Ya fuera por la presión social o por las impactantes noticias sobre desalojos y suicidios, el grupo popular acabó reculando en su intención inicial de tumbar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reformar la ley hipotecaria.

Tras la rectificación, la ILP sería tramitada en el Congreso, pero el PP ya dejó claro de inicio que la uniría a su propia propuesta, que estaba en esos momentos registrada en la Cámara. La oposición alertó entonces de que no se podían defraudar las expectativas abiertas y quedara todo en un mero gesto.

El PP quiere finiquitar el asunto la semana que viene
Pero algunos de los temores se están confirmando, y es que el PP no ha conseguido sumar por el momento ni un solo apoyo a su propuesta de reforma de la ley hipotecaria. Además, el PP ha rechazado en la Junta de Portavoces que el proyecto de ley que finalmente salga de la Comisión de Economía se debata y vote en Pleno, una decisión que ha sido criticada por el PSOE y CiU. El portavoz popular de Economía en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha asegurado que en el debate en la comisión durante esta semana se podrían incluir enmiendas de otros grupos para intentar llegar a acuerdos, pero de momento los puntos de partido no podrían estar más alejados. Los populares esperan que la ponencia final esté lista para su aprobación la semana que viene.

PSOE: "Clarísimamente insuficiente"
Toda la oposición, en palabras recogidas por EFE, ha mostrado su decepción con el borrador de los populares, en el que no se incluyen puntos claves de la ILP como la dación en pago, la dación en pago retroactiva o una moratoria en los desahucios. La portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, ha dicho que el borrador es "clarísimamente insuficiente", "no da soluciones a nadie" y ha pedido al Gobierno que paralice los procedimientos de ejecución hipotecaria en marcha mientras se elabora la nueva ley.

"Decepción" en CiU
La diputada Lourdes Ciuró (CiU) ha indicado que la propuesta del PP ha causado "decepción" porque no recoge el espíritu de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago y ha avanzado que presentarán enmiendas para transponer mejor la sentencia del Tribunal de la Unión Europea. Por la Izquierda Plural, Joan Coscubiela ha comentado que el Gobierno y el PP quieren "cerrar en falso" el problema de los desahucios y ha anunciado que si no se admiten los postulados de la ILP, su grupo la mantendrá viva mediante nuevas propuestas legales.

Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) ha afirmado que el borrador mejora algunas cuestiones pero todavía es "muy insuficiente" y el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha indicado que el texto no avanza "prácticamente nada" y ha confiado en que la voluntad de negociación mostrada por el PP se concrete.

Acto conjunto de los sindicatos y la PAH donde instan al Gobierno a "escuchar"
También han mostrado su decepción en un acto conjunto los sindicatos CCOO y UGT y los promotores de la ILP, la Plataforma Afectados por las Hipotecas (PAH), instando al Gobierno a "escuchar a los ciudadanos". La portavoz de la PAH, Ada Colau, reclamó que se atiendan los requisitos básicos de la ILP (dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social) denunciando que "fusión" que ha hecho el PP en su propuesta es una "ofensa a los afectados por los desahucios" y la ciudadanía que apoyó con su firma la iniciativa.

Oportunidad para conciliar "legalidad con legitimidad"
"Estamos escandalizados", dijo Colau, para quien el proyecto es una operación de maquillaje y una "propuesta del caos social, económico y judicial" al no dar respuesta al actual problema de personas amenazadas por el desahucio y las que no solo han perdido su vivienda sino que conservan su deuda con los bancos. "Si creen en la democracia que dejen de escuchar a los intereses financieros y acepten las reivindicaciones mínimas de la ILP", ha reclamado Colau. Por su parte, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha reclamado que "las viviendas propiedad de los bancos nacionalizados deben ponerse a disposición de las personas con un alquiler asumible".

Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, "el Congreso está ante la opción de darse una oportunidad a sí mismo incorporando los contenidos de la ILP y conciliando, de esta manera, la legalidad con la legitimidad".