Reside legalmente en España desde 2006
El tribunal confirma así la resolución negativa previa del Ministerio de Justicia y desestima el recurso del demandante, quien reside legalmente en España junto a su madre, su abuela y su tía desde el mes de enero de 2006, por entender que exigir proporcionalmente "menores requisitos de integración cuanto mayor sea la minusvalía psíquica supondría una forma de discriminación positiva no prevista en el ordenamiento jurídico".
El demandante tiene reconocida su discapacidad
"La integración social en España no sólo depende del conocimiento del idioma a nivel de expresión oral o del alta o asistencia a un taller ocupacional de manualidades", subraya la sentencia, en alusión a que el demandante, que tiene reconocida sus discapacidad por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, participa en uno de estos talleres que impulsa la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental.
Según recoge el fallo, fue la madre del demandante, con la que comparte una vivienda cedida, quien solicitó la nacionalidad española para él y obtuvo dos primeros informes favorables durante el trámite.
El demandante no entendía las preguntas
Sin embargo, en el transcurso de la audiencia con el juez encargado del registro civil, el demandante "no entendió" preguntas como si "tenía amigos españoles o de otros países o quién es Mariano Rajoy" y respondió con "una mueca tras extrañarse" a otras cuestiones como "cuál es la capital de Andalucía, dónde están La Giralda, la Alhambra o el Museo del Prado, o si sabe qué es la mayoría de edad", conforme dice la sentencia.
