El drama de los desahucios es uno de los episodios más llamativos de la crisis, ya que afecta a miles de familias, muchas de ellos con mayores y menores a su cargo. Difícilmente podemos aspirar a construir una buena sociedad si dejamos a estas personas en la cuneta. Compradores de buena fe que al perder su empleo no pueden hacer frente a las hipotecas que les concedieron bancos y cajas, con dinero prestado por la gran banca europea que veía en España ese panal de rica miel tan del gusto del avaricioso capitalismo salvaje. Desde las instituciones, hasta el año pasado no se pusieron en marcha medidas para paliar una situación que estaba y está afectando a miles de familias españolas.
El Gobierno de España dio el primer paso. Lo hizo en marzo de 2012, con el RDL 6/2012 de medidas de protección de los deudores hipotecarios. Desgraciadamente, las leoninas condiciones de acceso a estas medidas permitieron hablar de la crónica de un fracaso anunciado. De las 600.000 familias que se iban a beneficiar del mismo, según dijo Luis de Guindos en el Congreso, apenas hay noticias de 1.000 casos resueltos, y eso recabando datos aquí y allá porque el RDL incumple su propio artículo 6.4 que obliga a rendir cuentas trimestrales de la aplicación del mismo.
Con el drama creciendo, el Gobierno de España publica en noviembre el RDL 27/2012, de refuerzo de medidas de apoyo a deudores hipotecarios sin recursos. Este RDL coincide en el tiempo con dos hitos relevantes: la presentación en el Congreso de los Diputados de una Iniciativa Legislativa Popular para frenar los desahucios, avalada por 1’4 millones de firmas, y la presentación en el Congreso por el PSOE del llamado Proyecto de Ley de Segunda Oportunidad, en octubre de 2012.
Lo que ocurrió ya lo sabemos. La propuesta del PSOE fue rechazada. La ILP fue destrozada por el PP durante la tramitación del RDL 27/2012 como Proyecto de Ley. El 17 de enero de 2013 se produjo una rueda de prensa multitudinaria en la que la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo muy compungida que un desahucio le podía pasar a cualquiera. Se anunció la creación de un Fondo Social de Viviendas, con casi 6.000 inmuebles destinados a albergar a familias desahuciadas por los propios bancos cedentes de esas viviendas. Y a día de hoy sabemos también que esta iniciativa ha fracasado: apenas 400 contratos firmados, siendo optimistas, pues hay un fuerte apagón estadístico y una opacidad sin precedentes en la evaluación de estas medidas. Por cierto, medidas todas ellas lideradas por el Ministerio de Economía y Competitividad, y no por el Ministerio de Fomento y Vivienda. Muy llamativo y esclarecedor.
Enrique Benítez: "El malestar que ha generado el Decreto en el Gobierno de España y en el PP sólo puede explicarse porque deja en evidencia las medidas legislativas estatales, tan publicitadas como fracasadas, y por suponer un éxito político al demostrarse que se puede gobernar y legislar de otra manera"
A la vista del fracaso del Gobierno de España, y en el ejercicio de sus competencias, la Junta de Andalucía puso en marcha en octubre de 2012 el Programa en Defensa de la Vivienda en Andalucía, una iniciativa muy barata y eficaz que permitió a centenares de familias andaluzas recibir apoyo y asesoramiento gratuito de la Consejería de Fomento y Vivienda para evitar el lanzamiento de sus casas. Y en los primeros meses de 2013 se trabajó en el Parlamento de Andalucía en el Decreto 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda (BOJA de 11 de abril), un Decreto que actualmente se está convalidando en la Comisión de Fomento para que sea la futura Ley de la Función Social de la Vivienda en Andalucía.
El malestar que ha generado este Decreto en el Gobierno de España y en el Partido Popular sólo puede explicarse por dos motivos: deja en evidencia las medidas legislativas estatales, tan publicitadas como fracasadas, y además supone un éxito político al demostrar a la sociedad española y a la opinión pública que se puede gobernar y legislar de otra manera, con otras prioridades y con una visión diferente de quién debe hacerse cargo de la factura de la crisis. Que más de 20 familias puedan permanecer en sus viviendas, que haya una importante lista de espera, que las propias entidades financieras hayan colaborado de buen grado en su aplicación y que otras Comunidades Autónomas lo estén estudiando o lo hayan copiado (caso de Canarias) demuestra que frente a un Gobierno Central incompetente puede alzarse un poder autonómico más social y equitativo, sin que por ello se rompan las reglas del juego constitucional.
No lo ha entendido así el Gobierno de España, que no contento con utilizar en falso a la Comisión Europea para tratar de desacreditar la medida de la Junta de Andalucía, pocos días después de renovar el más alto Tribunal, el Tribunal Constitucional, con criterios ideológicos muy alejados de la neutralidad exigible, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto de la Función Social de la Vivienda. Ya lo hizo también contra la oferta de empleo público de maestros y profesores, contra la subasta de medicamentos y contra la incompatibilidad entre alcaldes y diputados autonómicos. Para el Gobierno de España, para el PP, todo lo que no sea plegarse a sus convicciones es inconstitucional. Y sus profundas y muy enraizadas convicciones pasan por proteger a los más poderosos frente a los más débiles y vulnerables.
Al admitir el recurso, el Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación del Decreto durante, al menos, cinco meses. Meses de incertidumbre para las familias ya beneficiadas del mismo. Meses de cruenta desesperación para quienes ya estaban con su solicitud en la mano esperando acogerse a un Decreto redactado y aprobado con una enorme sensibilidad social. Muchos ciudadanos se cuestionan para qué sirven los Parlamentos autonómicos, incluso han dejado de ver diferencias entre los partidos políticos mayoritarios. Espero que todo esto les pueda servir de ejemplo para que descubran la utilidad y la necesidad de la autonomía política, tan interesadamente cuestionada en estos días, y por supuesto para que vean que sigue habiendo nítidas y esenciales diferencias entre la izquierda y la derecha. Con su recurso de inconstitucionalidad, el Partido Popular ha vuelto a demostrar que prefiere proteger a los poderosos, en este caso a las entidades financieras y a las grandes inmobiliarias. Deberían explicarnos a todos los motivos reales por lo que lo siguen haciendo. Y de paso que expliquen también cómo puede poner en peligro este Decreto la estabilidad y el saneamiento del sistema financiero español. Y es que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír.
* Enrique Benítez es economista y Diputado del Parlamento andaluz por Málaga(PSOE). Portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento y Vivienda
