Alpha Pam era un joven de 28 años con toda la vida por delante, que llevaba cerca de una década viviendo entre nosotros. Acaba de morir porque la sanidad pública española se ha negado a atenderle. Al carecer de tarjeta sanitaria, su hospital no realizó la radiografía de tórax que hubiera permitido el diagnóstico de su enfermedad (tuberculosis) y la prescripción de un tratamiento para salvarle la vida. ¿La razón? Alpha era un “irregular”. Aquella radiografía valía 80 euros. La vida de Alpha no vale para la sociedad española los 80 euros que hubieran evitado su muerte. Yo me avergüenzo de pertenecer a una sociedad que niega el auxilio necesario a un ser humano para salvar su vida. Me avergüenzo profundamente.

Cuando se produce un crimen hay que señalar al culpable. Y el culpable es el Gobierno del Partido Popular que aprobó el Real Decreto 16/2012, que acaba con la universalidad en la atención sanitaria y establece el sistema de aseguramiento. ¿Los argumentos? El texto está plagado de eufemismos como “sostenibilidad”, “eficiencia” y “ahorro”. La realidad es que con la legislación socialista todas las personas que vivían en nuestro país tenían derecho a la cobertura de la sanidad pública. Pero con el decreto del PP, solo tienen derecho a recibir atención sanitaria aquellos que estén “asegurados”. ¿Quiénes se quedan fuera? De entrada, todos los inmigrantes sin papeles en regla. Cientos de miles. Mañana, ¿quién sabe? ¿Los parados sin prestaciones?

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