Miembros de la Policía en el registro de la sede nacional del PP en Génova, 13. Foto EFE
El juez Pablo Ruz ha confirmado lo que era a todas luces una evidencia: en el PP funcionó durante años una contabilidad B, de la que salió la financiación de la reforma de su sede principal en la calle Génova, que supervisó la número dos del partido, María Dolores de Cospedal.
Los documentos requisados en el registro de Génova
El juez basa sus conclusiones en un informe de la UDEF que confirma la doble contabilidad del partido, a partir de más de 5.000 documentos requisados durante el registro policial en la sede del PP en diciembre pasado.
Según las conclusiones del juez Ruz, que recogen este martes El País y El Mundo, la investigación policial “permite seguir sosteniendo, aún con mayor fundamento del que ya obrara en la causa” la existencia en el seno del Partido Popular de una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”.
Se pagó al arquitecto con dinero negro
De esa contabilidad B en el partido se “atendieron determinados pagos”, como los realizados al “arquitecto” que llevó a cabo la reforma en la sede del PP, en la calle Génova, de Madrid. El extesorero Luis Bárcenas en sus papeles sobre la contabilidad B y en su declaración ante el juez aseguró que al menos 888.000 euros fueron a parar por esa vía a Unifica, la empresa encargada de la reforma.
Nuevos imputados
El juez ha imputado a tres empleados de Unifica: la directora de proyectos, la jefa de obra y el jefe de proyectos en 2008 y les ha llamado a declarar. En este caso, ya están imputados el arquitecto Gonzalo Urquijo, Bárcenas y el exgerente del PP Cristóbal Páez. Ruz también a citado por segunda vez como testigos al cajero del PP Luis Molero y al exjefe de seguridad del partido Antonio de la Fuente.
El arquitecto se acogió a la amnistía fiscal
Ruz ha reclamado datos sobre una caja de seguridad del arquitecto Gonzalo Urquijo, responsable de Unifica, y su socia. Según la investicación de la UDEF, ambos tenían cuentas en Suiza, Canadá y Luxemburgo y se acogieron a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno. Cada uno habría pagado unos 110.000 euros.
