necesita atención continua durante las 24 horas al día y que a pesar de que el informe de los trabajadores sociales considera que su caso estaría dentro de lo estipulado para prestaciones económicas en el entorno familiar se la deniegan”.

3.500 familias han perdido la prestación económica
Lo peor de todo este asunto es que el caso de Luciana no es aislado. No, desde abril de 2013 a abril de 2014, 3.500 familias castellano-manchegas han dejado de percibir la prestación económica para atender a un familiar dependiente. Y no lo decimos nosotros; lo dice el Imserso. O lo que es lo mismo, en lo que va de año son ya 1.499 los castellano-manchegos que han perdido el derecho a ser atendidos; hay 1.540 solicitudes y 1.290 dictámenes menos. "Cada día se han recortado 11 prestaciones o servicios", reconoce la parlamentaria socialista, Guadalupe Martín.